Ley de acceso a información ambiental: Cabandié expuso sobre el Acuerdo de Escazú en el Senado
Fue en una reunión en la que abordaron el proyecto que convertiría en ley al tratado en materia de acceso a la información en temas ambientales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, expuso en la reunión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el senador Jorge Taiana, en la que se avanzó en el trámite parlamentario para la ratificación del Acuerdo de Escazú.
El ministro recordó a los senadores que hasta el momento el tratado ha sido ratificado por nueve países de la región, y destacó el involucramiento de la “militancia juvenil” como impulso para la aprobación de este instrumento.
Asimismo, señaló: “con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, estaríamos cumpliendo con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”.
A la vez, Cabandié consideró que la ratificación del acuerdo por parte del Congreso Nacional le otorgaría posicionamiento al Estado argentino en materia ambiental: “Nos va a dar liderazgo como Nación. Para nuestro país sería muy importante”.
El Acuerdo Escazú, firmado por Argentina en septiembre de 2018, busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información y el acceso a la justicia en temas ambientales.
De la reunión participaron de modo virtual los senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González.
El Acuerdo Escazú
El Acuerdo Escazú busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información, participar en la construcción de decisiones que puedan afectar su calidad de vida, y contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos.
De igual forma, sus contenidos brindarán herramientas para que aquellos países que cuenten con un mayor desarrollo legislativo, como es el caso de Argentina, puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas y el cumplimiento de las previsiones que le permiten a la población acceder a información, participar en procesos como los de evaluación del impacto ambiental y también controlar el cumplimiento de las decisiones que puedan adoptarse en materia ambiental teniendo la posibilidad de acceder a la justicia.
El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Su característica vinculante, implica la obligatoriedad de su aplicación para aquellos países que finalmente lo ratifiquen, para así garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo.
El tratado Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
