Pesca de calamar: la Provincia cuestiona la ampliación de la flota y alerta por riesgos ambientales y perjuicios para Mar del Plata
El gobierno bonaerense pidió suspender la incorporación de hasta 18 nuevos buques poteros aprobada por el Consejo Federal Pesquero. Denuncia falta de estudios científicos, irregularidades en el procedimiento y un esquema que perjudica la competitividad del principal polo pesquero del país.
La decisión del Consejo Federal Pesquero (CFP) de habilitar la incorporación de hasta 18 nuevos buques poteros para la captura de calamar (Illex argentinus) abrió un nuevo frente de conflicto entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense presentó un recurso de reconsideración para solicitar la revocación de la Resolución 6/2026 y reclamó la suspensión inmediata de sus efectos hasta contar con evidencia científica que garantice la sustentabilidad del recurso.
La presentación fue realizada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien cuestionó tanto el procedimiento utilizado para aprobar la medida como sus fundamentos técnicos y ambientales. Según sostuvo, la iniciativa fue incorporada, debatida y votada en una misma reunión del CFP, sin que sus integrantes contaran previamente con toda la documentación necesaria para realizar un análisis adecuado.
Para la Provincia, la ampliación de la capacidad extractiva carece de respaldo científico suficiente y podría generar impactos sobre los distintos stocks de calamar que habitan el Mar Argentino, una de las especies más relevantes para la actividad pesquera nacional.
Falta de estudios científicos sobre el impacto de nuevos buques pesqueros
Uno de los principales cuestionamientos del gobierno bonaerense apunta a la ausencia de investigaciones específicas que permitan evaluar las consecuencias de sumar nuevas embarcaciones a la pesquería de calamar.
Si bien la Resolución 6/2026 se apoya en un informe elaborado por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), desde la Provincia consideran que dicho documento no aporta evidencia suficiente para justificar una expansión de la flota.
Rodríguez argumentó que la medida contradice el principio precautorio consagrado tanto en la Constitución Nacional como en la Ley General del Ambiente, que establece la obligación de actuar con prudencia cuando existen incertidumbres científicas respecto de posibles daños ambientales.
En ese sentido, el funcionario sostuvo que la falta de información no puede utilizarse como argumento para avanzar con una mayor explotación de los recursos marinos, sino que debe conducir a mayores niveles de protección y control.
La preocupación se centra en que no existen estudios específicos sobre el impacto acumulativo que podría tener el aumento del esfuerzo pesquero sobre la población de calamar, ni análisis que permitan determinar con precisión los riesgos para la conservación de la especie a mediano y largo plazo.
Mar del Plata denuncia una pérdida de competitividad frente a otras provincias
Además de las objeciones ambientales, la Provincia cuestionó el sistema de puntuación territorial establecido por la resolución para asignar los nuevos permisos de pesca.
Según el esquema aprobado por el CFP, los proyectos que desembarquen sus capturas en Tierra del Fuego recibirán 30 puntos, los de Santa Cruz 25, los de Chubut 20, los de Río Negro 15 y los de Buenos Aires apenas 10.
Para el gobierno bonaerense, esta diferencia carece de fundamentos técnicos o jurídicos y genera una ventaja competitiva para determinadas jurisdicciones en detrimento de Buenos Aires, donde se encuentra Mar del Plata, el principal polo pesquero e industrial del país.
La presentación sostiene que las empresas vinculadas al complejo pesquero bonaerense deberán realizar mayores inversiones y afrontar costos adicionales para alcanzar puntajes similares a los obtenidos por proyectos radicados en otras provincias, lo que podría afectar la competitividad de una actividad clave para la economía regional.
La controversia adquiere especial relevancia porque el propio CFP argumentó que la incorporación de nuevos buques podría generar cerca de 600 puestos de trabajo directos a bordo y producir un “impacto positivo en toda la cadena industrial vinculada al procesamiento de pescado en tierra”.
Sin embargo, desde la Provincia advierten que, bajo las condiciones establecidas por la resolución, una parte importante de esos beneficios podría concentrarse fuera de Buenos Aires.
Por estos motivos, Rodríguez solicitó que se deje sin efecto la Resolución 6/2026 o, de manera subsidiaria, que se suspenda su aplicación hasta que existan estudios científicos, técnicos y ambientales que permitan garantizar la conservación del recurso y una distribución equitativa de las oportunidades productivas entre las distintas jurisdicciones pesqueras del país.
