Así es la nueva estrategia de Argentina para la reducción de las emisiones de carbono

La Argentina ya ha reconocido el consenso, en la comunidad científica internacional, acerca del hecho indiscutible de que la interferencia humana sobre el sistema climático genera impactos ya observables y riesgos futuros para los sistemas humanos y naturales.

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Al respecto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) comunicó en su sexto informe de evaluación que las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) registradas en el 2019 deben reducirse en un 40 % para el 2050 a fin de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y en un 84 % para no superar 1,5 °C de calentamiento (IPCC, 2022).

Para cumplir con estas metas, el Gobierno acaba de crear la llamada “Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo a 2050”, como el conjunto de acciones de mitigación y de adaptación realizadas a largo plazo para un mejor desarrollo del clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, conforme los términos del Acuerdo de París.

“Resulta imprescindible aunar esfuerzos y construir de manera coherente, consolidada y amplia un esquema de desarrollo de largo plazo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando el compromiso y adecuación de los diversos sectores y actores de la economía y del país”, asegura en este sentido la Resolución 218/2023 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicada en el Boletín Oficial de este jueves 22 de junio para dar a conocer los contenidos de la nueva estrategia oficial.

La norma obliga a la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación a establecer, en un plazo de 180 días, los lineamientos generales de la estructura de gobernanza, incluyendo las instancias de participación de la sociedad, que generen los espacios de articulación para la elaboración y actualización; la base metodológica y los enfoques; el esquema de financiamiento y; la estrategia de comunicación, educación y sensibilización.

La norma remarca los compromisos asumidos por la Argentina para encarar un plan a largo plazo de reducción de emisiones de carbono que contengan los siguientes preceptos:

• Hacer esfuerzos en pos de alcanzar la neutralidad en emisiones de GEI para el 2050 en todos los sectores de la economía. La meta se alcanzará mediante la reducción progresiva de las emisiones de GEI y la promoción y fortalecimiento de los sumideros. El camino a la neutralidad será definido en forma tal que sea compatible con las necesidades de desarrollo humano, inclusión social y erradicación de la pobreza.
• Disminuir las vulnerabilidades mediante la mejora de las capacidades institucionales y el fortalecimiento de las infraestructuras y servicios, y aumentar la capacidad de adaptación de los sistemas productivos.
• Fortalecer la resiliencia de los diferentes sectores sociales, económicos y ambientales, a través de medidas que integren y prioricen las comunidades y grupos sociales en situación de vulnerabilidad e incorporen el enfoque de género y la equidad intergeneracional.
• Generar las condiciones necesarias para aumentar el conocimiento y mejorar la percepción de las argentinas y los argentinos frente a los impactos del cambio climático, promoviendo el cambio cultural hacia una ciudadanía responsable, participativa e involucrada que permita responder solidariamente al desafío urgente de proteger el planeta.

En este sentido, la Argentina entiende que el apoyo que brinden los países desarrollados será fundamental para concretar esta estrategia nacional y generará, simultáneamente, significativos beneficios globales.

Prioridades y riesgos

El país además identificó, en conjunto con los gobiernos provinciales, los riesgos prioritarios que pueden afectar de manera general o bien a todo el territorio nacional, o bien a ciertas regiones del país.

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Los mismos serán tenidos en cuenta con un enfoque macrosistémico, orientado a la transformación de sistemas, para el desarrollo de la nueva estrategia, a fin de definir prioridades de gestión a largo plazo. Las prioridades identificadas son:

• 1) Transformación del sistema energético: alcanzar una matriz energética más limpia y eficiente, a través de un cambio estructural en los sistemas de abastecimiento y utilización de la energía. Esta línea contempla cambios tecnológicos y modificaciones tanto en la forma en la que se genera energía como en hábitos y comportamientos arraigados en la forma en que la energía es usada, con las políticas de eficiencia y ahorro energético como ejes centrales de la descarbonización de la demanda doméstica. El proceso de transformación abre oportunidades para la diversificación de la matriz energética, el desarrollo tecnológico, la robustez de nuestra balanza de pagos, el fortalecimiento de la economía, la creación de nuevas cadenas de valor y el desarrollo territorial a través de un sistema más descentralizado y, por lo tanto, más resiliente a los impactos del cambio climático.

• 2) Transformación del sistema alimentario y forestal: las acciones a promover deberán priorizar fundamentalmente la salvaguarda de la seguridad y soberanía alimentaria, así como reducir la vulnerabilidad de sus sistemas de producción ante los impactos del cambio climático.

• 3) Transformación del sistema de transporte: promover este cambio requiere un análisis sistémico y circunstanciado, que contemple su gestión, revisión y planificación basándose en el enfoque evitar–cambiar–mejorar y en el aumento de su resiliencia.

• 4) Transformación del sistema productivo industrial: son necesarios profundos cambios estructurales en los patrones de consumo y producción, en un contexto de recuperación económica nacional y global. Esta línea estratégica apunta a integrar las componentes macroeconómica, social y ambiental, implementando políticas y mejoras en la competitividad del desarrollo productivo nacional, que promuevan la reducción de las emisiones de GEI y el aumento de la resiliencia del sistema productivo nacional.

• 5) Transformación de sistema urbano y territorial: políticas que incorporen criterios de cambio climático en la planificación y ejecución de las obras públicas; que contribuyan a la consolidación de ciudades inclusivas, compactas, resilientes y biodiversas; que promuevan una gestión integral de recursos hídricos, garantizando el acceso al agua y a servicios de saneamiento.

• 6) Protección y restauración de los sistemas naturales: fortalecer las políticas y medidas para evitar la destrucción o degradación y promover la conservación de ecosistemas ricos en carbono y biodiversidad, de modo de garantizar su integridad ecológica y mantener sus funciones y servicios ecosistémicos.

Acceso a mayor financiamiento

A estos compromisos se suma el diseño e implementación de un conjunto de acciones e instrumentos orientados a facilitar el financiamiento de la ELP considerando, en el marco de las circunstancias nacionales: el fortalecimiento y desarrollo de instrumentos económicos, financieros y no financieros; la articulación con el sector privado y las propuestas para fomentar y alinear los objetivos de la política climática nacional con mecanismos de cooperación internacional tendientes a cerrar brechas tecnológicas y garantizar acceso a financiamiento justo.

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“Los riesgos climáticos que enfrenta la Argentina suponen un importante esfuerzo financiero para el país durante los próximos años. Una inversión de la magnitud necesaria para hacerles frente requerirá de mecanismos de financiamiento específicos e innovadores con diversas fuentes de financiamiento, incluido el Estado nacional, la banca multilateral, los fondos climáticos internacionales y el sector privado”, asegura en sus objetivos la estrategia oficial.

Además, hace referencia a lo “esencial” del apoyo del sector privado, “que ha de jugar un rol significativo en el apoyo a la implementación de la ELP”.
Señala que las empresas y otras instituciones privadas deberán incorporar variables climáticas en sus decisiones de negocio e inversiones, lo que las volverá más resilientes y acercará sus procesos a objetivos de sostenibilidad.

Finalmente, la norma advierte que la movilización de los recursos necesarios para implementar las medidas de largo plazo, considerando las circunstancias nacionales, las capacidades y las necesidades de desarrollo priorizadas por el país, vuelve imprescindible contar con financiamiento internacional adicional y/o fondos que no impliquen un incremento en los compromisos de pago de deuda del país, como así también acceder a mecanismos de transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades.

El financiamiento internacional también es tenido en cuenta por el Gobierno por entender que se convierte “en un elemento central de la acción climática. Los mecanismos actuales de financiamiento climático resultan insuficientes y las corrientes de fondos no son adecuadas ni previsibles para cubrir las necesidades crecientes de financiamiento para afrontar la crisis climática global”.

El nuevo financiamiento deberá obtenerse con plazos y tasas lo más beneficiosos posibles, que permitan contribuir a un desarrollo sostenible a largo plazo.
Se espera de los organismos financieros internacionales para el desarrollo que no solo otorguen préstamos, sino también que actúen movilizando recursos concesionales y no reembolsables con procesos ágiles y transparentes.

En cuanto al financiamiento para la adaptación y la resiliencia, la Argentina promueve a nivel internacional la búsqueda de mayor movilización de fondos orientados hacia procesos de implementación de las políticas públicas nacionales.

Es por esto que es importante impulsar en la agenda internacional los cambios necesarios en la arquitectura financiera internacional, en pos de garantizar una liquidez adecuada hacia los países en desarrollo.