Así en Chile buscan ponerle fin a los delitos económicos y ambientales
Gabriel Boric, presidente de Chile, promulgó la ley relacionada con delitos económicos y agresiones al medioambiente, con el objetivo de abordar la impunidad en cuestiones económicas. Boric subrayó la oportunidad que esta iniciativa brinda para “sancionar de manera más eficaz delitos que han causado un gran daño en la sociedad”.
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En un mensaje en Twitter, Boric expresó: “Hoy es un día significativo: promulgamos la Ley sobre Delitos Económicos y Medio Ambientales, que va a permitir sancionar de mejor manera delitos que tanto daño han causado en nuestra sociedad. Con esta ley, impulsamos un Chile más justo y confiable para todas y todos, entregando sanciones a quienes se las merecen”.
El recién aprobado cuerpo legal, que enfrentó intentos de impugnación por parte del sector empresarial ante el tribunal Constitucional, introduce un enfoque distinto hacia la criminalidad económica en comparación con la delincuencia común. Esto se debe a la reconocida capacidad de la primera para causar daños sociales de gran magnitud.
En el Palacio de La Moneda, durante el acto de promulgación, el mandatario afirmó: “Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia cómo los llamados delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos, aun cuando involucran grandes sumas de dinero”.
Actos de colusión en los precios de medicamentos, pollos, papel higiénico y financiamiento ilegal de la política, entre otros, fueron castigados con penas inadecuadas, incluyendo la obligación para los empresarios de asistir a clases de ética.
Cómo es la ley que combate los delitos ambientales en Chile
Boric también mencionó la percepción de la ciudadanía sobre la existencia de “dos justicias”, una para los ricos y otra para los pobres, y llamó a trabajar para cambiar esta perspectiva.
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El presidente enfatizó que la promulgación de esta legislación es un paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones. La nueva ley introduce un enfoque novedoso en la determinación de multas, utilizando el concepto de “días-multa”, que se calcula en función del ingreso promedio diario del condenado.
Este sistema permite que las multas oscilen desde media Unidad Tributaria Mensual (aproximadamente 38 dólares) hasta un máximo teórico de casi 23,4 millones de dólares para personas naturales, sin considerar los delitos cometidos por empresas como personas jurídicas.
La secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, también destacó la importancia de esta nueva ley. Subrayó que esta legislación permitirá combatir la impunidad económica, prevenir la comisión de delitos de cuello y corbata, establecer delitos ambientales para proteger el ecosistema y crear un sistema especial de penas, inhabilidades y multas para la criminalidad económica. Concluyó que esto representa un gran avance en términos de justicia, probidad y medio ambiente.
