Argentina trata menos del 10% de sus residuos industriales y expone fallas en los controles ambientales
La falta de controles efectivos, las deficiencias en la trazabilidad y el incumplimiento de la normativa aumentan los riesgos de contaminación del agua, el suelo y los ecosistemas.
En Argentina, la gestión de los residuos industriales enfrenta una problemática que combina controles insuficientes, falta de información consolidada y dificultades para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental. El resultado es preocupante: en los períodos más favorables, apenas cerca del 10% de estos desechos recibe un tratamiento adecuado, según advirtió Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales y directora de PELCO S.A.
El diagnóstico surge de un trabajo iniciado en 2021 junto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que desarrolló un índice para medir la generación y el tratamiento de residuos industriales en el país.
La cifra expone las dificultades para controlar los desechos que producen las distintas actividades económicas. Aunque no todos presentan el mismo nivel de peligrosidad, su disposición incorrecta puede generar daños ambientales persistentes, especialmente cuando contienen sustancias tóxicas o contaminantes capaces de infiltrarse en el suelo y alcanzar fuentes de agua.
El problema también revela una contradicción del modelo productivo. Mientras las empresas necesitan gestionar sus residuos para operar dentro de la normativa, una parte importante de estos materiales no recibe el tratamiento correspondiente. Cuando los controles fallan, los costos ambientales y sanitarios pueden terminar trasladándose a la sociedad.
Los residuos industriales contaminan el agua y el suelo cuando no reciben tratamiento
La gestión adecuada de los residuos industriales requiere operadores habilitados, mecanismos de trazabilidad y certificados que permitan verificar qué ocurrió con los materiales desde su generación hasta su tratamiento o disposición final.
Estos procedimientos son fundamentales para evitar que los desechos terminen en basurales a cielo abierto, terrenos no autorizados o cursos de agua. Sin embargo, las deficiencias en la fiscalización y el incumplimiento de las obligaciones ambientales dificultan garantizar que todos los residuos tengan un destino seguro.
Uno de los principales riesgos aparece cuando el agua de lluvia atraviesa acumulaciones de desechos y arrastra sustancias contaminantes. Los líquidos resultantes pueden infiltrarse en el suelo, alcanzar las napas subterráneas o llegar a arroyos, lagunas y ríos.
La contaminación de estas fuentes representa una amenaza para el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria y la conservación de los ecosistemas. Además, la recuperación de los ambientes afectados puede exigir trabajos de saneamiento prolongados y costosos.
La composición de los residuos depende de cada actividad productiva. Algunos pueden contener metales pesados, hidrocarburos, solventes, sustancias corrosivas y otros compuestos tóxicos que requieren tratamientos específicos. Por eso, no alcanza con trasladarlos fuera de las instalaciones industriales: es necesario garantizar que su destino final sea seguro y esté debidamente documentado.
La responsabilidad alcanza a sectores muy diversos. Las industrias alimenticias, farmacéuticas, petroquímicas, metalúrgicas y energéticas generan materiales que deben gestionarse según sus características y nivel de peligrosidad.
Esta diversidad vuelve indispensable contar con información confiable sobre los volúmenes generados, los tratamientos aplicados y los destinos finales. Sin datos completos, resulta difícil dimensionar el problema, identificar los sectores con mayores dificultades y determinar dónde deben concentrarse los controles.
La falta de fiscalización permite que las empresas trasladen los costos ambientales
Para Kalinec, una de las principales dificultades no radica en la ausencia de normas, sino en los problemas para hacerlas cumplir. El fortalecimiento de las inspecciones, la mejora de los sistemas de control y la aplicación de sanciones efectivas aparecen como medidas necesarias para reducir las irregularidades.
La fiscalización también debe permitir comprobar que los operadores estén habilitados y que los certificados de tratamiento y disposición final correspondan efectivamente a los residuos generados. Sin mecanismos de seguimiento, la documentación pierde capacidad para garantizar una gestión segura.
El aspecto económico resulta central. El tratamiento adecuado de los residuos implica costos para las empresas, pero evitar ese gasto mediante una disposición irregular puede generar consecuencias mucho más caras para el conjunto de la sociedad.
La contaminación de fuentes de agua, la degradación del suelo y la necesidad de recuperar áreas afectadas pueden derivar en gastos públicos y privados que se extienden durante años. A eso se suman los posibles impactos sobre la salud de las poblaciones expuestas y las actividades económicas que dependen de los recursos naturales.
Cuando una empresa incumple sus obligaciones, parte de esos costos puede terminar recayendo sobre las comunidades y el Estado. Por eso, garantizar el cumplimiento de la normativa no es solamente una cuestión administrativa, sino también una forma de evitar que la contaminación se convierta en una carga colectiva.
Sin embargo, mejorar el tratamiento de los residuos no resuelve por sí solo el problema. Los especialistas también plantean la necesidad de reducir su generación desde el origen mediante procesos productivos más eficientes, tecnologías más limpias y un mejor aprovechamiento de los materiales.
La prevención permite disminuir la cantidad de desechos que requieren tratamiento y reducir la presión sobre los sistemas de gestión existentes. Para avanzar en esa dirección, las empresas deben incorporar criterios ambientales en sus procesos y las autoridades deben garantizar que las obligaciones legales se cumplan.
