La Legislatura de Río Negro aprobó una nueva regulación para la faena, transporte y comercialización de productos y subproductos cárnicos en la provincia. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo 35 votos afirmativos y 6 negativos y establece un régimen integral de habilitaciones sanitarias para establecimientos y vehículos vinculados con la actividad. La nueva normativa reemplaza regulaciones anteriores consideradas técnicamente obsoletas y busca unificar los estándares aplicables al sector frente al crecimiento de la población y la actividad productiva. La Legislatura de Río Negro aprobó una nueva regulación para la faena, transporte y comercialización de productos cárnicos, con nuevas habilitaciones sanitarias y una división de competencias entre Provincia y municipios Uno de los principales cambios está relacionado con la distribución de competencias. La Provincia tendrá a su cargo la fiscalización del tránsito provincial, mientras que los municipios conservarán las tareas de control dentro de sus respectivas jurisdicciones, bajo los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino. Durante el debate, el legislador Gustavo San Román (JSRN), miembro informante del proyecto, sostuvo que la norma permite resolver vacíos legales y delimitar las responsabilidades entre los distintos niveles del Estado. Además, destacó que el objetivo central es garantizar la inocuidad de los alimentos. Entre las disposiciones incorporadas se encuentra la posibilidad de trasladar carne vacuna y ovina destinada al autoconsumo, un reclamo histórico de los crianceros de la provincia. Para hacerlo, deberán contar con una guía y presentar el cuero marcado o señalado como mecanismo para acreditar la propiedad del animal. Nueva ley de faena y control sanitario en Río Negro La iniciativa también incorpora disposiciones vinculadas con el procesamiento de fauna silvestre. Según sus impulsores, la medida apunta a generar trazabilidad sobre el jabalí y favorecer el desarrollo de actividades de elaboración artesanal. Este punto fue uno de los principales focos de discusión durante el tratamiento legislativo. Magdalena Odarda (Vamos con Todos) rechazó la propuesta al considerar que representa un retroceso ambiental y que promueve la mercantilización de la fauna autóctona. La legisladora sostuvo que la iniciativa carece de sustento científico, vulnera el Acuerdo de Escazú y podría alterar el equilibrio ecológico. En una posición similar, Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) acompañó el proyecto en general por considerar que beneficia a pequeños productores y crianceros, pero cuestionó específicamente el artículo 15, referido al procesamiento comercial de especies nativas. También Alejandra Mas (PJ-NE) respaldó la iniciativa en general por la simplificación de los mecanismos de autoconsumo y la fiscalización conjunta, aunque pidió que el artículo 15 fuera votado de manera separada ante la falta de certezas sobre el tratamiento de la fauna silvestre. Por su parte, Fernando Frugoni (CC ARI) apoyó el proyecto en general por considerar que contribuye a mejorar la trazabilidad de la producción cárnica, pero planteó excluir a las especies nativas de cualquier esquema de comercialización. Anticipó que rechazaría el artículo 15 si no se limita su aplicación a la fauna exótica. El legislador Fabián Pilquinao (Vamos con Todos) también votó a favor del proyecto en general y señaló que la regulación responde a una demanda histórica de los habitantes de la Región Sur. Sin embargo, adelantó su rechazo al artículo cuestionado y reclamó mayor inversión estatal para acompañar al sector. Debate por el procesamiento de fauna silvestre El proyecto generó cuestionamientos por el artículo que contempla el procesamiento de fauna silvestre, con sectores opositores que advierten sobre posibles riesgos ambientales y el oficialismo que defiende su trazabilidad y control Desde el oficialismo defendieron la inclusión de la fauna silvestre dentro del nuevo régimen. La legisladora Soraya Yauhar (JSRN) sostuvo que la faena de especies nativas estará sujeta a planes nacionales de manejo y aseguró que no existe riesgo de explotación. En tanto, Juan Murillo Ongaro (PRO) respaldó la iniciativa y destacó las exigencias sanitarias destinadas a prevenir enfermedades y garantizar la seguridad alimentaria. También cuestionó a quienes, según afirmó, generan temor a través de las redes sociales sin presentar alternativas para formalizar la actividad. El presidente del bloque oficialista, Facundo López (JSRN), también rechazó las críticas y denunció una campaña de desinformación contra la iniciativa, basada en mensajes predeterminados y amenazas telefónicas. El legislador sostuvo que la norma no modifica las medidas de protección de la fauna y remarcó que su objetivo es garantizar la salubridad de los alimentos y terminar con las contradicciones existentes entre las distintas jurisdicciones. Además, López destacó que el nuevo régimen busca beneficiar a pequeños productores y fortalecer los controles sobre el transporte de productos cárnicos mediante patrullas policiales en las rutas. Así, la nueva legislación deja planteado un escenario de tensión entre dos objetivos que atravesaron todo el debate: por un lado, la intención oficial de modernizar y formalizar la actividad cárnica, mejorar la trazabilidad y facilitar el autoconsumo; por otro, las advertencias de sectores opositores sobre las posibles consecuencias ambientales de habilitar el procesamiento y eventual comercialización de fauna silvestre. La norma fue finalmente sancionada por mayoría, aunque el tratamiento del artículo 15 concentró buena parte de las diferencias entre los bloques y dejó abierta la discusión sobre los límites que deberá tener la utilización comercial de las especies nativas en Río Negro.
