Contaminación del Río Paraná: piden llamar a indagatoria a directivos de Atanor

Luego de que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires hiciera lugar a un amparo ambiental contra la planta productora de herbicidas que la empresa Atanor SCA por contaminación del Río Paraná, el fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello pidió el llamado a declaración indagatoria de seis directivos de la agroquímica.

//Mirá también: La empresa Atanor contaminó una fuente de agua subterránea en San Nicolás

También Di Lello solicitó la indagatoria a ocho funcionarios de dos órganos de contralor provinciales, a quienes imputó por su presunta responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona.

En la presentación realizada al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, el fiscal responsabilizó a los seis integrantes de la firma química (de quienes no se difundió sus identidades), en sus calidades de directivos y encargados de la planta nicoleña, por “haber contaminado -por lo menos- hasta el 16 de julio de 2020 el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire”.

El fiscal advirtió que esa contaminación se realizó mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley 24.051 [de Residuos Peligrosos]”, lo cual “puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León” de la localidad de San Nicolás.

Denuncias contra Atanor

Durante la investigación, que se inició en junio de 2014 por la denuncia de habitantes de San Nicolás, se detectó presencia de herbicidas e insecticidas: atrazina en las muestras químicas del agua, y cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo, según se informó en la web oficial del Ministerio Público Fiscal.

//Mirá también: Proponen nacionalizar la exploración y explotación de las reservas de litio en Argentina

Hace nueve años, los denunciantes solicitaron que se investigara a la firma química por “infracción a la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos, Ley N°22.421 de Conservación de Fauna Silvestre y por la comisión de delitos contra la salud pública previstos en los artículos 200 a 207 del Código Penal de la Nación”.

Entonces, los vecinos manifestaron que, desde hacía varios años, la planta de Atanor “generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados” y también denunciaron que “abrían las compuertas de la laguna de afinamiento para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas”.

En ese marco, las personas denunciantes expresaron que sufrían daños en su salud y que se produjeron diversas muertes entre los habitantes del Barrio Química, que guardarían relación con la actividad contaminante de la planta.

Preservación del agua y protección del medioambiente

El fiscal además de culpar a los directivos de Atanor, imputó cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control por “haber incumplido” con la misión que le competía por las funciones desempeñadas, entre las que menciona “la fiscalización, ejecución de la política ambiental y preservación de los recursos naturales y al desarrollo de acciones conducentes a la fiscalización de todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, agua, suelo”.

//Mirá también: La contaminación ambiental favorece la prevalencia del asma en la población

Y agregó: “Y, en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente e intervenir en los procedimientos para la determinación del impacto ambiental; y a la fiscalización de los organismos que tengan a su cargo aspectos de la ejecución de la política ambiental que fije el Poder Ejecutivo”.

Di Lello también pidió la declaración indagatoria de tres presidentes de un organismo de supervisión provincial “por haber omitido cumplir con las disposiciones de la Ley provincial N° 12.257 -Código de Aguas-, específicamente en lo relacionado con la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua”.

En su presentación, el fiscal consideró que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua” y advirtió que “tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes”.

Cabe destacar que el Ministerio Público Fiscal no informó los nombres de los funcionarios provinciales imputados.