Frente a la baja ejecución presupuestaria y a la discrecionalidad con la que se transfieren los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto a 17 organizaciones de la sociedad civil, impulsan un proyecto de ley que busca cambiar la lógica del reparto de estos fondos de libre disponibilidad, que se transfieren desde Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires para atender emergencias o desequilibrios financieros. Reforma de los fondos ATN: la millonaria suma que proponen destinar a prevenir desastres naturales. ¿El objetivo principal? Que las provincias cuenten con recursos inmediatos y exclusivos para prevenir y enfrentar desastres climáticos. “Con este proyecto buscamos establecer una nueva lógica de distribución con enfoque ambiental, federal y territorial, orientada tanto a la prevención como a la respuesta inmediata ante eventos climáticos extremos como incendios, inundaciones, sequías, entre otros”, cuenta a Economía Sustentable Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN. Cómo funciona el fondo de prevención con los ATN A partir de modificar el modo en que se destina a cada provincia el 1% del monto coparticipable —que es el monto que hoy se destina a los ATN—, se divide en un 40 % para obras públicas de prevención y adaptación al cambio climático, y en un 60% para un fondo fiduciario de emergencia. Y si en el lapsus de tres meses no se usa ese fondo porque no hizo falta, “ese dinero se reparte entre las provincias”. En la Patagonia se perdieron miles de hectáreas de bosque nativo por incendios. Con el antecedente de la inundación histórica que vivió la ciudad de Bahía Blanca en marzo de este año, que terminó con 18 muertos y pérdidas millonarias, la partida destinada de 10 mil millones de pesos que se ejecutó fue “muy baja dado el grado de desastre ambiental reportado y la disponibilidad de fondos percibidos”, considera el referente de FARN. Este mismo año, en la Patagonia se perdieron miles de hectáreas de bosque nativo por incendios, los cuales cuadruplicaron la superficie quemada respecto al año anterior afectando parques nacionales, causando muertes y pérdidas materiales millonarias. Sin embargo, de acuerdo a los datos disponibles, el mayor giro de ATN que se realizó al día de hoy se hizo a la provincia de Buenos Aires: esos 10 mil millones de pesos. Qué pasó en el Congreso con el proyecto La iniciativa fue enviada a los despachos de los 257 diputados y a las distintas comisiones que podrían involucrarse con este proyecto. «Al momento, la respuesta fue “escasa, pero genuina en los casos que sí respondieron”, desliza Slipak, y puntualiza que quienes se interesaron son algunos legisladores de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, quienes calificaron de “riguroso y necesario” este proyecto. El referente de FARN prefirió no dar nombres propios ya que, al momento, no hay ninguna “respuesta cerrada en el Congreso”. Históricamente, los ATN fueron utilizados de manera discrecional y cuestionados por ser manejados con muy poca transparencia, dice el coordinador del área de Investigación. La iniciativa fue enviada a los despachos de los 257 diputados y a las distintas comisiones que podrían involucrarse con este proyecto: ¿Y cómo se lograría mayor transparencia con la nueva propuesta de ley? “El proyecto de ley contempla el control externo de la Auditoría General de la Nación, desde donde se realizan distintos informes técnicos, lo cuales también serán remitidos a la Comisión Parlamentaria Mixta, que es la revisora de cuentas del Congreso”, explica Slipak. Además, agrega que cada provincia podrá decidir a qué acción de adaptación destinar los fondos, presentando planes que serán evaluados antes de recibir el dinero. Si bien el 20 de agosto pasado, la Cámara de Diputados convirtió en ley otro proyecto impulsado por los gobernadores, quienes plantearon (y lograron) repartir de manera automática el Fondo de ATN y así intentar quitarle al Ejecutivo el control directo y absoluto de esa caja millonaria, se trata de una ley que NO define el destino específico para su utilización. “Esto implica que no se garantiza su uso para la atención de catástrofes ocasionadas por eventos climáticos extremos, y menos aún para la construcción de infraestructura preventiva”, concluye el experto de FARN. El proyecto de ley, en números En 2024, la proporción que debía ir a los ATN de lo recaudado del presupuesto nacional eran casi 680.000 millones de pesos, de los cuales solo se han ejecutado 49.000 millones y más del 93% quedó sin ejecución. Pero si en 2024 se hubiera aplicado la lógica que propone FARN, en obras públicas preventivas se tendría que haber destinado $271.959 millones y $407.959 millones para el fondo fiduciario para emergencias. En tanto, siguiendo la propuesta de los gobernadores, quienes buscaban repartir el 1% de los ATN según la Ley de Coparticipación, las provincias deberían haber recibido $371.632 millones y la Nación $287.869 millones, pero sin un destino específico. En 2024, la proporción que debía ir a los ATN de lo recaudado del presupuesto nacional eran casi 680.000 millones de pesos. Para el 2025, la recaudación que debería asignarse a los ATN -proyectada al 31 de diciembre-, “sería de un billón de pesos, según estiman distintas consultoras privadas”, especifica el experto de FARN. “En cifras redondas, se tendría un total de 400.000 millones de pesos asegurados para las provincias para la realización de obras de infraestructura preventiva y para adaptación al cambio climático, y unos $600.000 millones de fondo para emergencias, es decir, para poder actuar de manera inmediata ante desastres”, puntualiza. Según el primer Informe Bienal de Transparencia, presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Argentina se proyecta un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales, así como en el nivel del mar, con impactos especialmente graves a lo largo de la costa marítima y el Río de la Plata. “Frente a esta situación, la inversión en la construcción de infraestructura resiliente a este tipo de eventos debe ser una prioridad”, enfatizan desde la organización ambientalista. Actualmente, la propuesta cuenta con el apoyo de: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) CONFEDERACION MAPUCHE DE NEUQUEN Multisectorial golfo San Matías CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo) Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica Patagonia Natural Fundación Hábitat y Desarrollo Fundación Biodiversidad Argentina Aves Argentinas FIBO Impacto GIRSAC – Grupo de Investigación «Riesgos Socioambientales y Complejidad» Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad Proyectar ONG Argentina 1.5 AMNISTIA INTERNACIONAL ARGENTINA Futuro Córdoba Asociación Civil Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas Consciente Colectivo5.
