Científicos revelaron cómo el Estado facilitó el desmonte de bosques protegidos en Chaco
Los investigadores identificaron seis mecanismos administrativos que, según su análisis, contribuyeron a debilitar la aplicación de la Ley Nacional de Bosques
Un estudio científico reveló cómo decisiones administrativas del Estado facilitaron durante 15 años el desmonte de bosques protegidos en Chaco. La investigación, publicada en Nature Sustainability, identificó mecanismos que permitieron reducir los niveles de protección, ampliar las actividades productivas y regularizar madera proveniente de desmontes ilegales.
El trabajo, publicado el 4 de agosto de 2026, fue llevado a cabo por Matías Mastrangelo, Sebastián Aguiar y Vera Krause, quienes analizaron 15.042 permisos georreferenciados de uso del bosque y 127.632 guías de transporte de madera emitidas entre 2009 y 2024. La información fue cruzada con imágenes satelitales, inventarios forestales y decisiones administrativas de la provincia.
Los investigadores identificaron seis mecanismos administrativos que, según su análisis, contribuyeron a debilitar la aplicación de la Ley Nacional de Bosques. Entre ellos aparecen la recategorización de establecimientos rurales, la autorización de planes silvopastoriles en zonas amarillas, permisos de extracción por encima de la capacidad del bosque, autorizaciones especiales para comercializar madera proveniente de desmontes ilegales, multas con escaso efecto disuasorio y la modificación del ordenamiento territorial provincial.
Cómo redujeron la protección de los bosques
Uno de los mecanismos detectados fue la recategorización de grandes propiedades. Según el estudio, la autoridad provincial redujo la protección de 60 establecimientos rurales y habilitó el desmonte de, en promedio, casi la mitad de sus superficies. En total, esas decisiones permitieron transformar unas 34.300 hectáreas.
El trabajo también analizó los permisos para realizar actividades silvopastoriles en zonas amarillas. La Ley de Bosques permite allí determinados usos productivos siempre que se mantenga la cobertura forestal. Sin embargo, de las 113.600 hectáreas alcanzadas por estos permisos, unas 72.500 terminaron completamente desmontadas años después.
La investigación encontró además autorizaciones que permitían extraer cantidades de madera superiores a las existencias estimadas por los inventarios forestales. Entre el 16% y el 28% de los permisos analizados habilitaban volúmenes que duplicaban o triplicaban la capacidad estimada del bosque.
A partir de 2021, los investigadores observaron un aumento de las llamadas “autorizaciones especiales” para extraer y transportar madera proveniente de desmontes ilegales. Según el estudio, ese mecanismo permitió que productos obtenidos mediante infracciones ambientales ingresaran al circuito comercial con documentación oficial.
Otro factor señalado fueron las multas. El estudio sostiene que las sanciones fueron perdiendo capacidad de disuasión y que, en numerosos casos, representaban una fracción de las ganancias obtenidas por la comercialización de la madera y la posterior utilización productiva de las tierras.
El último mecanismo identificado fue la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de 2024, que redujo la protección de unas 220.000 hectáreas de alto valor de conservación y baja aptitud agrícola ubicadas en El Impenetrable.
Un bosque explotado por encima de su capacidad
El estudio también advierte sobre la presión ejercida sobre los bosques chaqueños. Entre 2009 y 2024 se extrajeron en la provincia un promedio de 1,11 millones de toneladas de madera por año. El 57% tuvo origen en El Impenetrable y fue destinado principalmente a leña, carbón vegetal y extracto de tanino de quebracho colorado.
Durante ese período, la extracción anual aumentó un 60%, mientras que la cantidad de madera que podía aprovecharse de manera sostenible cayó un 45%. Desde 2017, según el análisis, la extracción se mantiene por encima de la capacidad natural de recuperación del bosque.
La expansión ganadera tampoco habría implicado una mejora equivalente de la productividad. Entre 2002 y 2022, la superficie de pasturas aumentó un 1.177%, mientras que el número de cabezas de ganado creció un 53%. Como consecuencia, la carga ganadera por hectárea cayó un 88%.
Para los investigadores, estos cambios muestran que el crecimiento productivo estuvo asociado principalmente a la incorporación de nuevas tierras desmontadas.
La pérdida de cobertura forestal también tiene consecuencias ambientales: favorece la erosión de los suelos, reduce la captura de carbono y altera la regulación del agua, además de afectar los territorios y medios de vida de comunidades indígenas y campesinas y el hábitat de especies amenazadas como el yaguareté y el tatú carreta.
El vínculo con las exportaciones
El trabajo plantea además un problema para los sistemas de trazabilidad de productos vinculados con la deforestación. Según los autores, considerar suficiente que una producción sea declarada “legal” por una autoridad provincial puede resultar insuficiente cuando esa misma administración tiene capacidad para modificar las categorías de protección o regularizar productos provenientes de desmontes clandestinos.
Este punto adquiere relevancia frente al Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, que alcanza, entre otras cadenas, a la soja, la carne bovina y la madera.
Una investigación científica en medio de una causa judicial
Los resultados se conocen mientras la Justicia Federal investiga presuntas irregularidades en el otorgamiento y control de permisos forestales en la causa FRE 3086/2024, conocida como la “mafia del desmonte”.
En mayo de 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló una decisión que había levantado la prohibición cautelar de desmontes y ordenó dictar una nueva resolución respetando el principio precautorio. El tribunal consideró que la modificación del ordenamiento provincial no demostraba por sí misma que hubiera desaparecido el riesgo de daño ambiental.
El estudio científico no determina responsabilidades penales individuales, una cuestión que deberá resolverse en el expediente judicial. Su aporte, según el trabajo, es documentar cómo durante 15 años las decisiones administrativas y el sistema de permisos acompañaron una reducción de los niveles de protección del bosque nativo y facilitaron la expansión de actividades productivas sobre esos territorios.
