Más de 100 organizaciones piden frenar la Ley de Tierras y el “Súper RIGI”

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil presentaron un documento ante el Senado de la Nación en el que solicitaron el rechazo de los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y del denominado “Súper RIGI”, al considerar que ambas iniciativas forman parte de un mismo esquema que compromete la soberanía sobre los bienes comunes estratégicos del país.

El documento, titulado “El Senado de Remate”, sostiene que ambos proyectos “no son iniciativas independientes, sino dos llaves de la misma cerradura” y advierte que operan de manera complementaria para desarticular la soberanía sobre la tierra, el agua, la energía y otros recursos estratégicos.

Según las organizaciones, el paquete legislativo configura un“traje a medida” para crear enclaves, con especial impacto en la Patagonia por sus reservas de agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío, elementos que consideran clave para la infraestructura de los gigantes tecnológicos y la inteligencia artificial que busca atraer el “Súper RIGI”.

También alertan sobre el costo político y federal que, según plantean, tendría la aprobación de estas iniciativas, al sostener que implican una renuncia estructural de las provincias a ingresos provenientes de Ingresos Brutos y Sellos y un desfinanciamiento del sistema previsional.

Qué cuestionan del proyecto de ley del oficialismo

Micaela Sánchez Malcolm, de la organización Géneras, afirmó: “La imagen es precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar. La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo”.

Por su parte, Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, sostuvo: “El senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por treinta años y convalidando una doble delegación inconstitucional. Las Provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI”.

En tanto, Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), consideró: “La reforma a la ley de tierras forma parte de un programa de remate de la Argentina, junto al Super RIGI, la modificación a la Ley de Sociedades y el resto de las iniciativas de desregulación diseñadas para remover los límites que protegen nuestros territorios y allanar el camino a los nuevos poderes globales: grandes fondos de inversión, corporaciones extractivas y magnates tecnológicos como Peter Thiel o Elon Musk. En plena crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI”.

Asimismo, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata, manifestó: “Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio continental. Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos dió la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable”.

Por último, Florencia Gomez, del CEPPAS, dijo: “La derogación de la Ley de Tierras es una pieza vital del engranaje normativo que impulsa el gobierno, basado en quita de derechos y pérdida de soberanía. Derogarla además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre activos estratégicos y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia”.
Las tres etapas que describen las organizaciones

De cara al tratamiento previsto para el 6 de agosto en el Senado, las organizaciones sostienen que el paquete impulsado por el Gobierno funciona con una mecánica secuencial de tres pasos para facilitar la apropiación de territorios.

Según el documento, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina el tope del 15% para la extranjerización de tierras rurales, los límites de hectáreas y la prohibición de adquirir tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua permanentes.

En segundo lugar, afirman que la reforma de la Ley de Sociedades permitiría adquirir territorios a través de corporaciones opacas o extranjeras sin requerir información contable, dificultando conocer quién es el titular real detrás de las operaciones.

Finalmente, sostienen que el “Súper RIGI” otorgaría 30 años de estabilidad fiscal y aduanera a las inversiones alcanzadas por el régimen, limitaría la capacidad de control estatal y habilitaría a las empresas a litigar contra la Argentina en tribunales de arbitraje internacional.

Convocatoria a movilizarse

Las organizaciones convocaron a la ciudadanía a participar de una movilización frente al Congreso el próximo 6 de agosto o a las plazas de los barrios, cuando está previsto el tratamiento parlamentario de los proyectos.

“Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos”, concluye el documento.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Géneras, el Transnational Institute (TNI), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Jóvenes por el Clima, ATTAC Argentina, Asuntos del Sur y otras organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos.