La contaminación del Parque Industrial de Gualeguaychú expone las fallas del control ambiental
La clausura preventiva de la planta de efluentes del Parque Industrial y el procesamiento de directivos de CODEGU volvieron a poner en el centro de la escena un conflicto que lleva décadas y enfrenta empleo, producción y protección ambiental.
La contaminación vinculada al Parque Industrial Gualeguaychú (PIG) volvió a quedar en el centro de la discusión luego de que la Justicia Federal ordenara la clausura preventiva de su Planta de Tratamiento de Efluentes y dispusiera la indagatoria de presidentes y exdirectivos de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU).
El conflicto pone nuevamente frente a frente a los principales actores involucrados en el desarrollo industrial de la ciudad: las empresas radicadas en el parque, la Corporación del Desarrollo que administra el predio, las autoridades municipales responsables del control ambiental y los vecinos que viven en las zonas afectadas.
El Parque Industrial fue creado en 1974 con el objetivo de frenar la emigración de jóvenes y diversificar la economía local luego de la crisis del Frigorífico Gualeguaychú. El proyecto se consolidó mediante el Decreto Municipal N° 157/75 y el Decreto Provincial N° 417 S.E.P. y se emplazó sobre un predio de 214 hectáreas ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 14 y el Acceso Sur.
Desde su diseño original, el complejo contemplaba una Planta de Tratamiento de Efluentes. Sin embargo, con el crecimiento de la actividad industrial, la infraestructura habría quedado progresivamente superada por el volumen y las características de los residuos generados por las empresas instaladas.
El parque llegó a concentrar industrias de distintos rubros, entre ellas metalúrgicas, fábricas de baterías y empresas químicas. A los residuos industriales se sumaron además los desechos cloacales generados por la importante cantidad de trabajadores que desarrollan sus actividades en el predio.
Contaminación del Parque Industrial Gualeguaychú y el impacto en el río
El problema ambiental tiene además una larga historia de reclamos vecinales. Los primeros en denunciar las consecuencias de los efluentes fueron habitantes del barrio Don Pedro, ubicado en las inmediaciones del Parque Industrial.
Durante años, los vecinos denunciaron el tránsito de aguas contaminadas a través de la Cañada de Sánchez hacia el Arroyo Gualeyan y posteriormente hacia el río Gualeguaychú. Según el planteo, los vertidos desembocaban en el río antes de la toma de agua utilizada para la potabilización.
En los últimos meses se modificó el lugar de descarga de los efluentes y el volcado pasó a realizarse aguas abajo de la ciudad. Sin embargo, quienes cuestionan el sistema sostienen que la modificación no resuelve el problema debido al comportamiento del río durante las denominadas sudestadas, que pueden generar un reflujo hacia sectores ubicados aguas arriba.
La preocupación se incrementa por la composición de los efluentes. De acuerdo con los elementos mencionados en la causa judicial, los análisis detectaron contaminación fecal y presencia de metales pesados por encima de los valores permitidos, además de una carga química y orgánica asociada a los residuos líquidos generados por las industrias.
La discusión excede así el funcionamiento de una planta de tratamiento. El planteo central es si la infraestructura existente tiene capacidad suficiente para procesar los residuos generados por el conjunto de las industrias y garantizar que los efluentes tratados cumplan con los parámetros ambientales exigidos.
En ese contexto, los vecinos quedan expuestos a las consecuencias de un conflicto en el que las responsabilidades se distribuyen entre empresas, autoridades públicas y organismos encargados de administrar el Parque Industrial.
Justicia Federal ordenó clausurar la planta de efluentes del PIG
El episodio más reciente se produjo a partir de una resolución del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, que ordenó la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial e indagar a presidentes y exdirectivos de CODEGU.
Según los elementos señalados en la investigación, la decisión judicial se tomó luego de detectar contaminación de origen fecal y presencia de metales pesados por encima de los valores permitidos.
La respuesta de la Corporación del Desarrollo fue rechazar el planteo y anunciar que apelará la medida. En un comunicado difundido luego de conocerse la resolución, CODEGU sostuvo que la planta “funciona de manera correcta” y anunció que sus asesores legales trabajarían en la presentación correspondiente para evitar que la clausura se haga efectiva.
La entidad también advirtió sobre las consecuencias económicas que tendría una eventual interrupción del funcionamiento de la planta.
“La corporación sostiene que las instalaciones operan bajo los parámetros adecuados y advirtió de manera interna a las 28 instituciones miembros y a las empresas radicadas que detener la planta obligaría a todo el complejo industrial a frenar su producción”.
El argumento expone uno de los principales dilemas que atraviesan al conflicto: una eventual clausura de la planta podría obligar a detener la actividad de las industrias radicadas en el parque, con consecuencias directas sobre el empleo y la economía de Gualeguaychú.
Pero el problema ambiental tampoco puede quedar reducido a una discusión entre producción y puestos de trabajo. Durante décadas, los vecinos denunciaron los efectos de los efluentes y ahora la intervención de la Justicia Federal volvió a colocar el funcionamiento del sistema de tratamiento bajo escrutinio.
La tensión resulta especialmente significativa para una ciudad cuyo desarrollo económico estuvo históricamente vinculado a la participación de organizaciones locales. CODEGU nació como una iniciativa destinada a promover el desarrollo económico y la generación de empleo y tuvo un papel central en la creación y consolidación del Parque Industrial.
El escenario actual plantea, sin embargo, un interrogante difícil de esquivar: cómo sostener la actividad industrial sin trasladar sus costos ambientales a la población.
El conflicto del PIG refleja así una disputa más amplia en la que aparecen enfrentados intereses económicos, empleo, control estatal y protección ambiental. Mientras la Justicia determina las responsabilidades que pudieran corresponder, los habitantes de Gualeguaychú vuelven a quedar en el centro de una discusión que comenzó hace décadas y que todavía no encuentra una solución definitiva.
