Uno de los despliegues policiales más importantes de los últimos tiempos sacudió el departamento salteño de Cachi el viernes pasado. Más de 500 efectivos de Infantería y distintas dependencias policiales partieron a primera hora hacia Las Pailas, una zona rural ubicada al pie del Nevado de Cachi, que forma parte del territorio ancestral de la comunidad indígena Diaguita Kalchakí Las Pailas. Debían ejecutar una orden de desalojo sobre cuatro hectáreas cuya propiedad reclaman Florencia, Carolina y Oscar Wayar, familiares del ex vicegobernador justicialista Walter Wayar. Sin embargo, el procedimiento terminó afectando unas 44 hectáreas y a otras cinco familias de la comunidad. Recién avanzada la tarde, la policía se retiró del lugar dejando tras de sí viviendas violentadas y animales dispersos, en un caso que expone la vulneración de los derechos indígenas frente a los intereses privados sobre sus territorios. “La policía rompía las puertas de las familias, sacaba nuestras cosas y corría a los animales hacia los cerros. Perdimos un montón de animales y nos da miedo perder también las cosechas que tenemos”, relató a Economía Sustentable Héctor Fabián, miembro y referente de la comunidad. La sentencia que dio origen al desalojo quedó firme 13 años atrás, en 2013, tras la denuncia realizada por los Wayar a Agustín Mamani, un miembro de la comunidad, porque había terminado el contrato de arriendo que mantenía sobre cuatro hectáreas. Un operativo con más de 500 policías desalojó a familias de la comunidad Diaguita Kalchakí Las Pailas en Salta, aunque la orden judicial alcanzaba solo cuatro hectáreas y terminó afectando unas 44, según denuncian sus integrantes y abogados Sin embargo, durante todos estos años la disposición judicial quedó pausada debido a la vigencia de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que suspendía los desalojos sobre tierras ocupadas tradicionalmente por las las comunidades. Es con la derogación de esta importante política pública de reconocimiento territorial indígena por decreto del gobierno de Javier Milei en 2024 que volvió a reactivarse la sentencia, aunque los abogados defensores de la comunidad se han presentado ante la justicia planteando su prescripción. Este medio pudo acceder a los expedientes y constatar que la sentencia en cuestión se centra específicamente en Agustín Mamani condenándolo a entregar a los Wayar “cuatro hectáreas dentro de un inmueble rural de mayor extensión”. Sin embargo, el oficio por el cual se ejecutó la orden el viernes pasado carece de precisiones respecto del área y “autoriza a la fuerza pública en caso de ser necesario” al desalojo “del demandado y/o cualquier otro ocupante del inmueble en cuestión”. La interpretación de ese documento constituye hoy uno de los principales puntos de controversia entre la comunidad y las autoridades que intervinieron en el operativo. Según contó Héctor Fabián, cuando los efectivos comenzaron a avanzar sobre sectores que la comunidad consideraba ajenos al litigio, los vecinos intentaron frenar el procedimiento y advirtieron que la medida excedía lo dispuesto por la sentencia. De acuerdo con su relato, el jefe del operativo se comunicó telefónicamente con la jueza interviniente, María Fernanda Diez Barrantes, quien sin embargo ratificó la continuidad del desalojo. Por eso, la abogada de la comunidad, Verónica Huber, rechaza que lo ocurrido pueda atribuirse a una simple confusión. Según sostuvo a Economía Sustentable, para ella el oficio fue redactado de manera deliberadamente ambigua en pos habilitar un lanzamiento más amplia sobre toda la comunidad. “Incluso se eligió un fin de semana de tres días para dificultar aún más el poder hacer valer los derechos de las personas que fueron desalojadas. La ilegalidad es manifiesta, pero no la podemos plantear hasta el martes”, afirmó. La familia Wayar La comunidad sostiene que el procedimiento fue ilegal y que se reactivó tras la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, mientras la Justicia investiga un conflicto por tierras que también involucra a la familia Wayar y presuntos intereses privados sobre el territorio ancestral En Salta, Wayar es un apellido asociado al Partido Justicialista. Walter Wayar —quien, según afirma la comunidad, sería primo hermano de los denunciantes— ha sido vicegobernador de la provincia, intendente de Cachi y diputado y senador provincial por el justicialismo. Además, una de las denunciantes, Florencia Wayar, es funcionaria del Ministerio Público Fiscal, institución que también interviene en el proceso en curso contra la comunidad. Además de poder político la familia mantiene una presencia histórica en Cachi y vínculos con la actividad agropecuaria en los Valles Calchaquíes, siendo señalada como propietaria de distintas tierras rurales de la zona. Como parte de esa herencia familiar, Florencia, Carolina y Oscar Wayar reclaman la propiedad de algunas hectáreas en Las Pailas que, sin embargo, han sido incluidas y reconocidas como de posesión de la comunidad Diaguita Kalchakí en el relevamiento territorial realizado por el Estado en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena en el año 2014. “Ellos no saben nada del territorio, no son capaces de reconocer cuáles son los espacios de los que creen ser dueños porque nunca los vivieron”, dijo el referente indígena Hector Fabián. Además, lamentó que la intención de los Wayar sea desalojarlos para una posible explotación económica del lugar: “No dudamos que por ahí sus aspiraciones sean generar un negocio inmobiliario o de darle vía a la actividad minera, sin saber ni entender que todos estos espacios son ambientalmente valiosos porque estamos en las nacientes del Nevado de Cachi, pero también son lugares sagrados para nosotros. Aquí hay sitios arqueológicos y de memoria”, señaló. Violencia ante la desprotección legal La disputa entre la comunidad de Las Pailas y los Wayar se remonta al 2013, cuando la Justicia salteña ordenó desalojar a Agustín Mamani por el vencimiento de un “contrato de arriendo” sobre cuatro hectáreas que el miembro de la comunidad habría firmado en el 2001. La abogada Verónica Huber explicó que la firma de ese tipo de contratos siempre fue una práctica habitual en la provincia: “Muchos titulares registrales que tienen las escrituras pero no la posesión de las tierras les hacían firmar a gente que quizás no sabe leer ni escribir, contratos para poder pastar o utilizar tierras que, paradójicamente, siempre fueron habitadas por ellos mismos y sus familias”. Como al momento de la mencionada sentencia estaba vigente la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que suspendía los desalojos de comunidades hasta que se completara el relevamiento estatal de sus territorios ancestrales, la misma quedó en suspenso. Al intervenir en el caso, la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial estableció que, de verificarse que las cuatro hectáreas en disputa formaban parte del territorio de la comunidad Diaguita Kalchakí Las Pailas, el desalojo se suspendería mientras durara la emergencia territorial. Según explicó Huber, esa situación terminó de definirse poco después. En 2014, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) concluyó el relevamiento territorial de Las Pailas y reconoció la ocupación ancestral de la comunidad sobre el territorio que incluía las cuatro hectáreas reclamadas por la familia Wayar, por lo que la sentencia quedó frenada todos estos años. Pero en diciembre de 2024 a través del DNU 1083/2024, el gobierno de Javier Milei derogó la última prórroga de la Ley 26.160 y declaró finalizada la emergencia territorial antes de la fecha prevista (noviembre 2025), dejando sin efecto la suspensión de desalojos establecida por la ley. Así, después de más de trece años sin ningún movimiento en el expediente, se reactivó el desalojo sobre Agustín Mamani, en un operativo policial que contradijo la sentencia inicial y se extendió ilegalmente hacia toda la comunidad. Desalojo ilegal y prescripto Señala la abogada Huber que el problema no fue sólo cómo se llevó a cabo el operativo, sino que se basó en una sentencia del año 2013 que ya prescribió. “Según el Código Civil la prescripción de las sentencias es de 5 años y aquí pasaron 13”, resaltó la letrada. Además, aclaró que durante la semana previa al desalojo el Instituto Provincial de Pueblos Originarios (IPPIS), la Subsecretaría de Asuntos Indígenas de la provincia y la senaduría provincial y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hicieron distintas presentaciones ante la justicia para evitar lo sucedido. Sin embargo, la jueza interviniente las rechazó ya que consideró que la comunidad “es un tercero que no puede tener parte en el proceso judicial”. Pese a los plazos vencidos, el desalojo se llevó adelante afectando a adultos mayores, niñas, niños y hasta “una familia con una persona discapacitada que no tiene a dónde ir y que le resulta muy complicado trasladarse de esa manera”, sostuvo Huber. Es por ello que el abogado Martín Plaza interpuso el pasado domingo un Habeas Corpus Preventivo en favor de los integrantes de este grupo familiar. Además, durante el fin de semana también se pronunció el CONICET y distintas unidades académicas en repudio de lo sucedido, denunciando el avasallamiento y vulneración de los derechos y garantías legales de la comunidad. También se manifestaron en contra la Mesa de Derechos Humanos de Salta, la Asociación Miguel Ragone y la Liga por los Derechos Humanos. Con el acompañamiento instituciones científicas, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, la comunidad permanece en estado de alerta y asamblea permanente, afirmando públicamente: “No es solo el despojo de una vivienda. Es la negación de una identidad, de un sistema de vida y de un derecho conquistado con décadas de lucha”.
