Lanzan una plataforma para conocer qué barcos pescan en el Mar Argentino

En Argentina, conocer qué barcos pescan en el Mar Argentino, quiénes los operan y con qué autorizaciones todavía requiere, en muchos casos, presentar pedidos formales de acceso a la información pública.

Ante esta situación, el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde (SANHV) lanzaron una plataforma que reúne datos de la flota pesquera comercial y permite consultarlos en línea.

El sitio registroflotapesquera.org reúne información sobre embarcaciones, propietarios o armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas y sanciones. La herramienta fue construida a partir de solicitudes de acceso a la información pública que las organizaciones presentaron ante las autoridades nacionales.

La iniciativa busca cubrir una deuda pendiente: aunque la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca recopila y administra estos datos, Argentina todavía no cuenta con un registro oficial, integral y actualizado de consulta pública en línea.

El proceso de recopilación también dejó en evidencia las limitaciones de la información disponible. Algunos datos continúan incompletos porque las organizaciones no recibieron la totalidad de lo solicitado al Estado.

“Hacer pública esta información no es solo poner datos a disposición de la ciudadanía: es distribuir la capacidad de control. Hoy el Estado administra el recurso, asigna los derechos de pesca y concentra toda la información para verificar esas decisiones. Nadie más puede controlar” señaló Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales.

La falta de acceso a estos registros tiene implicancias que van más allá de la transparencia administrativa. Contar con información sobre los buques, sus responsables, las autorizaciones vigentes y sus antecedentes permite verificar quiénes explotan los recursos pesqueros, bajo qué condiciones y si cumplen con la normativa.

Además, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay ya cuentan con registros públicos en línea de sus flotas pesqueras, mientras que en Argentina acceder a buena parte de esos datos todavía depende de solicitudes formales.

“Exportamos más de 2.000 millones de dólares por año a partir de un recurso que es de todos los argentinos, y sin embargo nadie puede saber con facilidad quién lo explota, con qué derechos y bajo qué condiciones, lo cual hace imposible no preguntarse: ¿Quienes se benefician con esta opacidad?” sostuvo Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde.

En ese contexto, las organizaciones destacaron que en la Cámara de Diputados se encuentra en tratamiento el proyecto de ley para modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca para establecer que los datos del Registro de la Pesca sean de acceso público, estén disponibles en formatos abiertos y cuenten con actualización periódica.

“El Registro de la Pesca ya existe. No le estamos pidiendo al Estado que produzca información nueva, sino que publique la que ya tiene. El proyecto está en el Congreso: falta la decisión política”, afirmó Bilbao.

Desde ambas organizaciones remarcaron que la plataforma no busca reemplazar las funciones estatales, sino demostrar que es posible reunir y publicar información relevante sobre la flota. El objetivo es que las autoridades nacionales asuman esa responsabilidad y garanticen un registro oficial, público, completo, actualizado y de acceso permanente.

Más exportaciones, menos inspecciones a bordo

El lanzamiento de la plataforma ocurre en un contexto de expansión comercial de la actividad pesquera y cuestionamientos sobre la capacidad de fiscalización estatal. Las exportaciones pesqueras argentinas alcanzaron los US$ 2.010 millones en 2025, el segundo mejor registro histórico, mientras que el volumen de desembarques de este año marcó el mayor nivel de la última década, de acuerdo con los datos citados de la Subsecretaría de Pesca.

Sin embargo, el aumento de la actividad no estuvo acompañado por una mejora en los controles a bordo. Según el informe El mar como caja negra. La brecha entre la expansión de la pesca y la fiscalización estatal, elaborado por el CPA y Sin Azul No Hay Verde, la cobertura de inspecciones físicas en los buques cayó del 20% al 15% entre 2023 y 2026.

El documento señala que el país cuenta con apenas 64 inspectores embarcados para más de 7.400 viajes de pesca. En promedio, cada inspector debe cubrir 116 navegaciones, más del doble que en 2021. En consecuencia, casi nueve de cada diez viajes se realizan sin un inspector a bordo.

La situación también alcanza a las principales pesquerías por su peso económico. El calamar Illex, que en 2025 fue el primer producto pesquero exportado en volumen, tuvo inspectores a bordo en apenas el 9% de sus viajes. En el caso del langostino y la merluza hubbsi, la cobertura rondó el 20%.

“Hay una ley que no se está cumpliendo”, sostuvo Consuelo Bilbao, Directora Política del CPA. “La normativa exige que haya un inspector en todos los buques de 33 metros de eslora o más, pero entre 2023 y 2026 nunca se superó el 56%: prácticamente 1 de cada 2 buques de gran porte zarpó sin inspector pese al mandato normativo”, señaló.

Los inspectores embarcados cumplen funciones de fiscalización y pueden intervenir ante sanciones por incumplimientos pesqueros. Su tarea es diferente de la de los observadores científicos, que recopilan información sobre el hábitat y el comportamiento de las especies, pero no tienen facultades para sancionar.

En este escenario, la falta de datos públicos completos sobre buques, permisos, despachos e historial de infracciones agrega otra dificultad para el seguimiento de la actividad. Sin información accesible, investigadores, periodistas y organizaciones tienen menos herramientas para reconstruir quién pesca, dónde, cuánto y bajo qué condiciones.