Las apuestas energéticas “sustentables” del Gobierno para el 2023

El hidrógeno verde y el Gas Natural Licuado (GNL) serán los dos “caballitos” de batalla del Gobierno para encarar un plan que modifique la matriz energética de la Argentina a partir del año próximo.

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Ambos insumos forman parte de la estrategia para este sector que el oficialismo busca encarar y que apuntan a la producción de hidrocarburos más amigables con el medioambiente pero que a la vez permitan generar condiciones más favorables para la inversión en ese sector.

En este sentido, a la continuidad del Plan Gas, desde el Ministerio de Economía que comanda Sergio Massa se está terminando de dar forma a dos proyectos de ley que serán enviados en enero al Congreso, cuando se supone que se llevarán a cabo las sesiones extraordinarias tanto de Diputados como de Senadores.

El primero se orientará a la promoción del GNL y el segundo a darle un fuerte impulso y estabilidad a las inversiones en hidrógeno.

Las dos propuestas oficiales tienen un denominador común: Vaca Muerta que, de acuerdo a cálculos del Ministerio de Economía, tendrá el año que viene un impacto positivo de u$s25.000 millones, con el ahorro de u$s12.000 millones y exportaciones por u$s13.000 millones.

Por lo tanto, el objetivo es trazar horizontes en materia de seguridad y previsibilidad jurídica para las inversiones en ambos sectores por lo menos, para los próximos 30 años.

El titular del Palacio de Hacienda sabe que el país debe obtener más divisas extranjeras si se pretende sostener el flujo de la actividad.
Pero también sabe que ese objetivo se logrará siempre que se genere un esquema tributario y fiscal que garantice un piso mínimo de inversiones, teniendo en cuenta que el de las energías y los hidrocarburos es uno de los sectores considerados como vectores del crecimiento económico del país para el año próximo.

El propio Massa viene sosteniendo que tanto el hidrógeno como el GNL necesitan de nuevos marcos legales adecuados y previsibles para que ambas industrias se desarrollen en el país y convoquen inversiones.

GNL con potencial

En el caso del GNL, los asesores de Massa entienden que su potencial exportador equivale a 1,1 veces el ingreso de divisas anual del agro (u$s23.841 millones); 20 veces el maíz (u$s1.334 millones); cinco veces el petróleo (u$s5.208 millones) y 8,5 los despachos de carne (u$s3148 millones).

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Por eso, impulsan la instalación de pequeñas plantas de licuefacción para garantizar el abastecimiento pleno de la demanda local (segmento residencial, comercial, industrial y usinas) a precios razonables y sin cortes y también para exportar.

En este sentido, tienen en cuenta el fuerte crecimiento de la demanda internacional de GNL durante las últimas décadas y los pronósticos de un mayor aumento debido al rol de este recurso en la transición energética.

Por caso un informe de la fundación Fundar reclama al Gobierno que tome las medidas necesarias para “actuar ahora, antes de que la demanda de combustibles fósiles disminuya de manera significativa a causa de la transición energética“.

El trabajo agrega que la oportunidad se agudizó a lo largo del último año como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania que más que duplicó el precio del GNL.

“Este contexto presenta una oportunidad única para que el alto nivel de recursos gasíferos de nuestro país se destine al abastecimiento de la demanda mundial”, agrega el documento que, de todos modos, advierte que para aprovechar esta ventana de oportunidad se necesita un nivel de inversiones nunca antes visto en la Argentina de alrededor de u$s15.000 millones.

“Hacer realidad estos proyectos requiere una política de Estado que se plasme en una ley específica que sea votada por amplia mayoría que defina con claridad los requisitos para desarrollar la producción de gas natural y la exportación de GNL”, reclama Fundar.

En este marco, la organización sostiene que la nueva ley de GNL debe abordar los siguientes aspectos:

• Estabilidad Fiscal: los proyectos no podrán ser afectados por nuevos tributos, aumento de alícuotas, derogación de exenciones, eliminación de deducciones o modificación de procedimientos para que se incremente la base imponible. Además, debería haber mejoras en los impuestos a las Ganancias e IVA, como la amortización acelerada, la deducción de quebrantos impositivos y el reintegro de créditos fiscales.

• Retenciones a las exportaciones: su nivel no debería interferir con la rentabilidad razonable de las inversiones de este tipo, al tiempo que debería garantizar que el conjunto de la sociedad pueda compartir los beneficios de potenciales ganancias extraordinarias ante un contexto de precios internacionales muy elevados. Las importaciones debieran estar exentas de derechos de importación a fin de disminuir los costos del proyecto.

• Regalías: no necesitan ser modificadas, pero sí confirmar la exención del impuesto a los ingresos brutos y del impuesto a los sellos.

• Libre disponibilidad de divisas y acceso al mercado de cambios: un porcentaje de los ingresos provenientes de las exportaciones de GNL debe ser de libre disponibilidad del exportador y no requerir su liquidación. Hay que considerar además un mecanismo de acceso preferencial al mercado de cambios para la etapa de inversión.

• Estabilidad regulatoria: contratos en firme de largo plazo para el aprovisionamiento, transporte, separación, almacenamiento, logística y exportación, sin posibilidad de redireccionamiento.

• Sustentabilidad: adaptarse a los estándares internacionales de reducción de emisiones de CO2 y ausencia de emisiones de metano.

Hidrógeno a largo plazo

En lo que respecta al hidrógeno, el proyecto de ley que el Gobierno presentará en el Congreso prevé actualizar la vieja ley N° 26123 (promulgada en 2006), ya que venció su plazo de ejecución tras 15 años por un nuevo régimen de promoción a 30 años con foco en la producción, su utilización en procesos industriales, desarrollo de cadenas de valor y la consolidación de focos productivos, transporte, logística y exportación.

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La iniciativa busca promover el desarrollo de la economía de este insumo y propone contar con un marco regulatorio y de promoción para que el país participe en todos los eslabones de la cadena productiva.

Es decir, desde la extracción del recurso natural hasta la producción de bienes de capital como generadores y electrolizadores.

La iniciativa oficial entiende que las economías del hidrógeno y el litio son una oportunidad para fortalecer el desarrollo industrial del país y evitar el riesgo de una reprimarización de la economía y para avanzar en la industrialización de los recursos naturales que contribuyen a la descarbonización.

Teniendo en cuenta que el hidrógeno es un vector energético que se puede abastecer de energía renovable, como eólica o solar, el Gobierno persigue como objetivo contar con un marco regulatorio y de promoción a largo plazo, con beneficios concretos como devolución anticipada del IVA; amortización acelerada del impuesto de las Ganancias; compensación de quebranto de ganancias; deducción de la carga financiera del pasivo de cada una de las iniciativas y la exención de impuestos sobre la distribución de dividendos y utilidades.

Se incluirían también esquemas de hasta 10 años de derechos de exportación de 0% para hidrógeno verde y 1,5% azul y rosado; exención de pagos de derechos de importación y tasa estadística de impuestos especiales; tasas y gravámenes por una década para la introducción de bienes de capital nuevos; líneas de producción completas, partes, componentes y repuestos, con una visión puesta en que, a futuro, esas mismas empresas se comprometan en el desarrollo de componentes locales.

Se pretende además que el mercado tenga ciertos beneficios como el de libre de aplicación de divisas de hasta 30%, de las obtenidas por exportaciones; así como garantizar el acceso al mercado de capitales para afrontar el pago de divisas, bienes e interés de pasivos comerciales y financieros en el exterior.

A esto se suma el trabajo que se está llevando adelante en conjunto con las provincias sobre la Estrategia Nacional del Hidrógeno 2022-2050 para facilitar las inversiones y promover el proyecto de ley de promoción del hidrógeno que anunció el presidente, Alberto Fernández.

Se trata de una estrategia integral focalizada en la producción de hidrógeno como un nuevo vector energético de bajo impacto ambiental, que promueva la investigación, la creación de nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo de su cadena de valor; con un régimen de promoción de 30 años para productores de bienes y servicios que alienten el crecimiento del sector.