Entre Ríos: ambientalistas denuncian irregularidades en la audiencia por la caza de aves

La reciente audiencia pública sobre la temporada de caza en Entre Ríos, que tuvo lugar este lunes 20 de abril, dejó una marca profunda de descontento. Lejos de ser un espacio de debate, vecinos y organizaciones ambientales denuncian que el encuentro funcionó como una fachada institucional para legitimar una actividad que, según denuncian, solo responde a intereses privados. La sensación generalizada es que la decisión de habilitar la masacre de aves ya estaba sellada antes de que comenzara el primer turno de palabra.

Lo que está en juego no es solo una normativa de temporada, sino un paradigma ético que el Estado entrerriano se resiste a corregir. Mientras las autoridades se escudan en tecnicismos sobre cupos y permisos, la sociedad civil levanta la voz para señalar que la fauna no es un recurso a merced del lucro. La audiencia, lejos de calmar las aguas, ha intensificado el reclamo de quienes exigen, con firmeza, el fin de una actividad que depredar nuestro patrimonio natural.

El choque contra un lobby que no cede

La audiencia transcurrió entre exposiciones que, para la mirada crítica, resultaron insuficientes para justificar la continuidad de esta práctica. La estrategia de los sectores a favor de la caza repitió los argumentos de siempre: control de especies y beneficios económicos para el turismo. Sin embargo, las denuncias que circulan ponen el foco en la falta de fiscalización real y en el impacto devastador que tiene sobre aves que cumplen roles ecológicos fundamentales en nuestros humedales.

Es imperativo denunciar que habilitar la caza no es «gestión de recursos», es ceder ante intereses particulares. El proceso administrativo detrás de la audiencia ha sido cuestionado por su falta de transparencia, dejando a la fauna entrerriana en un estado de vulnerabilidad absoluta. No se trata solo de la pérdida de ejemplares específicos, sino del desequilibrio que se genera en un entorno natural que muestra señales claras de agotamiento ante la presión cinegética constante.

La voz que alerta sobre el conflicto

Como ya habíamos advertido en Economía Sustentable, la pulseada ética por la temporada de caza tiene nombres que no están dispuestos a callarse. Gabriel Bonomi, coordinador de CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), fue contundente al definir la gravedad de lo que sucede en los campos entrerrianos: «La fauna silvestre no es un trofeo; el turismo de caza que busca sangre y plumas solo refleja una cultura del descarte que ya no tiene lugar en el siglo XXI», sentenció a este medio.

Esa mirada, que pone la ética por encima del negocio, es la que hoy resuena con más fuerza tras el cierre de la audiencia. La cita resume el sentimiento de quienes rechazan que las aves sean tratadas como mercancía. La insistencia en validar esta actividad bajo el rótulo de «deporte» o «actividad regulada» es, en esencia, un intento de enmascarar un negocio extractivista que no contempla el bienestar de las especies ni la salud de los ecosistemas, dejando a la provincia en una posición ética insostenible.

Un llamado a frenar la desidia

El escenario post-audiencia es un llamado de atención urgente. La sociedad entrerriana y nacional ya no acepta que el lobby de la caza opere con total impunidad mientras las instituciones miran para otro lado. La demanda es clara: es hora de que la política ambiental deje de ser funcional a quienes ven en la naturaleza un campo de tiro y pase a ser una verdadera herramienta de conservación y respeto por la vida.

Este no es el fin de la lucha, sino un punto de inflexión. La denuncia sobre lo ocurrido en la audiencia no es más que la punta del iceberg de un movimiento ciudadano que está decidido a proteger lo que es de todos. La protección de nuestra fauna no puede quedar rehén de acuerdos de escritorio; se requiere una voluntad política firme que anteponga el patrimonio natural al interés económico inmediato, antes de que el daño sobre nuestras aves sea irreversible.