Ya es sabido que la Argentina busca convertirse en uno de los nuevos grandes jugadores del cobre mundial a partir de una gran cantidad de proyectos locales e internacionales que prometen desembolsar millonarias inversiones en gran parte del territorio nacional. Uno de esos megaproyectos sobre los que se apoya esa estrategia de la administración que lidera el presidenteJavier Mileideberá superar un examen que va más allá de las reservas minerales, la inversión prometida y los dólares que podría generar por exportaciones. Se trata de Taca Taca, el gigantesco plan de cobre que el grupo de origen canadiense First Quantum Minerals impulsa en la provincia de Salta. El desarrollo será sometido a una revisión de sus riesgos ambientales y sociales por parte de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del Banco Mundial especializado en inversiones y financiamiento al sector privado. El proceso aparece en un momento clave para el emprendimiento si se tiene en cuenta que sus dueños estiman una inversión total de u$s5.250 millones para avanzar con el desarrollo de una mina de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto en la Puna salteña. La cifra fue informada en marzo pasado después de una reunión entre el CEO de la compañía, Tristan Pascall, y el canciller argentino Pablo Quirno. Esto muestra que la dimensión económica del proyecto es enorme, así como su potencial impacto territorial y ambiental. El megaproyecto de cobre de Argentina que quedó bajo la lupa del Banco Mundial. Y allí aparece la principal novedad ya que, mientras el Gobierno y la empresa destacan el ingreso de capitales, las exportaciones y la creación de empleo, ya que la CFI pondrá el foco sobre la otra cara del megaproyecto. El organismo acaba de publicar en su sitio oficial que avanzará con una revisión y análisis de sus potenciales impactos sobre el ambiente natural y las comunidades, además de cuestiones vinculadas con salud, seguridad y riesgos sociales. Con este paso, queda claro que el ente internacional no llega para otorgar una aprobación automática o para reemplazar los controles ambientales que corresponden a las autoridades argentinas. Su tarea será revisar los planes de la minera, buscar brechas respecto de sus estándares internacionales y establecer qué medidas deberían aplicarse para reducir los riesgos. Para una mina proyectada para operar durante 35 años, esta investigación no se trata de una formalidad. Por qué quedó bajo la lupa del Banco Mundial El acuerdo de colaboración comprende a First Quantum Minerals y Corriente Argentina S.A., la sociedad vinculada al desarrollo local deTaca Taca. Según se desprende de la información divulgada sobre el proyecto de colaboración número 610386, la CFI brindará asistencia para intentar alinear el emprendimiento con sus estándares ambientales y sociales. Se trata de un paso que puede resultar relevante para acceder en el futuro a financiamiento y alianzas internacionales. En este sentido, el trabajo comenzará con una visita al sitio y una evaluación general de los riesgos ambientales y sociales. Argentina busca convertirse en uno de los nuevos grandes jugadores del cobre mundial. El equipo especializado de la CFI analizará los posibles impactos de la futura mina sobre el ambiente natural y las comunidades circundantes. También revisará los planes y estrategias preparados por First Quantum para determinar si existen brechas entre lo que la compañía proyecta hacer y los requisitos exigidos por el organismo. La revisión incluye además el análisis de los planes de acción actuales, la documentación relacionada y el grado de avance en su implementación.A partir de ese diagnóstico, la CFI podrá elaborar recomendaciones y establecer prioridades para reducir las incertidumbres vinculadas con los principales riesgos ambientales y sociales. Si aparecen brechas, el acuerdo contempla además asistencia para identificar y seleccionar consultores especializados, revisar propuestas técnicas y acompañar la aplicación de los planes correctivos. En otras palabras, el organismo financiero internacional revisará dónde están los puntos débiles del megaproyecto y qué debería corregirse. La intervención excluye expresamente la preparación del informe de Evaluación de Impacto Ambiental y Social. Por lo tanto, la colaboración no puede ser presentada como una aprobación ambiental del proyecto ni como un reemplazo de las obligaciones regulatorias que Taca Taca deberá cumplir en la Argentina. Tampoco supone, por sí sola, un compromiso de financiamiento pero la participación de un organismo del Grupo Banco Mundial puede otorgar reputación internacional al proyecto. Qué hay detrás del proyecto de cobre Taca Taca El emprendimiento está ubicado en la provincia de Salta, a unos 55 kilómetros de la frontera con Chile. First Quantum define el depósito como apto para una explotación convencional a cielo abierto de gran escala y sostiene que los estudios de línea de base ambiental y social se encuentran avanzados, junto con el proceso de conversaciones con comunidades y autoridades. La actualización técnica presentada por la minera contempla una vida útil inicial de 35 años y una producción promedio cercana a las 291.000 toneladas de cobre anuales durante la primera década, con una capacidad máxima proyectada de hasta 323.000 toneladas por año. Crédito: @tacataca.salta La inversión total estimada alcanza los u$s5.250 millones y el proyecto prevé alrededor de 4.000 empleos durante la construcción y unos 2.000 puestos más una vez iniciada la operación. Por su dimensión, se encuentra entre los megaproyectos más importantes del país y First Quantum lo ubica entre los grandes depósitos de cobre todavía no desarrollados a escala internacional. Además, su eventual puesta en marcha tendría un efecto significativo sobre las exportaciones argentinas, con una producción potencial de hasta 323.000 toneladas anuales. Es más, Taca Taca podría convertirse en uno de los pilares de la recuperación del cobre argentino, un mineral que el país dejó de producir a gran escala después del cierre de Bajo de la Alumbrera. Pero la magnitud productiva también obliga a mirar el otro lado de la ecuación porque expone una de las grandes contradicciones de la transición energética. El cobre es indispensable para ampliar redes eléctricas, fabricar vehículos eléctricos, desarrollar sistemas de almacenamiento y construir buena parte de la infraestructura necesaria para reducir la dependencia mundial de los combustibles fósiles. Pero extraerlo no es una actividad ambientalmente neutra y una explotación a cielo abierto de esta escala requiere remover enormes cantidades de roca, utilizar infraestructura energética, operar instalaciones industriales durante décadas, gestionar residuos mineros y administrar recursos hídricos en un territorio ambientalmente sensible. Por eso, el debate sobre Taca Taca no puede limitarse a la cantidad de cobre que podría producir ni a los dólares que generaría. El interrogante es cómo se obtendrá ese cobre, qué presión ejercerá el proyecto sobre el territorio, cómo será gestionada el agua, qué riesgos deberán enfrentar las comunidades cercanas y qué mecanismos existirán para prevenir, mitigar y eventualmente reparar impactos. Es precisamente sobre ese universo de riesgos donde trabajará la CFI con sus estándares de desempeño que contemplan, entre otros puntos, la gestión de riesgos ambientales y sociales. También, la eficiencia en el uso de recursos, la prevención de la contaminación, la salud y seguridad de las comunidades, la conservación de la biodiversidad y la relación con poblaciones afectadas. Para First Quantum, cumplir con esos parámetros puede tener una consecuencia que excede ampliamente la reputación ambiental. ¿El ambiente define quién pone el dinero? La intervención de la CFI tiene un componente ambiental, pero también financiero si se tiene en cuenta que un proyecto de u$s 5.250 millones necesita una arquitectura monetaria compleja. Puede requerir capital propio, deuda, bancos internacionales, agencias de crédito a la exportación y eventualmente socios estratégicos. En ese escenario, la existencia de brechas ambientales o sociales puede convertirse en un riesgo ya que los grandes financiadores internacionales incorporaron criterios ambientales y sociales a sus procesos de evaluación. La intervención de la CFI tiene un componente ambiental, pero también financiero si se tiene en cuenta que un proyecto de u$s 5.250 millones necesita una arquitectura monetaria compleja. Para un megaproyecto minero como Taca Taca, una controversia con comunidades, una deficiencia en la gestión hídrica o un conflicto por biodiversidad pueden generar demoras, elevar costos y, en casos extremos, bloquear completamente una inversión. Por eso, la revisión de la CFI debe ser leída también como un proceso de reducción de riesgos antes de que Taca Taca ingrese en una etapa decisiva.La propia First Quantum informó en abril pasado que el acuerdo apunta a alinear el proyecto con los estándares de desempeño del organismo financiero del Banco Mundial. El objetivo es claro: una mina que aspira a movilizar más de u$s 5.000 millones necesita demostrar no solamente que tiene cobre suficiente, sino que sus riesgos ambientales y sociales son manejables. El incómodo antecedente minero de Panamá Para First Quantum, el tema no es teórico si se recuerda que tiene detrás uno de los conflictos mineros más importantes de América Latina de los últimos años. Cobre Panamá, una de las mayores minas a cielo abierto del mundo, debió detener sus operaciones a fines de 2023 después de protestas nacionales y de que la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato que amparaba la explotación. La crisis combinó cuestionamientos políticos, económicos y ambientales y tuvo un impacto extraordinario tanto sobre Panamá como sobre la propia First Quantum. Cobre Panamá, una de las mayores minas a cielo abierto del mundo. La mina representaba alrededor del 5% del PBI de ese país y era uno de los principales activos de la compañía. Su cierre provocó una fuerte caída de la producción de cobre de First Quantum y obligó a la minera a registrar importantes pérdidas contables. El conflicto todavía no está completamente cerrado y en junio pasado, una auditoría independiente encargada por el gobierno de Panamá calificó a la mina con un nivel general de cumplimiento del 88%. Pero también identificó debilidades en reforestación, restauración de hábitats y protección de biodiversidad. Además, señaló riesgos futuros relacionados con la instalación de relaves, la calidad del agua, el drenaje ácido, la erosión, la pérdida de biodiversidad y la efectividad de los trabajos de restauración. El antecedente no permite trasladar automáticamente los problemas de Panamá a la Argentina ya que Taca Taca es otro proyecto, se encuentra en otro ecosistema y está sujeto a otro marco regulatorio. Pero sería ingenuo ignorar la experiencia, más que nada para una empresa que sufrió el cierre de uno de sus principales activos después de una crisis política, judicial, social y ambiental que hizo que la licencia social dejara de ser un concepto abstracto. Para la Argentina, el caso también debería funcionar como advertencia y como una prueba para la minería que viene El Gobierno argentino apuesta a que el cobre se transforme en una nueva fuente de exportaciones, inversiones y empleo. Taca Taca forma parte de una cartera de megaproyectos que podría cambiar la escala de la minería metalífera nacional durante la próxima década.Pero el desafío no consiste solamente en poner las minas en producción ya que también será necesario demostrar que la carrera por captar inversiones no implica reducir controles, minimizar impactos ni convertir las evaluaciones ambientales en simples trámites administrativos. Una paradoja evidente La llegada de la CFI a Taca Taca coloca esa discusión en primer plano si se analiza que un organismo financiero internacional revisará los riesgos ambientales y sociales de uno de los megaproyectos mineros más importantes de la Argentina para buscar brechas y proponer medidas para reducirlas. El cobre de Taca Taca es presentado como un insumo para un mundo que quiere ser más sustentable. Pero antes de extraerlo, la empresa deberá demostrar que la mina diseñada para producirlo puede cumplir con estándares ambientales y sociales internacionales.
