La Justicia frena el proyecto de lujo de Faena junto al lago Moreno en Bariloche
Vecinos y organizaciones ambientales reclaman una evaluación integral que contemple el impacto acumulado de los desarrollos inmobiliarios sobre los bosques, las reservas naturales y el lago Moreno.
La Justicia de Río Negro mantiene frenado el proyecto inmobiliario vinculado al empresario Alan Faena en un área de alto valor ambiental de Bariloche. La jueza Marcela Trillini confirmó una medida cautelar que impide realizar intervenciones en el terreno ubicado junto al lago Moreno, donde se proyecta un complejo turístico de lujo. El conflicto expone la tensión entre las inversiones inmobiliarias de alta gama y la protección de los ecosistemas patagónicos.
La decisión se enmarca en un amparo ambiental colectivo presentado contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche por vecinos, concejales y organizaciones que cuestionan la evaluación de los emprendimientos previstos en la zona. El reclamo apunta a que las autorizaciones individuales no alcanzan para medir las consecuencias que pueden generar varias obras sobre un mismo territorio.
El proyecto asociado a Faena contempla una superficie aproximada de 33.000 metros cuadrados, con un hotel de alta gama, cinco apart hoteles y 31 cabañas, cerca del Circuito Chico. El desarrollo se ubica en un entorno de bosques, montañas y cuerpos de agua que, según los demandantes, requiere mayores controles ambientales antes de avanzar con nuevas construcciones.
La cautelar no declara ilegal el emprendimiento ni implica su cancelación definitiva. La discusión judicial se centra en determinar si los procedimientos de evaluación ambiental realizados hasta ahora son suficientes o si corresponde estudiar de manera conjunta los efectos de las intervenciones previstas en toda el área.
El proyecto de Faena en Bariloche enfrenta cuestionamientos por su impacto ambiental
Los amparistas advierten que el predio se encuentra cerca de las reservas naturales urbanas Laguna El Trébol y Morenito-Ezquerra, además de integrar un entorno ambiental vinculado al lago Moreno. En ese contexto, sostienen que las nuevas construcciones podrían generar movimientos de suelo, pérdida de vegetación, mayor circulación de vehículos y una demanda adicional de infraestructura.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la evaluación fragmentada de los emprendimientos inmobiliarios. Según los reclamantes, analizar cada proyecto por separado puede impedir una comprensión adecuada de los efectos que las obras producen en conjunto sobre el ambiente.
Por eso, solicitan un estudio de impacto ambiental integral y actualizado que contemple tanto las consecuencias particulares de cada desarrollo como sus efectos acumulativos y sinérgicos. También reclaman la participación de las comisiones mixtas de las reservas naturales involucradas, la realización de audiencias públicas y la aprobación de las ordenanzas correspondientes.
La medida judicial se apoya en el principio precautorio establecido por la Ley General del Ambiente, que permite adoptar medidas preventivas cuando existe la posibilidad de un daño ambiental grave o irreversible, aun cuando no haya certeza científica absoluta sobre su alcance.
El 14 de octubre, la Unidad Procesal de Familia N.º 9 de Bariloche había ordenado frenar las intervenciones tanto en el predio de Faena como en el de otro emprendimiento cercano, denominado Cauma. La resolución buscaba evitar obras que pudieran provocar o agravar daños ambientales o modificar las condiciones existentes mientras se analizaba el reclamo.
La decisión tuvo en cuenta la proximidad de autorizaciones que habilitarían movimientos de suelo y remoción de vegetación. Sin embargo, la jueza aclaró que la medida cautelar no anulaba los permisos administrativos otorgados ni suponía que el daño ambiental estuviera demostrado.
El 22 de octubre, la magistrada modificó el alcance de la resolución y limitó la prohibición al proyecto vinculado a Faena. Respecto de Cauma, consideró que el pedido de suspensión excedía los límites de la acción judicial presentada, ya que el emprendimiento cuenta con autorización administrativa y tiene obras en ejecución. Los cuestionamientos contra ese desarrollo deberán plantearse por otras vías.
La Municipalidad de Bariloche sostiene que los proyectos cuentan con los permisos y las evaluaciones ambientales correspondientes. También cuestionó la intervención del juzgado y presentó un recurso de revocatoria con apelación. El conflicto, por lo tanto, sigue abierto y todavía no existe una sentencia definitiva sobre la viabilidad ambiental del complejo turístico.
Del turismo social al negocio inmobiliario en tierras históricas de Bariloche
La controversia también recupera la historia del terreno donde se proyecta el complejo. En 1944, el Estado nacional reservó unas 47 hectáreas junto al lago Moreno para el desarrollo de colonias educativas. Años después, el 31 de diciembre de 1953, un decreto firmado por Juan Domingo Perón transfirió el hotel y sus instalaciones al Ministerio de Educación para destinarlos al turismo escolar.
El antiguo Hotel Ministro Pistarini formó parte de una política orientada a ampliar el acceso al turismo social y educativo. Con el paso de los años, el inmueble quedó bajo la órbita de la Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD), a la que la Municipalidad formalizó una cesión gratuita a comienzos de la década de 2000.
El hotel cerró en 2004 y, en 2008, el terreno fue vendido por unos 15 millones de dólares a un grupo inversor vinculado a Faena. La operación reavivó las discusiones sobre el destino original de la propiedad y el uso de un espacio que había estado asociado a políticas públicas de educación y turismo.
El Concejo Deliberante de Bariloche llegó a solicitar que se estudiara la posibilidad de recuperar el inmueble, ante la pérdida de su finalidad original. Sin embargo, la transferencia al ámbito privado y la posterior venta ocurrieron en etapas posteriores a la presidencia de Perón.
El caso vuelve a plantear interrogantes sobre el modelo de desarrollo que avanza en áreas de valor ambiental de la Patagonia. La expansión de la oferta turística de lujo puede atraer inversiones, pero también exige evaluar cómo se distribuyen sus beneficios y qué costos ambientales puede generar sobre territorios con ecosistemas sensibles.
La discusión no se limita a determinar si un emprendimiento cumple con los requisitos administrativos. También involucra la capacidad de las autoridades para evaluar el impacto conjunto de las nuevas construcciones, garantizar la participación ciudadana y proteger los bienes naturales que sostienen la actividad turística de la región.
