Denuncian al intendente de San Martín de los Andes por una crisis ambiental y avanza el juicio político
San Martín de los Andes construyó durante décadas su identidad alrededor de uno de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia. El lago Lácar, los bosques, las montañas y el turismo internacional convirtieron a la ciudad en uno de los principales destinos de la región. Sin embargo, detrás de esa postal turística se acumulan problemas de infraestructura y gestión que ahora derivaron en una crisis política.
El Concejo Deliberante avanzó con el proceso de juicio político contra el intendente Carlos Saloniti, quien deberá presentarse el 3 de septiembre para realizar su descargo. Entre los cuestionamientos aparecen denuncias vinculadas al funcionamiento del sistema cloacal y al presunto ingreso de líquidos sin tratamiento adecuado a cursos de agua conectados con el lago Lácar.
El problema sanitario tiene como principal antecedente la capacidad limitada de las plantas de tratamiento. Según los cuestionamientos, la infraestructura arrastra desde hace años un déficit de inversiones y funciona cerca de su límite, una situación que se vuelve todavía más crítica durante las temporadas turísticas, cuando la población de San Martín de los Andes aumenta considerablemente.
En ese contexto se denunciaron vuelcos de líquidos cloacales sin tratamiento hacia los arroyos Pocahullo y Calbuco, ambos vinculados con el lago Lácar. Una mesa técnica provincial descartó que exista un escenario de “contaminación masiva”, aunque reconoció que el sistema se encuentra al límite de su capacidad.
El problema no se reduce solamente a un eventual colapso de las plantas. El ingreso de líquidos sin tratamiento adecuado puede incorporar nutrientes, materia orgánica, microorganismos y otros contaminantes a los cursos de agua, con potenciales consecuencias sobre la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
Sistema cloacal de San Martín de los Andes y las denuncias por contaminación
Las advertencias sobre el sistema sanitario no surgieron únicamente desde el ámbito político. El defensor del Pueblo y del Ambiente local, Fernando Bravo, manifestó su preocupación por la capacidad de las plantas y por las dificultades vinculadas con el manejo de los barros cloacales.
También hubo cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y referentes vinculados al Parque Nacional Lanín. La exintendenta del parque, Ana María de las Nieves “Monín” Aquín, calificó de “extrema gravedad ambiental e institucional” los vertidos de líquidos sin tratar en los cursos de agua.
La situación expone una contradicción para una ciudad cuya economía depende en buena medida de sus atractivos naturales. El crecimiento turístico implica mayor demanda de agua, energía, gestión de residuos y tratamiento de efluentes. Cuando la infraestructura no acompaña ese crecimiento, la presión puede trasladarse al ambiente.
El lago Lácar y los arroyos que lo alimentan forman parte del principal patrimonio natural de la ciudad. Por eso, las denuncias sobre el sistema cloacal abren una discusión que excede la gestión actual: cuánto puede crecer San Martín de los Andes si su infraestructura sanitaria no aumenta al mismo ritmo.
La crisis también alcanzó al ordenamiento territorial. El pedido de juicio político incluye cuestionamientos sobre el proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y señala presuntas irregularidades y la falta de determinadas instancias de participación ciudadana.
La discusión, en este caso, excede la definición de dónde pueden construirse viviendas, hoteles o emprendimientos. El ordenamiento territorial también determina qué capacidad de crecimiento tiene una ciudad y qué infraestructura necesita para sostener ese desarrollo sin deteriorar sus recursos naturales.
Chapelco y el impacto ambiental del crecimiento turístico
Los cuestionamientos contra la administración de Saloniti también alcanzaron al Cerro Chapelco. Según la denuncia, se habrían realizado obras sin contar previamente con la correspondiente licencia ambiental.
Las acusaciones deberán ser analizadas dentro del proceso institucional y el intendente tendrá la posibilidad de presentar su descargo ante el Concejo Deliberante. Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en destinos turísticos de la Patagonia: cómo garantizar controles ambientales adecuados antes de avanzar con obras en zonas de elevada sensibilidad ecológica.
La evaluación ambiental debería funcionar como una instancia previa a la ejecución de los proyectos, de modo que los impactos puedan ser identificados y evaluados antes de que las obras se realicen.
El proceso de juicio político contra Saloniti puede terminar definiendo su futuro al frente del municipio, pero los problemas expuestos exceden a una gestión particular. El déficit de infraestructura cloacal y las dificultades asociadas al crecimiento urbano son cuestiones que llevan años acumulándose y requieren respuestas que trasciendan los ciclos políticos.
El intendente deberá presentarse el 3 de septiembre ante el Concejo Deliberante para responder a las acusaciones que dieron origen al proceso. A partir de allí, el cuerpo legislativo deberá definir cómo continúa el juicio político.
Mientras tanto, la discusión ambiental plantea una pregunta que va más allá de San Martín de los Andes: ¿cuántas ciudades patagónicas están creciendo por encima de la capacidad de sus sistemas de saneamiento?
El desafío para la ciudad es especialmente sensible. Si el turismo aumenta, también debe hacerlo la capacidad de tratar los residuos y efluentes que genera. Y si el principal atractivo económico es un ecosistema compuesto por un lago, bosques y montañas, protegerlo debería ser una condición central para cualquier política de crecimiento.
San Martín de los Andes enfrenta así una crisis política que tiene detrás un problema ambiental mucho más profundo: cómo seguir creciendo y desarrollando el turismo sin poner en riesgo precisamente los recursos naturales que sostienen su identidad y buena parte de su economía.
