La ONU ratificó la obligación de los países a proteger a los niños de daños climáticos
El organismo internacional dio un paso histórico al haber ratificado de manera explícita el derecho de los niños y niñas a vivir en un entorno limpio, saludable y sostenible.
La cifra de niños y niñas desplazados en sus países en África subsahariana a causa de los desastres provocados por el cambio climático fue de 1,85 millones en 2022, casi el doble del año precedente.
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Si bien el dato sólo pertenece al contienen africano, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas dio un paso histórico al haber ratificado de manera explícita el derecho de los niños y niñas a vivir en un entorno limpio, saludable y sostenible.
Esto se logró mediante la emisión de una interpretación exhaustiva de las responsabilidades de los Estados miembros en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional que estableció los derechos fundamentales de los niños y niñas en todo el mundo.
La Convención, que fue promulgada en 1989 y fue ratificada por 196 Estados, reconoció derechos universales, tales como el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo y la salud de los niños y niñas. Las Observaciones Generales proporcionaron orientación legal sobre cómo se aplican estos derechos en contextos específicos o áreas legislativas.
La reciente Observación General número 26 se centró en los derechos del niño y el medio ambiente, con un enfoque especial en la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación generalizada. Esta observación establecieron medidas concretas para proteger la vida y el futuro de los niños y niñas en un mundo afectado por problemas medioambientales.
Medidas “urgentes”
El Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medioambiente, David Boyd, subrayó la importancia de esta nueva observación al reconocer el derecho de todos los niños y niñas del mundo a vivir en un entorno limpio, saludable y sostenible. Boyd instó a los gobiernos a tomar medidas urgentes para abordar la crisis medioambiental global y hacer realidad estos inspiradores principios.
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La Observación General número 26 ha especificado que los Estados son responsables no solo de proteger los derechos de los niños y niñas frente a daños inmediatos, sino también frente a violaciones previsibles de sus derechos en el futuro debido a los actos -o la inacción- de los Estados en el presente. Además, subrayó que los Estados pueden ser considerados responsables no solo de los daños medioambientales que se hayan producido dentro de sus fronteras, sino también de las repercusiones perjudiciales de los daños medioambientales y del cambio climático más allá de ellas, debiendo prestar especial atención a los daños desproporcionados que sufran los niños en situaciones desfavorecidas.
La Observación General número 26 instó a los 196 Estados que ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño a que tomen medidas inmediatas, tales como emprender la eliminación progresiva del carbón, el petróleo y el gas natural y el cambio a fuentes de energía renovables, mejorar la calidad del aire y garantizar el acceso a agua limpia, transformar la agricultura y la pesca industriales para producir alimentos sanos y sostenibles, y proteger la biodiversidad.
Además, el documento recordó que las opiniones de los niños deben tenerse en cuenta en la toma de decisiones sobre el medio ambiente y subrayó el papel fundamental de la educación medioambiental en la preparación de los niños para actuar, defender y protegerse de los daños medioambientales.
Compromiso mundial
La propia Observación General número 26 fue el resultado de un compromiso mundial e intergeneracional, que ha incluido amplias consultas con los Estados miembros, organizaciones internacionales y regionales, entidades y organismos especializados de las Naciones Unidas, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y los propios niños y niñas.
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La Observación General número 26 ayuda a interpretar el compromiso de los Estados en virtud del Acuerdo de París de respetar, promover y tener en cuenta sus obligaciones en materia de derechos de la infancia al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático. También deja claro que las evaluaciones de impacto sobre los derechos de la infancia deben llevarse a cabo para toda la legislación relacionada con el medio ambiente, políticas y proyectos, reglamentos, presupuesto u otras decisiones. Los Estados tendrán que informar periódicamente al Comité de la ONU sobre los progresos relevantes que hayan realizado en la protección de los derechos medioambientales de los niños y niñas.
“La financiación y las decisiones políticas sobre el clima siguen desatendiendo las necesidades de los niños y niñas”, declaró Paloma Escudero, asesora especial de UNICEF para la promoción de los derechos de la infancia y la acción por el clima.
Y sumó: “Esto debe cambiar. La Observación General es un llamamiento urgente para que los países den prioridad a la acción en todos los aspectos de la infancia afectados por el cambio climático, como el derecho de los niños a la educación, al agua potable y a un medio ambiente saludable. La crisis climática es una crisis de derechos de la infancia. Todos los gobiernos tienen la obligación de proteger los derechos de todos los niños y niñas en todos los rincones del planeta, especialmente de aquellos niños y niñas que viven en los países que menos han contribuido a este problema pero que están soportando las inundaciones, sequías, tormentas y calor más peligrosos”.
