Denuncian ofertas de tierras patagónicas a extranjeros durante la derogación de la Ley de Tierras
Un informe de la UBA detectó ofertas de tierras patagónicas a extranjeros durante los diez días en que estuvo suspendida la Ley de Tierras.
Un informe del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires identificó publicaciones que ofrecían un campo de casi 3.000 hectáreas en Chubut, con lago privado y 16 kilómetros de costa sobre un río, durante los diez días en que quedaron suspendidos los efectos de la Ley de Tierras.
El relevamiento detectó anuncios de una inmobiliaria que promocionaba la propiedad y alentaba el interés de inversores extranjeros en los campos patagónicos. Sin embargo, no confirmó que se haya concretado una operación de venta durante ese período.
El informe reconstruye la actividad de un perfil en redes sociales llamado Loma Alta Propiedades. Según el Observatorio, la cuenta publicó su primer contenido el 26 de septiembre de 2026. Cuatro días después, el 30 de septiembre, ofreció un campo ubicado en Río Pico, Chubut, y destacó sus costas sobre un lago, una laguna y un río. El 3 de octubre, otra publicación promovió la inversión extranjera en la Patagonia y señaló que había vuelto el interés por los campos argentinos.
La propiedad anunciada tiene 2.943 hectáreas en la zona de Alto Río Pico. De acuerdo con la publicación relevada, cuenta con un lago privado y 16 kilómetros de costa sobre un río, además de potencial para actividades agropecuarias, forestales, turísticas y de pesca.
El Observatorio advirtió que el nombre Loma Alta Propiedades no aparece registrado como inmobiliaria. No obstante, una publicación del portal Zonaprop identifica al corredor inmobiliario Martín Gough, matrícula profesional 71, como responsable de la comercialización del campo. El informe vincula a Gough con Ameghino 830 Propiedades, una firma creada en 2025 junto con Jorge Alberto Vernengo y Julieta Vernengo, según una publicación del Boletín Oficial de Chubut del 29 de octubre de ese año.
A partir de esos datos, el relevamiento plantea la posibilidad de que Loma Alta Propiedades funcione como una fachada de otra empresa inmobiliaria dedicada al mercado rural. Sin embargo, la información presentada no permite confirmar esa hipótesis ni establecer quiénes estaban detrás del perfil.
Qué pasó con la Ley de Tierras
La publicación de estas ofertas coincidió con un período de incertidumbre judicial sobre la vigencia de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que establece límites a la titularidad extranjera de tierras en Argentina. Entre sus restricciones, fija un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras en el territorio nacional, las provincias y los departamentos, e incluye condiciones específicas para zonas de frontera y terrenos que contienen cuerpos de agua de importancia.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 había derogado esa norma mediante su artículo 154. El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema revocó una decisión judicial que había declarado inconstitucional ese artículo en una causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación, sino que resolvió la cuestión vinculada con la legitimación de quienes habían iniciado esa demanda.
El 9 de octubre, en una causa diferente, la Corte suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU. La decisión respondió a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda. La medida quedó sujeta al avance del expediente judicial.
De acuerdo con el análisis del Observatorio, entre ambas decisiones se abrió una ventana de diez días en la que los efectos de la derogación de la Ley de Tierras no estaban suspendidos por esa medida cautelar. El organismo advierte que ese escenario pudo habilitar operaciones que las restricciones de la norma impedían, aunque no presentó pruebas de que la propiedad anunciada en Chubut se haya vendido durante ese lapso.
El caso vuelve a poner el foco en los posibles efectos de la incertidumbre jurídica sobre la regulación de la propiedad rural y el acceso a tierras que contienen lagos, ríos y otros recursos naturales.
