Obligan por ley a las grandes empresas a reducir su impacto social y ambiental
La medida respaldada por Parlamento Europeo establece multas significativas de hasta el 5% de la facturación global para las que no cumplan con las disposiciones.
Luego de ir contra el Greenwashing, el Parlamento Europeo dio un paso histórico este miércoles al aprobar una nueva directiva que impone a las grandes empresas la responsabilidad de mitigar su impacto en la sostenibilidad social y medioambiental.
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La medida, respaldada por 374 votos a favor, 235 en contra y 19 abstenciones, establece multas significativas de hasta el 5% de la facturación global para las empresas que no cumplan con las disposiciones.
La normativa, validada previamente por el Consejo de la Unión Europea en marzo pasado, enfrentó reticencias por parte de algunos países, incluidos Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, tras intensas negociaciones, se logró un acuerdo que ahora marca un hito en la regulación empresarial europea, según obtuvo EFE Verde.
Qué exige la ley
La directiva exige a las empresas y sus socios, abarcando desde la cadena de suministro hasta la distribución, tomar medidas para prevenir, poner fin o mitigar su impacto negativo en derechos humanos y medio ambiente. Esto incluye aspectos como la esclavitud, el trabajo infantil, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
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Lara Wolters, la eurodiputada socialdemócrata y ponente de la ley, destaca la importancia de este paso, resaltando que “se trata de algo más que de conducta empresarial; se trata de valores y, quizás, sobre todo, de humanidad”.
La aplicación de esta normativa se extiende a empresas dentro y fuera de la UE que superen ciertos umbrales de facturación y tamaño de empleados. Todas estas entidades deberán integrar la diligencia debida en sus políticas y tomar medidas concretas para cumplir con las nuevas obligaciones.
Además, la directiva establece la creación de una Red Europea de Autoridades de Supervisión para garantizar la cooperación entre los países miembros y el intercambio de mejores prácticas en la aplicación de la normativa.
En términos de sanciones, las empresas que incumplan podrían enfrentarse a multas de hasta el 5% de su facturación global, además de la responsabilidad de indemnizar a las víctimas de cualquier daño causado por su negligencia.
Con esta medida, la Unión Europea busca no solo proteger los derechos humanos y el medio ambiente, sino también sentar un precedente global en materia de responsabilidad empresarial, alineándose con los objetivos del Acuerdo de París y promoviendo prácticas comerciales más éticas y sostenibles.
