Cinco provincias avanzan en la creación de nuevos parques de energías renovables

La ley 27191 de Energías Renovables, dispuso un conjunto de políticas públicas destinadas a apoyar y dinamizar la generación de electricidad limpia y, a la vez, articular y reforzar la producción y el contenido nacional de equipos y tecnologías de la transición energética.

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A partir de este escenario y en su malogrado Presupuesto 2022 que rechazado por el Congreso, se habían establecido algunos puntos particulares vinculados con las energías renovables como el establecimiento de un cupo fiscal de $516 millones para beneficios promocionales previstos en el artículo 28 de la Ley de Régimen de
Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública N° 27.424.

Se trata de fondos que serán utilizados para viabilizar la adquisición e instalación de bienes de capital o la fabricación de bienes u obras de infraestructura para emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

Pero en el Presupuesto 2022 también se realizó un ejercicio de estimaciones sobre el consumo de energía eléctrica de fuentes renovables que, según esas predicciones oficiales, este año pasará del 11% al 14,3%; mientras que la potencia instalada en materia de generación distribuida debería alcanzar los 20 MW, con 586 usuarios generadores según el último reporte de avance de la Secretaría de Energía.

Y para el 2022, se estiman ingresos por $626 millones y gastos por $141 millones, mientras que para el Fondo Fiduciario para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) se proyectan ingresos $255,8 millones que se destinarán a incrementar la inversión financiera de dicho fondo.

A partir de estos lineamientos oficiales y con el objetivo de articular la generación de energías renovables en el país, el gobierno nacional pone en marcha el primer clúster público-privado que será conformado por representantes de las provincias de San Juan, Neuquén, Mendoza, La Rioja y Río Negro.

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El organismo, presentado durante un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández, se conocerá como Clúster Renovable Nacional y su meta será la de favorecer la producción de bienes, tecnologías y servicios asociados a la generación eléctrica de fuentes renovables.

Fuentes oficiales explicaron a Economía Sustentable que el acto se llevará a cabo este martes 18 de enero en el centro de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) de la ciudad de San Juan, y, además, del gobernador local, Sergio Uñac, participarán su par de Río Negro, Arabela Carreras; los mandatarios provinciales de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Mendoza, Rodolfo Suárez y de La Rioja, Ricardo Quintela.

En tanto el Jefe de Estado asistirá acompañado por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y por el secretario de Energía, Darío Martínez.

Cómo es el acuero

Las fuentes oficiales agregaron que el nuevo ente “marca el esfuerzo transversal de cinco provincias y de las cámaras empresarias del rubro para crear un entramado productivo y tecnológico robusto con el objetivo de cumplir la Ley 27.191, sancionada y promulgada en 2015, que fija, entre otras metas, la cobertura de un 20% de la matriz eléctrica mediante fuentes renovables en el 2025”.

Agregaron que se busca retomar el diseño y desarrollo de equipamientos para la generación de energía solar fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica a nivel nacional, inicialmente, en cinco provincias que ya cuentan con avances en ese rubro.

Para el oficialista Frente de Todos, la producción nacional de este tipo de equipamiento se vio afectada en el 2016 por la política de importación que impulsó el gobierno anterior de Mauricio Macri y que terminó fracasando en el 2018.

“Desde ese año, no se han integrado nuevos parques de generación renovable”, advierten desde la Secretaría de Energía a la vez que anticipan que otro de los objetivos del Clúster será precisamente la creación de nuevos parques.

También para sinergizar totalmente las políticas nacionales actuales de reducción de importaciones de componentes (mejora balanza comercial); generación de energía limpia local (mejora cumplimiento de ley de renovables y cumplimientos ODS – compromisos país); sustitución de importaciones de combustibles fósiles y generación de mano de obra calificada y estratégica a nivel provincial y nacional.

En este marco, el ministro Kulfas, es uno de los principales propulsores de este clúster, junto al gobernador de San Juan, provincia que ha logrado que la energía solar sea la principal fuente de generación eléctrica con 16 parques de energía fotovoltaica y otros 11 proyectos adjudicados en distintas fases. Además, durante el acto se suscribirá un Acta Acuerdo con compromisos que asumen el gobierno nacional y las provincias.

En este sentido, los gobernadores facilitarán la infraestructura interna necesaria para la evacuación de la energía generada en los parques a construir bajo el marco del nuevo Clúster. En tanto el Gobierno procurará y facilitará formatos de financiamiento para el desarrollo del modelo de producción-generación planteado y los contratos para la venta de la energía generada con mercado eléctrico nacional. dicho programa.

Transformación 2030

El objetivo final es el de aprovechar los beneficios que plantea la Argentina para incrementar las fuentes de energías limpias y avanzar aceleradamente en la transición energética impulsada por el cambio climático a nivel global.

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Un escenario que permita llevar a cabo una transformación de su sector energético que posibilite articular crecimiento económico, inclusión social y cuidado medioambiental, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

En este sentido, la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) y KPMG Argentina elaboraron el informe “Energía Renovables en Argentina. Desafíos y oportunidades en el contexto de la transición energética global”.

El trabajo reclama al Gobierno la creación de un plan estratégico de transición energética a 2030 que indique la hoja de ruta para la transición energética hacia una matriz renovable y limpia, integrando el plan de inversiones requeridas para la expansión de la red de transporte.

“El proceso de planificación integral de largo plazo debe articular los esfuerzos del sector público y el sector privado en un ámbito federal, asegurando que el plan se traduce en la acción necesaria para alcanzar los objetivos de la matriz energética nacional y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país”, argumenta el paper.

El estudio de más de 120 páginas también llega a las siguientes conclusiones:

• Transición energética global. La aceleración de la transición energética observada en los países centrales está ejerciendo creciente presión sobre los países en desarrollo, entre los que se encuentra Argentina, cuyas emisiones de GEI per capita (8,4 tCO2e) son 15% más altas que el promedio de los países del G20 (7,3 tCO2e).

• Cuota de consumo renovable. El horizonte de los objetivos de la Ley 27.191 debería ser extendido a una cuota del 30% a 2030 a fin de asegurar un sendero de transición en cumplimiento con el Acuerdo de París. Esto sería especialmente relevante para dar señales de largo plazo para la toma de decisiones de inversión en el sector.

• Costos. Las energías renovables mejoraron su competitividad de forma acelerada en los últimos 10 años gracias a la notable reducción de sus costos de inversión. Si se consideran los costos de inversión necesarios para neutralizar el impacto climático de las tecnologías, las energías renovables pueden alcanzar costos nivelados de electricidad relativos más bajos. Aunque las estimaciones son inciertas, los costos de los daños provocados por las emisiones de GEI en la infraestructura económica y social podrían exceder los USD 100/tCO2 a 2050.

• Industria nacional. El país tiene una base de capacidad industrial instalada que le otorga el potencial necesario para desarrollar segmentos de fabricación de partes, ensamblado y prestación de servicios para las distintas tecnologías renovables durante todo su ciclo de vida, incluyendo los servicios de operación y mantenimiento. La participación de insumos producidos por la industria nacional sumado a la mano de obra local en proyectos solares fotovoltaicos de baja y mediana escala puede significar cerca del 65% de la estructura de costos. En proyectos bioenergéticos, los proveedores de origen nacional pueden significar hasta el 80% de la estructura de costos totales.

• Empleo de calidad. En Argentina, se crearon alrededor de 17.500 puestos de trabajo directos en energías renovables en el país a partir de la implementación del régimen de fomento de la Ley 27.191. Asimismo, la generación distribuida establecida por la Ley 27.424 tiene un alto potencial de empleo asociado a proyectos de pequeña y mediana escala en todas las provincias.

• Autoabastecimiento. La incorporación de energías renovables a la matriz eléctrica contribuye a asegurar el autoabastecimiento energético ante escenarios de baja producción local de gas natural, o bien la maximización de exportaciones energéticas en caso de que el desarrollo del gas natural se acelere en el país. En el pico de demanda invernal de julio de 2020, se registró un 38% menos de disponibilidad de gas natural para generación térmica que en el mismo mes del año anterior.

• Balanza comercial. Las energías renovables representan una oportunidad para mejorar la balanza energética del país a mediano plazo. Incluso, considerando la salida de divisas inicial por la importación de equipamiento para la instalación de capacidad renovable en país, existe una sobrecompensación de ingresos de divisas a mediano plazo por ahorro de importaciones o aumento de exportaciones de hidrocarburos. Estimaciones indican que el punto de recupero de divisas puede encontrarse entre 4 y 7 años desde la inversión en proyectos con una vida útil mínima de 20 años.

• Biometano. El aprovechamiento del potencial del biometano como sustituto de los combustibles fósiles importados requiere de un marco regulatorio apropiado. Argentina debe fomentar la producción de biometano como sustituto perfecto del gas natural de origen fósil vía gasoductos o Bio-GNL y como reemplazo del gas oil en el transporte público en la forma de Bio-GNC.

• Generación distribuida. El desarrollo de la generación distribuida es incipiente en el país y necesita acelerarse para cumplir el objetivo de 1 GW a 2030. La autogeneración en hogares y empresas es un vector clave para la incorporación de fuentes renovables a la matriz energética nacional. Es fundamental que el sistema eléctrico tienda hacia condiciones de paridad de red, así como también activar mecanismos de financiamiento (e.g. FODIS) que incentiven la adopción del sistema. Actualmente, existen poco más de 500 instalaciones conectadas a la red por 5 MW.

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• Restricción de transporte. Las limitaciones de la red de transporte son el principal desafío a corto plazo para aumentar la participación de las energías renovables en el sistema. La infraestructura de transporte actual sólo permite llegar hasta algo más de 12% de la demanda con fuentes renovables, muy por debajo del objetivo de consumo del 20% establecido por la Ley 27.191 para 2025.

• Equilibrios macroeconómicos: Argentina necesita que las tarifas eléctricas estén basadas en un esquema eficiente de subsidios segmentados que respeten la equidad y eviten errores de inclusión o exclusión de manera que existan los incentivos necesarios para el consumo racional de la energía eléctrica, mejorando la competitividad sistémica de la economía nacional. A fines de 2020, la cobertura de costos medios del sistema eléctrico ya se ubicaba en el orden del 50% (CAMMESA, 2020), implicando una asignación presupuestaria superior a USD 4.500 millones en 2020, un 59% superior al año anterior.

• Financiamiento. El acceso al financiamiento es una barrera principal al crecimiento de las energías renovables de gran escala y del sistema de generación distribuida. Argentina sólo ha recibido el 5% del volumen de inversiones realizadas en Latinoamérica entre 2008 y 2019. Teniendo en cuenta su peso relativo en la región, en términos de producto bruto y población, los niveles de inversión deberían ser significativamente mayores. Argentina debe restablecer sus equilibrios macroeconómicos para que los proyectos renovables puedan acceder a las fuentes de fondos actualmente disponibles en el mundo para financiar activos renovables, tales como préstamos climáticos y bonos verdes.

• Banca de desarrollo nacional. La relación créditos al sector privado sobre el PBI se ubica en 12,6%, siendo muy inferior al promedio de los países latinoamericanos que alcanza niveles en torno al 50% sobre el PBI. El BICE puede ser un instrumento de segundo piso determinante para mejorar la inclusión financiera y la asignación de recursos a proyectos sustentables en el país. Asimismo, la banca pública a través el Banco Nación y los bancos provinciales tienen un rol importante en la oferta de instrumentos accesibles a las Pymes.

• Integración eléctrica regional. Se necesita establecer acuerdos bilaterales o regionales para avanzar en una integración con los sistemas eléctricos de los países limítrofes, especialmente Brasil, para apalancar la complementariedad de los recursos renovables de la región a través de la diversificación geográfica y la agregación de husos horarios.