La Argentina, lejos de contar con un mercado de carbono atractivo y seguro para las inversiones

A nivel global, los llamados mercados de carbono vienen desempeñando un doble rol a la hora de utilizar estrategias para mitigar el cambio climático ya que, además de ser una herramienta concreta para reducir la huella de carbono representan una oportunidad concreta para atraer inversiones y crear empleo a través de la generación de créditos para compensar las emisiones de gases del efecto invernadero (GEI), mediante inversiones en proyectos que reducen, evitan o retiran esos gases de la atmósfera.

Estudios recientes revelan que la demanda por este instrumento es tan grande que podría impulsar su crecimiento de hasta 12 veces para 2030 y de entre 45 y 83 veces para 2050 a partir del apoyo que se evidencia de parte de empresas que apoyan proyectos de carbono de alta calidad.

En la actualidad, se contabilizan al menos 170 tipos de proyectos de carbono para la captura y reducción de emisiones del sector forestal y agropecuario, energías renovables, industria, transporte y la gestión de residuos, entre otros.

Por lo menos así surge de analizar un informe de Sylvera que indica que, durante el primer trimestre de este 2025, el mercado voluntario de carbono dio un paso histórico hacia la madurez ya que por primera vez, las emisiones de créditos prácticamente se equipararon con los retiros.

Los datos fueron aportados por la consultora especializada en elaborar análisis para facilitar la inversión en proyectos de acción climática real con el objetivo de ayudar a organizaciones y gobiernos a invertir en iniciativas que realmente contribuyan a la mitigación del cambio climático y a la consecución de la neutralidad de carbono.

De acuerdo a su último informe, con 55,63 millones de créditos emitidos y 54,56 millones retirados, la diferencia fue de apenas un 1,9 %, una marcada reducción frente al 51,8 % registrado en el mismo período de 2024.

“El cambio responde, en gran parte, a un mayor enfoque en la calidad: tanto emisores como compradores están priorizando créditos con metodologías más rigurosas y mayor integridad”, destacan los autores del documento.

Agregan que dicho escenario, “ha generado una escasez progresiva de créditos de alta calidad, lo que podría impulsar los precios y acelerar la inversión temprana en proyectos en desarrollo ya que, a pesar de los desafíos macroeconómicos y la creciente presión política sobre la acción climática corporativa, el mercado se mantuvo sólido”.

En este sentido se muestra cómo REDD+ sigue liderando los retiros, teniendo en cuenta que se trata de las siglas que identifican a la “Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques”, un mecanismo que se usa en el mundo para reducir las emisiones GEI de la deforestación, y en donde el signo «+» indica la inclusión de otras actividades que promueven la conservación de los bosques, la gestión forestal sostenible y el aumento de las reservas de carbono.

Potenciales inversiones

Sin embargo, la consultora indica que crecen categorías como gestión de residuos, biogás y manejo forestal mejorado, lo que marca una diversificación del portafolio de créditos y revela cómo el mercado avanza hacia una mayor integridad, escasez controlada y señales claras para que los compradores actúen ahora si quieren asegurar acceso y precios competitivos a futuro.

A partir de estas conclusiones, el reporte de Sylvera aconseja a la Argentina a iniciar un proceso de impulso de los mercados de carbono que podría alcanzar un 5% del mercado global para 2030, generando inversiones por u$s2.200 millones para el desarrollo e implementación de proyectos de carbono.

Anticipa también que, de poder desarrollarse y certificarse iniciativas de este tipo en sólo el 10% de la superficie agropecuaria y forestal del país, la comercialización de los certificados de carbono generados por estos proyectos podría representar ingresos mayores a u$s9.000 millones.

Adicionalmente, en el reporte se asegura que si se habilita la comercialización de créditos de carbono a Mercados de Cumplimiento internacionales o de otros países a través del Artículo 6 del Acuerdo de París donde el precio de compra es un 80% mayor, se generarían proyectos que hoy no son viables con precios de venta por Mercados Voluntarios.

Al respecto, Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono (MAC), entiende que la apertura a los mercados internacionales de carbono del Art. 6 del Acuerdo de París, “permitirá escalar las inversiones para implementar este tipo de proyectos en diversos sectores productivos del país”.

El organismo al que representa es una plataforma multisectorial que reúne a diversos actores, como empresas, instituciones y expertos, para promover el desarrollo de estos mercados en el país con el objetivo puesto en crear condiciones favorables para la generación y comercialización de proyectos de carbono que contribuyan a la mitigación del cambio climático.

En uno de los últimos artículos de la MAC se sostiene que la Argentina tiene hoy una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través del desarrollo de estos mercados usados para evitar que el mundo sobrepase los 1,5/2°C de calentamiento global durante el siglo XXI, por las graves consecuencias ambientales, sociales, económicas y climáticas que traerá aparejado este aumento de la temperatura.

“En este contexto, los mercados de carbono surgen en el mundo como una vía para canalizar financiamiento, principalmente privado, para la acción climática. Es un mecanismo que busca ser complementario y económicamente viable al compromiso asumido por muchos países, empresas e individuos para disminuir las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero, una de las principales causas del cambio climático que está sufriendo el planeta y con los consecuentes impacto negativos sobre la salud de los seres humanos, su seguridad alimentaria, la actividad económica, el agua y otros recursos naturales”, detalla el reporte.

Oportunidad para generar ingresos

En el caso de la Argentina, el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del cambio de uso de la tierra y la silvicultura, es decir de la pérdida y degradación de los bosques y su uso intensivo, ya que cumplen un destacado rol en la regulación de temperatura y en el almacenamiento de carbono.

Es por ello que desde la MAC se asegura que los proyectos de captura o reducción de emisiones de carbono “son una oportunidad para generar ingresos económicos a quien, por ejemplo, conserve, haga un uso mejorado o restaure o reforeste bosques, además de que se presentan como una alternativa o complemento económico para el sector agroforestal, y de esta manera, como una vía para aportar al logro de los compromisos de reducción de emisiones de los países signatarios de la CMNUCC, como lo es Argentina”.

De hecho, en la Argentina existe una gran demanda de proyectos de captura y reducción de emisiones por parte de empresas que quieren equilibrar su huella de carbono, especialmente orientada a soluciones basadas en la naturaleza (NBS por sus siglas en inglés), pero la oferta de este tipo de proyectos está muy por debajo de la demanda internacional, lo cual se presenta como una oportunidad para atraer inversión en este sector, lo cual implica no sólo réditos económicos para los propietarios o poseedores de las tierras sino para los trabajadores necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de estas iniciativas.

Sin embargo, desde la MAC se advierte que, en Argentina aún existe una gran incertidumbre con relación al desarrollo de un mercado que sea atractivo y confiable para el desarrollo de este tipo de proyectos.

Por eso se reclama la necesidad de contar con marcos normativos y políticas públicas que establezcan con claridad cuestiones básicas como las alternativas de comercialización y la titularidad de los créditos de carbono generados, como así también los beneficios o requerimientos impositivos de potencial aplicación.

Ante esta situación, la Mesa elaboró el llamado Documento de Posición como aporte a la elaboración de un marco normativo y de instrumentos de política pública para la regulación y promoción de los mercados de carbono en Argentina.

En el informe se hace mención a la existencia de varios instrumentos de política que, de manera restrictiva, establecen el marco posible de acción en relación con los mercados de carbono, tales como la Contribución Nacionalmente Determinada –NDC- presentada por Argentina a la CMNUCC y el Plan de Acción Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.

Además, se mencionan otras propuestas a nivel nacional y provincial, que están generando instancias para promover o restringir los mercados de carbono, como la actualización del Plan de Acción Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y la elaboración de los Planes de Respuesta provinciales (Planes de Acción Provinciales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático), como así también el Programa Jurisdiccional Anidado de REDD+ “Eco2” en desarrollo por la Provincia de Misiones y el Proyecto de Manejo Forestal Mejorado de la Provincia de Jujuy.

Contexto inseguro

Como en términos de proyectos, de los 11.800 ya registrados a nivel global, sólo 61 fueron en Argentina, lo cual representa el 0.5% del total, el reporte advierte que el marco político y normativo actual “no estaría promoviendo e incentivando el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones a pesar de las grandes posibilidades que existen, y a pesar de las experiencias que ya se han desarrollado en el país”.

Es más, sólo existen dos proyectos del sector forestal certificados bajo estándares internacionales como los de Verra, Gold Standard, Mecanismos de Desarrollo Limpio, Climate Action Reserve y Plan Vivo 10, lo cual representa el 3% del total de las iniciativas certificadas en el país, mientras que la mayoría son de los sectores de las Energías Renovables, Producción Industrial y Gestión de Residuos.

En este sentido, desde la Mesa de Carbono se observa que el contexto argentino dista mucho de brindar la seguridad jurídica y certidumbre mínima necesaria para promover e incentivar el desarrollo, certificación e implementación de proyectos de captura y reducción de emisiones, como así también la consecuente comercialización de los certificados, créditos o bonos de carbono que dichos proyectos generen.

“Los instrumentos de política actuales son más bien restrictivos, y los marcos normativos vigentes son interpretados de manera muy sesgada, especialmente en el plano discursivo por parte de actores gubernamentales de nivel nacional y provincial, lo cual genera desconfianza a la hora de invertir tiempo, dinero y energía en el desarrollo de este tipo de proyectos de importante impacto ambiental, social y económico”, señala el reporte.

En tal sentido, se considera que deberían sentarse las bases mínimas para el desarrollo de un mercado amplio y flexible mediante la elaboración de instrumentos para promover, apoyar y dar reconocimiento al desarrollo, certificación e implementación de proyectos de carbono y la comercialización de las capturas y reducciones que se generen.

Se reclama además que el país cuente con un nivel de seguridad jurídica adecuado para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y con distinto impacto ambiental, social y económico, especialmente para promover iniciativas de captura y reducción de emisiones que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos propietarios o usuarios de tierras, como así también traccionar proyectos de gran escala que, de no haber garantías mínimas para su implementación y comercialización, probablemente no se realicen.

Aportes para generar seguridad

En igual sentido se aconseja otorgar un incentivo al desarrollo de proyectos tanto de gran escala, como de mediana y pequeña, además de la existencia de claridad en la distribución de competencias y roles entre los distintos niveles de gobierno federal (nacional y provincial) dentro del marco normativo e institucional de los mercados de carbono.

Varios de esos puntos son:

• (i) Propiedad del carbono y de los certificados, créditos y bonos de reducción de emisiones.

Se trata de establecer a quién corresponde la propiedad del carbono capturado o reducido y de los certificados, créditos y bonos de reducción de emisiones que se puedan emitir en consecuencia.

“Es claro que la propiedad del carbono almacenado en bosques nativos y plantaciones forestales es del titular del derecho real de dominio, superficie o usufructo sobre la tierra donde se encuentra ese bosque o plantación, pudiendo ser dicho derecho real de dominio público, de dominio privado del Estado o de un particular”, se considera en el informe.

Asimismo, se entiende que los bienes económicos que se puedan generar por el servicio de captura y almacenamiento del carbono en bosques nativos y plantaciones forestales “igualmente corresponderá a quien brinde dicho servicio conforme la titularidad del derecho real sobre el terreno o la forestación”.

Una vez materializado dicho servicio en certificados, créditos o bonos de carbono que representen la captura o reducción de emisiones logradas o a lograr, también corresponderá inicialmente a los titulares de dichos certificados, créditos o bonos, sin perjuicio de que luego se vendan a otra persona física o jurídica, transfiriendo así también la titularidad sobre los mismos.

“En caso de elaborarse un instrumento normativo específico para la regulación y promoción de los mercados de carbono en Argentina, es preciso que se incluya una definición clara al respecto para brindar certeza y seguridad jurídica a propietarios y usuarios de tierras, desarrolladores e inversores de proyectos y compradores y comercializadores de certificados, créditos y bonos de reducción de emisiones”, detalla el paper

• (ii) Comercialización de las capturas y reducciones de emisiones

Este capítulo trata de definir los tipos de mercados que se buscará promover y a los que se permitirá la comercialización de los certificados, créditos y bonos de carbono generados por proyectos de captura y reducción de emisiones.

La Mesa considera que deben fijarse criterios claros que permitan la comercialización tanto en mercados voluntarios como en los regulados ya que se observa que la posibilidad de venderlos en los

regulados existentes fuera de Argentina, por la diferencia de precio general de dichos créditos en esos mercados en comparación con los precios generales en mercados voluntarios.

“Esto viabilizaría el desarrollo de tipos de proyectos de escalas e impactos ambientales, sociales y económicos mayores a si no se permitiera la comercialización en mercados regulados”, detalla el documento.

• (iii) Aporte a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)

En este apartado se entiende como crítico poder contar con claridad respecto a cómo el país espera lograr las reducciones de emisiones presentados por Argentina ante la CMNUCC y se postula que todas aquellas reducciones de emisiones o capturas de carbono adicionales a las generadas a partir de programas, políticas, legislaciones o financiamientos directos o indirectos de parte del gobierno nacional y/o provincial, deberán poder ser certificadas y comercializadas en el mercado de carbono global regulado por el Artículo 6 del acuerdo de París.

Este postulado se sustenta en que estas reducciones de emisiones o capturas de carbono no ocurrirían si no fuera por las inversiones de los privados, y por lo tanto no deberían ser parte de la NDC argentina ante el Acuerdo de París, ya que no están impulsadas por fondos públicos.

• (iv) Naturaleza y definición jurídica del carbono, de los proyectos de captura o reducción de emisiones y de los certificados, créditos o bonos que se puedan emitir.

Se busca establecer el encuadre y definición jurídica del carbono, de los proyectos de captura o reducción de emisiones y de los certificados, créditos o bonos que se puedan emitir en consecuencia.

Desde la MCFN se considera que es necesario que se brinden definiciones claras sobre el objeto sobre el cual se pretende actuar (en este caso los Gases de Efecto Invernadero, o también llamados de manera genérica “carbono”), y sobre los distintos instrumentos y mecanismos que puedan generarse y utilizarse para regularlo.

• (v) Intervención gubernamental (registro/aval)

Desde la MCFN se considera que, para evitar la doble contabilidad en la captura y reducción de emisiones, es necesario haya un registro transparente y accesible de los proyectos registrados, como así también de las unidades de capturas y reducciones emitidas y comercializadas, lo cual permitirá tener un cálculo preciso de aportes a la NDC o a reportes de reducción de emisiones sub-nacionales inclusive, como así también un seguimiento a la implementación y ciclo de vida de los proyectos.

• (vi) Intervención gubernamental (Cobro de tasas administrativas)

Se recomienda no cobrar tasas administrativas en los procesos de registro y/o de seguimiento a la implementación y ciclo de vida de los proyectos.

Si se establecen sistemas de información mínimamente sólidos, no debería requerir mayor esfuerzo estatal. En caso que las áreas de gobierno intervinientes consideren el cobro de tasas, las mismas deberán estar fundamentadas en un cálculo real del cúmulo de tareas y personal que será requerido para brindar el servicio de gestión y mantenimiento del registro.

En el caso se observe necesario cobrar una tasa por dicho servicio, deberá ser acorde a las tareas requeridas y no ser excesiva, para no desincentivar así el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones.

• (vii) Intervención gubernamental (Impuestos a la comercialización)

Desde la MCFN piden no cobrar impuestos a la comercialización de las capturas y reducción de emisiones ya que el impacto ambiental, social y económico de los proyectos de captura y reducción de emisiones precisa que no se establezcan requerimientos que puedan significar un desincentivo, y más aún en relación a otras actividades productivas que generan impacto negativo pero tienen sistemas de beneficios impositivos.

• (viii) Incentivos y reconocimientos

Los expertos recomiendan establecer incentivos o reconocimientos a dichos proyectos, como así también a los productos que surjan de dichas iniciativas.

La exención impositiva, temporaria o permanente, es un instrumento interesante que puede aplicarse a distintos tipos de impuestos existentes, tanto a nivel nacional como provincial. Este tipo de incentivo puede ser aplicado por tipo de proyecto, por región o por ecosistema donde se implementen los proyectos.

Mercado amplio y flexible

A modo de conclusión, el informe de la Mesa Argentina del Carbono entiende que “la Argentina tiene hoy una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través del desarrollo de los mercados de carbono en el país, que están creciendo rápidamente a nivel regional y global, generando un impacto ambiental, social y económico muy importante”.

Pero se observa que el contexto argentino dista mucho de brindar la seguridad jurídica y certidumbre mínima necesaria para promover e incentivar el desarrollo, certificación e implementación de proyectos de captura y reducción de emisiones, como así también la consecuente comercialización de los certificados o créditos que dichos proyectos generen.

Se advierte también que los instrumentos de política actuales son más bien restrictivos, y los marcos normativos vigentes son interpretados de manera muy sesgada, especialmente en el plano discursivo, lo cual genera desconfianza a la hora de invertir tiempo, dinero y energía en el desarrollo de este tipo de proyectos.

A la hora de proyectar posibles abordajes para realmente promover el desarrollo de este mercado local, se recomienda sentar las bases mínimas para el desarrollo de un mercado amplio y flexible; contar con seguridad jurídica para atraer inversiones, entre otros reclamos.