Denuncian a pesqueras que explotan recursos argentinos con licencias británicas desde Malvinas
Los abogados sostienen que las actividades afectan la soberanía argentina, evaden el control aduanero y comprometen recursos nacionales.
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una denuncia penal contra directivos, administradores y representantes legales de distintas empresas pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas, acusadas de explotar recursos vivos marinos en el mar argentino mediante autorizaciones emitidas por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, quienes sostienen que las operaciones afectan de manera directa la soberanía del Estado nacional, el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.
Qué empresas pesqueras fueron denunciadas por operar desde Malvinas
El escrito judicial individualizó a distintas compañías de origen español, principalmente de Galicia, que trabajan en conjunto con sociedades mixtas constituidas en las Islas Malvinas y operan bajo licencias británicas que los denunciantes consideran ilícitas.
Entre las empresas mencionadas aparecen:
- Lanzal, vinculada a la sociedad mixta Petrel Fishing Company Ltd., que opera mediante el buque Monteferro bajo el registro de las islas.
- Grupo Pereira, asociada con Argos Group Ltd., con las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés.
- Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid y los buques Falcon, Prion y Robin M. Lee.
- Copemar, también vinculada a South Atlantic Squid, mediante el Hadassa Bay, que reemplazó al Baffin Bay.
- Ferralmes, asociada a Castelo Fishing Co., cuyo principal buque es el Castelo.
- Hermanos Touza, en sociedad con Beaufort Fishing Ltd., utilizando la embarcación Hermanos Touza.
- Moradiña, vinculada a Polar Ltd., que explota el buque New Polar Playa de Sartaxens, bajo banderas de España y de las islas.
Según los denunciantes, el esquema podría configurar el delito de contrabando a partir de dos mecanismos principales.
Por un lado, señalaron una presunta evasión del control aduanero. Las compañías extraerían recursos pesqueros de la jurisdicción argentina para luego exportarlos, realizar trasbordos en alta mar o descargar las capturas directamente en Puerto Argentino o en puertos de terceros países, sin someterse al control de las autoridades argentinas.
Por otro, la denuncia plantea la existencia de clandestinidad y engaño. De acuerdo con los abogados, las empresas utilizarían permisos otorgados por una potencia ocupante de facto como mecanismo para evitar la intervención de la Aduana argentina y, de ese modo, eludir derechos de exportación y obligaciones vinculadas con el régimen cambiario.
Los denunciantes consideran que estas conductas podrían quedar comprendidas, en principio, en los artículos 863, 864 inciso a) y 865 del Código Aduanero. El primero contempla acciones destinadas a dificultar o impedir el control aduanero sobre la extracción de mercaderías, mientras que el segundo contempla la exportación clandestina.
Además, solicitaron que se consideren las agravantes previstas en el artículo 865 por la posible afectación patrimonial al Estado, la participación organizada de tres o más personas y el uso de transporte marítimo para evitar los controles de organismos como la Prefectura Naval Argentina y la Aduana.
La denuncia también apunta a posibles omisiones del Estado argentino
La presentación no se limita a las empresas pesqueras. Los abogados también solicitaron investigar si funcionarios nacionales podrían haber incumplido sus deberes al no ejercer de manera suficiente las tareas de vigilancia y patrullaje sobre las actividades denunciadas.
En particular, pidieron determinar si existieron omisiones en el control de las embarcaciones y en la promoción de acciones destinadas a sancionar las operaciones y reclamar el pago de los derechos aduaneros y las multas que eventualmente correspondieran.
Para avanzar con la investigación, solicitaron que el juzgado libre distintos oficios a organismos públicos.
A la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) se les pidió información sobre avistamientos e identificación de las flotas vinculadas con las compañías denunciadas, además de datos sobre otras embarcaciones que operen en el Atlántico Sur con licencias británicas o sin autorización argentina.
A la Dirección General de Aduanas, los denunciantes solicitaron información que permita determinar si las empresas registraron operaciones de exportación o pagaron aranceles por las capturas realizadas en la zona en disputa.
También pidieron a la Inspección General de Justicia que informe sobre los vínculos comerciales, filiales y activos operativos que las compañías extranjeras denunciadas puedan tener en el territorio continental argentino.
La denuncia se suma a otra investigación vinculada con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. En el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py tramitan las presentaciones realizadas por la Cancillería contra empresarios y directivos relacionados con proyectos hidrocarburíferos en las islas.
En ese expediente, el Gobierno identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos vinculados con las compañías petroleras. Los últimos escritos incorporaron a la investigación a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.
También se profundizó la pesquisa sobre personas relacionadas con Navitas Petroleum Limited Partnership, Navitas Petroleum Development & Production Limited y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La nueva denuncia sobre la actividad pesquera vuelve a poner bajo la lupa el aprovechamiento de recursos naturales del Atlántico Sur mediante estructuras empresariales que operan con autorizaciones británicas en el área de disputa, mientras la Justicia deberá determinar si las conductas denunciadas constituyen efectivamente delitos y si existieron responsabilidades por parte de funcionarios argentinos.
