Enérgico rechazo de las provincias al decreto que elimina el fondo de los bosques nativos
Se reunió el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y defendieron esta herramienta clave para la conservación de los bosques. Los detalles.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) manifestó su “enérgico” rechazo al Decreto 888/24 del Gobierno de Javier Milei, que dispone la eliminación del Fideicomiso del Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE).
Durante una Asamblea Extraordinaria, las autoridades provinciales y nacionales del área ambiental defendieron esta herramienta clave para la conservación de los bosques y advirtieron sobre los riesgos que implica su disolución.
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En la reunión, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, quien preside la Comisión de Bosques Nativos del COFEMA, calificó la medida como “inconstitucional” y denunció que vulnera el principio de no regresividad en la protección ambiental. Según Zigarán, la eliminación del fideicomiso pone en riesgo la transferencia de fondos a las provincias, afectando los recursos destinados a la compensación por los servicios ambientales que brindan los bosques, informaron desde el Gobierno de Jujuy en un comunicado de prensa.
Decreto “inconstitucional”
Los representantes del Ministerio de Ambiente de la Nación aseguraron que los fondos correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 se distribuirán como establece la Ley 26.331, aunque los intereses generados por el fideicomiso no serán transferidos. Sin embargo, las provincias expresaron su preocupación por la falta de garantías para la continuidad de estos fondos en el futuro.
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COFEMA aprobó una resolución declarando la inconstitucionalidad del decreto, señalando que contraviene acuerdos internacionales como los convenios de París y Escazú, y solicitó la restitución inmediata del fideicomiso. Además, rechazaron el monto asignado al FOBOSQUE en el proyecto de presupuesto 2025, exigiendo que se destine el 0,3 % del presupuesto nacional, tal como lo establece la ley.
Las provincias se reservaron el “derecho de iniciar acciones legales y políticas para proteger sus derechos ante la disolución del fideicomiso en base a los términos del art. 41, 43 y 124 ss y cc de la Constitución Nacional”.