El brazo financiero del Banco Mundial otorga dos préstamos sustentables en la Argentina
Se trata de una asistencia financiera global por u$s350 millones destinada a un gobierno provincial y a una de las más importantes productoras químicas del país.
Históricamente, el Banco Mundial ha salido en auxilio financiero de grandes y medianas empresas argentinas con necesidad de fondeo para encarar nuevos proyectos de negocios en el país pero que tengan en cuenta el costado “sustentable” de dichas inversiones.
Lo ha venido haciendo a través de su brazo crediticio, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), excepto durante el período que abarcó el 2020 y el 2021, cuando dejó de asistir financieramente a empresas con proyectos para invertir en el país.
En ese momento, las razones fueron varias, como las trabas impuestas por los gobiernos a las inversiones privadas; la inestabilidad económica y financiera y el poco interés de los grupos multinacionales por invertir o ampliar sus negocios en el país como los principales motivos de esta ausencia de líneas de crédito.
De hecho, durante los anteriores gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el escenario fue similar. Incluso, en el 2013 el Banco Mundial hasta trabó fondos para el Estado nacional, como un préstamos por u$s3.000 millones que debían ser destinados a proyectos de salud, desarrollo rural e infraestructura.
Para remontar esa situación las diferentes administraciones nacionales debieron comprometerse a pagar varias sentencias en su contra aplicadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial, aunque todavía hay varios litigios que siguen impagos.
Sin embargo, a fines del 2021, la IFC volvió a financiar obras de inversión en la Argentina a partir del pedido de un holding asiático por u$s40 millones para incrementar su presencia local como es NSG UK Enterprises Limited, unidad Nippon Sheet Glass y productor mundial de vidrio, que en aquel año solicitó al organismo financiero internacional un crédito corporativo para financiar las inversiones de su subsidiaria ia local, Vidriería Argentina SA (VASA), de la cual controla el 51% del capital, mientras que el 49% restante está en manos del holding francés Saint-Gobain.
Poca presencia del IFC
De hecho, desde que en 2003 el kirchnerismo llegó al poder y hasta ese año, la IFC le había prestado asistencia crediticia a 40 proyectos presentados por ejemplo, por Cencosud, Arcor, Aluar, PAE, Aceitera General Deheza (AGD), entre otras empresas.
El 2005 fue el año de mayor actividad con ocho créditos otorgados, mientras que 2004 el de menor, con sólo un préstamo cedido a AGD. En 2010, cerró cuatro préstamos por un monto global cercano a los u$s 200 millones.
Es más, muchas compañías acudían al organismo del Banco Mundial en busca de créditos para aprovechar el crecimiento de la economía argentina y el boom de consumo que dicho escenario había generado. Lo hacían también ante la imposibilidad de acceder a líneas crediticias a tasas consideradas normales.
De hecho, VASA fue una de las dos compañías que logró este aval en el 2019 cuando recibió u$s80 millones para expandir sus actividades. La otra fue la petrolera Pan American Energy (PAE), con una asistencia financiera de u$s400 millones para encarar obras en su refinería de la localidad bonaerense de Campana.
En este caso se trata de otro cliente regular de IFC desde el 2015, cuando obtuvo ayuda para financiar su programa de inversión de capital 2015/2016 y para culminar con la transferencia de Axion Energy Argentina.
Para la refinería de Campana, el auxilio se divide en dos: un préstamo A de hasta u$s100 millones y otro Préstamo B por u$s300 millones para aumentar la producción de productos refinados; producir combustibles adicionales de mayor valor y combustión más limpia, y reducir las emisiones al aire de las refinerías.
Mejorar el perfil
En el 2018, la cantidad de empresas asistidas fue mucho mayor. Llegó a siete, entre las que se destacaron Telecom Argentina; San Miguel; Ferrum; los bancos Itaú e Industrial, y hasta el Hospital Posadas.
El total de fondos inyectados ese año fue de alrededor de u4s600 millones, siendo la de Telecom Argentina la mayor con un aporte de u$s350 millones, seguida por el Banco Industrial con otros u$s55 millones, mientras que el Hospital Alemán logró u$s33 millones para ampliar sus instalaciones.
Un año antes, en el 2017, otorgó créditos a siete compañías argentinas por algo más de u$s1000 millones, siendo el año de mayores aportes desde el cambio de gobierno, en el 2015.
Los beneficiados fueron desde empresas privadas hasta gobiernos provinciales como el de Córdoba, que se llevó u$s300 millones. En el caso del sector privado, la cerealera Vicentín obtuvo u$s300 millones, tal como lo hizo en otros años, teniendo en cuenta que se trata de un cliente regular del ente crediticio del BM.
Ese año también recibieron ayuda otras empresas vinculadas a Vicentín, como lo era Renova, dedicada a la producción de biodiesel, en la cual se invirtieron u$s410 millones.
En el 2016, fueron 10 las compañías asistidas: Recargapay; Los Grobo; el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Morixe; Telecom Argentina; Adeco; Patagonia CL; Grupo Financiero Galicia; Axion y la Universidad de El Salvador.
El monto global fue de u$s900 millones y el mayor desembolso se lo llevó el gobierno porteño, con u$s400 millones para ayudar al desarrollo de la movilidad eléctrica en Capital Federal.
Pero en los últimos años, la asistencia comenzó a llegar a cuentagotas al punto que en el 2024 sólo hubo dos empresas locales con asistencia crediticia de la IFC para proyectos domésticos.
Objetivos propios del brazo financiero del Banco Mundial
Ahora, en el 2025 la relación parece haberse vuelto a encaminar teniendo en cuenta que se han conocido dos iniciativas locales que serán apoyadas con dinero de la IFC con la condición que en ambos casos cumplan con los compromisos del propio organismo del Banco Mundial de impulsar un cambio positivo y fomentar un futuro sostenible reduciendo la huella de carbono, mejorando la eficiencia del uso de los recursos naturales, defendiendo la resiliencia climática y promoviendo las adquisiciones sostenibles.
Es más, la propia IFC viene calculando y gestionando desde el 2006 su propio inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que incluye las de instalaciones propias y alquiladas, viajes aéreos, fuentes móviles y emisiones de alimentos adquiridos.
El objetivo de la entidad internacional es el de reducir las emisiones de GEI de Alcance 1 y 2 en un 20 % para el 2026 y también las relacionadas con los alimentos en su sede de Washington, D. C. en un 25 % para 2030. IFC realiza una auditoría externa independiente de su inventario de GEI.
Para compensar esas emisiones anuales, la IFC adquiere créditos de carbono de países prestatarios de la AIF o de países menos adelantados, siguiendo las directrices del Grupo Banco Mundial.
Del mismo modo, promueve la construcción y operación de edificios que cumplen con estrictos estándares de sostenibilidad mediante certificaciones de construcción ecológica, como EDGE , LEED y WELL, entre otras, con las cuales fomenta el uso de tecnologías de eficiencia energética, fuentes de energía renovables y materiales sostenibles para no sólo reducir su impacto ambiental, sino también para crear espacios más saludables y productivos para su personal.
El mismo escenario fomenta para las compras sostenibles como otro componente crítico del programa de sostenibilidad ambiental corporativa de la IFC, basado en la premisa de que las decisiones de compra pueden tener impactos ambientales y sociales de gran alcance.
Promesas renovadas
Siguiendo estos parámetros, el año pasado un grupo de funcionarios de la IFC participó de la FES Argentina, un evento donde líderes del sector privado y público debaten sobre posibilidades de inversiones en el sector de las energías renovables.
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En la edición del 2024, sus representantes revelaron que se encontraban reforzando la presencia de la IFC a nivel local, con el objetivo de garantizar la viabilidad de inversiones a largo plazo, como en generación limpia, expansión de la transmisión eléctrica y almacenamiento en baterías.
De hecho, una de las compañías beneficiadas por dicha visión fue Central Puerto, el principal generador de energía eléctrica de Argentina, que firmó un acuerdo para avanzar en los estudios de factibilidad de la primera línea de transmisión eléctrica destinada a suministrar energía renovable a empresas mineras del noroeste argentino.
Estos estudios evaluarán la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto, que tiene como objetivo interconectar los proyectos mineros del sector de la Puna Argentina al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), garantizando un suministro confiable de energía renovable mediante acuerdos privados.}
Con una inversión total estimada de USD 600 millones; la iniciativa de Central Puerto contempla la construcción de una línea de alta tensión (LAT) de aproximadamente 140 kilómetros con origen en la Estación Transformadora (ET) Puna. El proyecto prevé una capacidad potencial de hasta 400 MW ofreciendo suministro energético competitivo principalmente de origen renovable.
Un gobierno y una petroquímica
Ahora, un gobierno provincial y una compañía también vinculada al negocio de las energías fueron las elegidas por la IFC para apoyar sus planes de crecimiento y de desarrollo de obras de infraestructura en el país que tendrán un componente sustentable en sus planificaciones.
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La empresa es Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), que pretende obtener u$S150 millones de la IFC, monto que se reparte en u$s30 millones de la propia cuenta de la entidad financiera y u$s120 millones movilizados de otros prestamistas, para financiar la construcción de un parque eólico de 180 MW en la localidad bonaerense de Olavarría.
La inversión abarca un plan para la modernización de la infraestructura de transmisión eléctrica asociada, incluida una línea de transmisión a la subestación Olavarría, expansiones de capacitores en las subestaciones Olavarría y Ezeiza operadas por Transener y Edesur, respectivamente, y repotenciación de transformadores en la subestación Bahía Blanca operada por Transener.
En el documento divulgado por la IFC para anunciar aspectos del acuerdo crediticio se detallan algunas características de PCR, como que es una empresa privada argentina fundada en 1921, propiedad de dos familias Brandi (55%) y Cavallo (45%).
Se explica también que opera en tres sectores como son generación de energía renovable, siendo una de las mayores plataformas de energía renovable de Argentina, con seis parques eólicos con una capacidad total de 527,4 MW; exploración y producción de petróleo y gas en Argentina y Ecuador; y producción y distribución de cemento y materiales de construcción en el sur.
En el caso del gobierno provincial, se trata de Córdoba y se orienta a sustentar una obra de infraestructura con un préstamo sénior vinculado a la sostenibilidad de hasta u$s200 millones para la ampliación de la Ruta Nacional (RN) 8 y la RN A005.
El objetivo del gobierno provincial es que ambas vías sirvan como rutas de circunvalación cruciales para Río Cuarto, la segunda ciudad más grande de Córdoba, y los organismos implementadores del proyecto serán la DPV (Dirección Provincial de Vialidad), responsable del diseño y preparación de los documentos de licitación, y la ACIF (Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento), responsable de la ejecución del préstamo y el lanzamiento del proceso de licitación.
También participa la DNV (Dirección Nacional de Vialidad), responsable de la operación y mantenimiento de las carreteras una vez que se haya completado el proyecto que encara la segunda provincia argentina más poblada.
Tanto en este caso como en el de PCR, los prospectos de acuerdo firmados por la IFC aclaran que el organismo les brinda un paquete de asesoramiento y preparación para fortalecer la preparación e implementación de los proyectos.
Se incluye además el desarrollo de un Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad con KPI mensurables, una auditoría de seguridad vial para mejorar la seguridad del transporte y el desarrollo de capacidades en estándares de desempeño ambiental y social para garantizar el desarrollo de infraestructura sostenible e inclusiva.
