La temporada de esquí en Chapelco, en riesgo: paralizan obras por denuncias ambientales contra concesionaria Don Otto

La provincia de Neuquén dictó una medida cautelar de cese inmediato de actividades contra la empresa Don Otto, concesionaria del Cerro Chapelco que venía encarando nuevas obras de infraestructura y servicios en uno de los principales centros de esquí de la Argentina.

La decisión surge tras una serie de inspecciones que detectaron daños severos al medio ambiente, incluyendo la tala no autorizada de especies protegidas y movimientos de suelo que alteran el escurrimiento natural de las cuencas hídricas.

La empresa que quedó en el ojo de la tormenta es una histórica compañía de transporte de pasajeros fundada en 1938 en la Patagonia. 

Originalmente centrada en la conectividad terrestre entre Chubut, Río Negro y Santa Cruz, hoy opera como una de las naves insignias del Grupo Vía Bariloche, el holding controlado por la familia Trappa.

Grupo diversificado

Bajo el paraguas del grupo familiar, Don Otto comparte estructura con empresas líderes en diversos rubros. 

En transporte lo hace con Vía Bariloche, El Valle, Tigre Iguazú y Vía Cargo (logística), mientras que en aeronáutica controla Servicios Aéreos Patagónicos (SEPSA).

Además, participa en agroindustria con Cabaña Curacó (La Pampa), y en el área de servicios con Food Co (catering industrial y para centros de esquí).

Con la reciente adjudicación de Cerro Chapelco (formalizada en junio de 2025 mediante el decreto provincial 715/25), el grupo consolidó un virtual monopolio en la gestión de centros invernales de la región:

• Catedral Alta Patagonia (CAPSA): Gestionan el Cerro Catedral en Bariloche hasta el año 2056.
• La Hoya: Operan el centro de esquí en Esquel, Chubut.
• Chapelco: Ganaron la concesión por 25 años (con opción a 5 más), prometiendo una inversión inicial superior a los $60.000 millones en infraestructura y nuevos medios de elevación.

Inversiones cuestionadas 

En Chapelco, la empresa desembarcó con el compromiso de modernizar el cerro tras años de desinversión de la gestión anterior (Nievas del Chapelco). 

Don Otto opera bajo una figura de concesión que le otorga el derecho de explotación de toda la infraestructura, edificios y actividades comerciales. 

A cambio, paga un canon anual del 2% sobre su facturación y destina un porcentaje de pases de esquí para programas de promoción turística de la provincia de Neuquén.

Su plan incluye la incorporación de maquinaria pisa-pistas de última generación; ampliación de la superficie esquiable y mejora en los accesos y pavimentación de la Ruta Provincial 19.

Pero a partir de la construcción de nuevas playas de estacionamiento y servicios en la base, se originó el actual conflicto ambiental por el movimiento de suelos y remoción de bosque nativo sin los estudios de impacto correspondientes.

Este freno de obras representa el primer gran escollo legal y ambiental para la gestión de los Trappa en San Martín de los Andes, apenas un año después de haber ganado la licitación más importante del sector turístico neuquino.

Puntos clave del conflicto 

Se constató un daño al bosque nativo ya que la remoción de ejemplares de lengas y otras especies autóctonas fue llevada a cabo sin los permisos de la Ley de Bosques.

Es por eso que los trabajos de ampliación y mejora en el centro invernal quedaron paralizados hasta que se presente un Plan de Remediación Ambiental.

El gobierno provincial denunció que los movimientos de tierra habrían afectado vertientes naturales, lo que podría generar deslaves o contaminación de napas en áreas inferiores de la montaña.

«El desarrollo turístico no puede estar por encima de la preservación de nuestros activos naturales ya que la sostenibilidad es el único camino para que Chapelco siga siendo un motor económico para San Martín de los Andes», expresaron fuentes oficiales vinculadas al control ambiental.

Sin embargo, la paralización de las obras genera una tensión evidente entre la necesidad de modernización de los centros turísticos y el cumplimiento de las normativas ambientales. 

Para el sector de la economía sustentable, este caso sienta un precedente sobre la vigilancia estatal frente a las concesiones privadas en áreas protegidas.

Posibles sanciones:

La empresa podría tener que pagar millonarias multas económicas cuyos montos van a depender del grado de irreversibilidad del daño.

También deberá garantizar la reposición de biomasa perdida y ser protagonista de una profunda auditoría externa, ya que las autoridades evalúan la posibilidad de contratar peritos independientes para determinar el alcance del impacto en el suelo.

La resolución de este conflicto determinará no solo el cronograma de obras para la próxima temporada, sino también el estándar ético y legal que deberán cumplir los prestadores de servicios en la Patagonia argentina.

Pero más allá de esta denuncia, el Cerro Chapelco también se encuentra bajo la lupa de organizaciones vecinales y ambientales que exigen mayor transparencia en las licitaciones y estudios de impacto ambiental previos a cualquier movimiento de maquinaria pesada.

La situación actual no es un caso aislado, sino que se suma a una serie de cuestionamientos que ha enfrentado la empresa y el holding al que pertenece en sus distintas áreas de operación.

Focos de tensión 

Más allá de la suspensión de la obra en la playa de estacionamiento, existen otros focos de tensión como las denuncias por falta de consultas previas que lideran comunidades Mapuche de la zona (como la comunidad Vera).

Este grupo ha denunciado que no se cumplió con el derecho de consulta previa, libre e informada en el proceso de licitación que derivó en la concesión del cerro. 

Exigen que se detenga la pavimentación de la Ruta Provincial 19 y otras obras de infraestructura hasta que se completen estudios de impacto ambiental participativos.

La Comunidad Mapuche Vera, que tiene posesión territorial en parte del Cerro Chapelco, sostiene además que el Estado neuquino y la empresa violaron el Convenio 169 de la OIT. 

Firmado en 1989, es el principal tratado internacional sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales. 

Establece la obligación de los gobiernos de reconocer sus tierras, culturas e instituciones, garantizando su derecho a la consulta previa, libre e informada ante medidas que les afecten. 

Cláusula incumplida 

En el caso de Chapelco, la comunidad asegura que las obras de pavimentación y el nuevo estacionamiento se iniciaron sin el consentimiento de quienes habitan el territorio.

También denuncian que la remoción de suelo y la tala de lengas afectan zonas de uso ancestral y de recolección de plantas medicinales, lo cual eleva el conflicto de un plano administrativo a uno de derechos humanos y culturales.

Además, advierten que se violó la llamada «cláusula de paz social», establecida en el contrato de concesión.

La medida menciona la necesidad de mantener una relación armónica con las comunidades, cláusula que este grupo sostiene que no se está cumpliendo, lo que podría generar contingencias legales a largo plazo para los inversores.

En la provincia advierten además que lo que lo que sucede en Chapelco es un reflejo de la estrategia del Grupo Vía Bariloche en otras concesiones a su cargo. 

En Bariloche, por ejemplo, la empresa ha sido señalada por intentar avanzar en el Cerro Catedral con proyectos de real estate en áreas de fragilidad ambiental.

Estrategia repetida 

En paralelo, se sostiene que el grupo mantiene un monopolio de servicios ya que, al igual que en Chapelco, la estrategia de integración vertical (transporte + pases + gastronomía + obras) genera resistencia en las PyMEs locales y sectores ambientalistas, que ven una «privatización del paisaje» con poco derrame hacia la sostenibilidad local.

En febrero pasado, surgieron fuertes advertencias por un megaproyecto inmobiliario impulsado por el grupo. 

Se los acusa de intentar urbanizar áreas catalogadas como «Suelo No Urbanizable», lo que pondría en riesgo zonas de alto valor paisajístico y ambiental protegidas por planes estratégicos locales.

En tanto, en el Cerro La Hoya (Chubut), en 2022, la empresa enfrentó duras críticas y amenazas de demandas por «abandono de persona». 

Tras un temporal, turistas quedaron varados y denunciaron que la sociedad priorizó la venta de pases a pesar de las alertas meteorológicas, dejando luego a las familias sin servicios básicos ni calefacción.

Además, durante el proceso de toma de posesión del cerro Chapelco, se realizaron allanamientos ordenados por la fiscalía de Delitos Ambientales (a cargo de Maximiliano Breide Obeid) donde se detectaron varias irregularidades como tala de lengas. 

Se comprobó la remoción de ejemplares en «zona amarilla» (áreas de conservación media según la Ley de Bosques).

También se encontraron módulos sanitarios retirados en las cotas 1600 y 1700 que dejaron cañerías expuestas y falta de protección en el terreno, afectando potencialmente la calidad del agua de vertientes.

En el sector, todas estas irregularidades refuerzan la idea de que no se trata de un error operativo puntual en Chapelco, sino una falla sistémica en el cumplimiento de los estándares de ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).