Los edificios públicos nacionales tendrán que ser sustentables, ¿qué implica?
EL Gobierno nacional oficializó la obligatoriedad de implementación de buenas prácticas sostenibles en el Boletín Oficial.
Además de que las viviendas deberán tener un sello de eficiencia energética, ahora los edificios del sector público nacional deberán implementar progresivamente a partir buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad, mediante el manejo y la gestión de los recursos utilizados en los organismos.
La medida quedó formalizada este mes con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 31/2023, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible será la autoridad de aplicación.
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La norma tiene por objetivo “la obligatoriedad de implementación de buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad, en consonancia con los principios de progresividad y de no regresión”, se indicó a través de un comunicado.
Qué implica ser edificios sustentables
Según explica la normativa, que será de aplicación progresiva y la cartera de Ambiente asistirá a los organismos públicos nacionales con asesoramiento técnico y financiamiento, alcanza prácticas de gestión eficiente en:
- Energía eléctrica
- Agua
- Gas natural
- Residuos
- Compras públicas
- Accesibilidad
- Movilidad sostenible
- Superficies y espacios verdes
Se espera que en un período de dos años los edificios cumplan con las primeras acciones básicas de sostenibilidad, como la instalación de bicicleteros, la separación de residuos en origen y la compra de electrodomésticos eficientes, entre otras medidas.
En tanto, en el plazo de seis años, se llevarán a cabo prácticas más integrales como la instalación de paneles y de cubiertas vegetales y la adquisición de vehículos híbridos.
De acuerdo al grado de compromiso que se desarrolle en cada edificio se otorgarán dos distintivos, el de “organismo público comprometido con la sostenibilidad”, para aquellos que hayan aplicado las prácticas básicas; y el de “organismo público sostenible”, para los que hayan aplicado las prácticas más complejas.
“Las erogaciones que resulten necesarias para la aplicación de la política pública nacional a la que se refiere el presente decreto serán atendidas con los créditos previstos para cada jurisdicción en el Presupuesto General de la Administración Nacional del Ejercicio correspondiente”, aclararon sobre la financiación de la normativa.
