Argentina presentó su plan climático con metas sin una hoja de ruta

Más de un año después de haber anunciado resultados preliminares, la Argentina presentó formalmente su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), donde mantiene el compromiso de limitar las emisiones netas de gases de efecto invernadero a 375 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) para 2030 y 2035.

La presentación se produjo a pocos días de la COP31, la próxima conferencia climática de Naciones Unidas. Sin embargo, la actualización de la meta no estuvo acompañada por una hoja de ruta que detalle cómo el país alcanzará ese límite ni por una explicación que permita determinar si el nuevo compromiso representa un mayor esfuerzo de reducción de emisiones.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) cuestionó distintos aspectos de la nueva contribución en un comunicado. La organización ambientalista señaló que el documento mantiene el mismo techo de emisiones anunciado en 2025 y advirtió sobre la “falta de participación pública, las contradicciones de la política energética y la ausencia de un plan de financiamiento para cumplir los objetivos”.

Qué son las NDC y por qué son importantes

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, conocidas como NDC por sus siglas en inglés, son los compromisos climáticos que cada país presenta en el marco del Acuerdo de París. En ellas, los Estados establecen sus objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las medidas de adaptación frente a los impactos del cambio climático.

Estos compromisos deben actualizarse cada cinco años y representar una progresión respecto de los anteriores, con la mayor ambición posible según las circunstancias nacionales. También permiten evaluar cómo contribuye cada país al objetivo global de limitar el calentamiento del planeta.

En el caso argentino, la tercera contribución establece un límite de emisiones netas de 375 MtCO2e tanto para 2030 como para 2035. La cifra expresa el máximo de emisiones netas que el país se compromete a no superar en esos años, considerando las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero.

La nueva meta debe analizarse en relación con la contribución anterior. La NDC presentada en 2021 establecía un techo de 349 MtCO2e para 2030. El Gobierno explicó que la actualización responde a cambios en las métricas, los factores de emisión y la cobertura del inventario. Para FARN, sin embargo, todavía falta una comparación bajo una misma metodología que permita establecer si hubo una mejora real en el esfuerzo de mitigación o si la diferencia responde principalmente a cambios contables.

Las críticas de FARN a la nueva meta climática

Uno de los principales cuestionamientos de la organización apunta al proceso de elaboración del documento. Aunque el Gobierno sostiene que la NDC articuló las instancias del Gabinete Nacional de Cambio Climático, FARN señaló que el Consejo Asesor Externo no fue convocado y que la única Mesa Ampliada mencionada consistió en una transmisión por YouTube, con el chat cerrado y sin posibilidad de formular preguntas o intercambiar opiniones.

Para la fundación, ese procedimiento no cumple con los estándares de participación pública establecidos en el Acuerdo de Escazú, aprobado por la Argentina mediante la Ley 27.566. Ese acuerdo contempla el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales desde las primeras etapas del proceso.

La política energética es otro de los puntos señalados. FARN advirtió que la NDC invoca el compromiso asumido en la COP28 de avanzar en la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo reivindica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado Súper RIGI como herramientas para atraer inversiones.

Según datos del Observatorio del RIGI citados por la organización, al 18 de agosto de 2026 el 74,3% de la inversión comprometida en los proyectos presentados correspondía al petróleo y el gas, incluido el gas natural licuado (GNL). Para FARN, esto deja sin resolver la contradicción entre los compromisos climáticos y los incentivos destinados a ampliar la actividad hidrocarburífera.

La fundación también cuestionó que la NDC enumere medidas de mitigación sin cuantificar cuánto aportaría cada una a la reducción de emisiones ni establecer metas sectoriales. En ese sentido, recordó que el Observatorio Nacional de Acción Climática había calificado en julio de 2026 como “sin avances” los objetivos anteriores de reducción de emisiones para los sectores energético y de transporte, y como “imposible de cumplir” el objetivo referido a las emisiones fugitivas.

Adaptación y prevención con menos recursos

Las observaciones de FARN también alcanzan las políticas de adaptación, es decir, las medidas destinadas a reducir la vulnerabilidad y preparar a las comunidades y los territorios frente a los efectos del cambio climático, como inundaciones, sequías, olas de calor e incendios, como lo hizo CABA al declarar la emergencia hídrica ante las lluvias extraordinarias por El Niño.

Según la organización, la nueva NDC mantiene el nivel de adaptación establecido en la meta anterior para 2030, pero elimina referencias expresas al género, la equidad intergeneracional y la prioridad de las comunidades y los grupos en situación de vulnerabilidad.

Además, el documento identifica el manejo del fuego y las alertas tempranas como áreas que necesitan apoyo donde solo la mitad de los países tiene sistemas de alertas completos, mientras que los organismos responsables de esas tareas enfrentan recortes presupuestarios. De acuerdo con el Monitor Ambiental del Presupuesto de FARN, entre 2023 y 2026, en términos reales, los recursos de la Subsecretaría de Ambiente cayeron un 82,4%, los del Servicio Nacional de Manejo del Fuego un 72,3% y los del Servicio Meteorológico Nacional un 47,7%.

La organización también advirtió que la NDC menciona posibles fuentes de financiamiento, como fondos multilaterales, donaciones, inversión privada y mercados de carbono, pero no presenta un plan que detalle los costos, las partidas presupuestarias ni las responsabilidades para alcanzar las metas.

En su evaluación, FARN sostuvo que la tercera contribución argentina no está a la altura de la crisis climática. Entre sus principales cuestionamientos, señaló que el país mantiene un límite de emisiones sin demostrar una mayor ambición, promueve inversiones vinculadas con los combustibles fósiles y no define cómo financiará las medidas de mitigación y adaptación.

“La política climática que la Argentina necesita debe partir de las realidades de cada territorio y atender las necesidades de quienes lo habitan”, planteó la organización. Y concluyó que la nueva NDC deja pendiente la reducción de emisiones en origen, el financiamiento de la prevención y la adaptación, y la participación de los actores afectados por las decisiones ambientales.