Juicio en Pergamino: piden condenas de hasta cuatro años de prisión por contaminación con agroquímicos
El juicio por las fumigaciones en Pergamino entró en su etapa final. La sentencia podría redefinir los límites legales del uso de agroquímicos en Argentina.
La Justicia argentina está más cerca de dictar un fallo que podría marcar un antes y un después en los conflictos vinculados al uso de agroquímicos. En el juicio por las fumigaciones ilegales en Pergamino, la Fiscalía Federal pidió condenas de hasta cuatro años y tres meses de prisión para productores rurales acusados de realizar aplicaciones de pesticidas en zonas prohibidas y poner en riesgo la salud de vecinos de barrios periurbanos.
El pedido fue formulado por el fiscal general Claudio Kishimoto durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, que en las próximas semanas deberá resolver la situación de productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo y exfuncionarios municipales.
La causa es considerada uno de los procesos judiciales más relevantes del país en materia ambiental, ya que analiza por primera vez la eventual responsabilidad penal de productores, profesionales y funcionarios públicos por la contaminación derivada de fumigaciones con agroquímicos en áreas cercanas a centros poblados.
La investigación se inició a partir de denuncias de vecinos de los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida, quienes durante años alertaron sobre aplicaciones realizadas a escasa distancia de viviendas, escuelas y cursos de agua.
Los análisis incorporados al expediente detectaron la presencia de distintos agroquímicos en muestras de agua para consumo humano y en el ambiente, lo que derivó en una causa federal por contaminación ambiental.
Según la acusación, los imputados habrían efectuado aplicaciones terrestres dentro de las zonas de exclusión establecidas por la Justicia, vulnerando la normativa ambiental vigente y exponiendo a la población a sustancias potencialmente peligrosas.
Las condenas solicitadas
El pedido de pena más elevado recayó sobre el productor agropecuario Fernando Esteban Cortese, para quien la Fiscalía solicitó cuatro años y tres meses de prisión efectiva e inhabilitación especial por ocho años para desarrollar actividades vinculadas al sector agropecuario.
Además de la acusación por contaminación ambiental, Cortese enfrenta cargos por amenazas coactivas contra vecinos que impulsaron las denuncias.
Para los productores Mario Reinero Roces y Víctor Tiribó, el Ministerio Público Fiscal requirió cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación por ocho años.
En tanto, para Hugo Ariel Sabatini y Carlos Daniel Sabatini solicitó tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por seis años.
La acusación también alcanzó al ingeniero agrónomo José Luis Grattone, para quien se pidió una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación profesional por seis años.
Exfuncionarios bajo investigación
La Fiscalía también solicitó condenas para Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, exfuncionarios municipales con responsabilidades vinculadas al control ambiental y la fiscalización de las fumigaciones.
Para ambos requirió dos años de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Según la acusación, incumplieron sus deberes al no intervenir adecuadamente frente a las denuncias presentadas por los vecinos y permitir que las aplicaciones continuaran pese a los reclamos existentes.
El antecedente que cambió Pergamino
La causa tiene su origen en una medida cautelar dictada por la Justicia Federal en 2019, que prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros de las zonas urbanas y las aplicaciones aéreas a menos de 3.000 metros.
Ese fallo se convirtió en uno de los precedentes ambientales más importantes del país y fue citado posteriormente en numerosos conflictos relacionados con el uso de agroquímicos.
