El Gobierno eliminó controles a las bananas importadas y crece la alerta por el riesgo de plagas
La Secretaría de Agricultura dejó sin efecto restricciones para el ingreso de bananas originarias de países con presencia de determinadas plagas cuarentenarias.
La decisión del Gobierno de eliminar controles fitosanitarios que regulaban el ingreso de bananas al país generó preocupación entre productores del norte argentino, que advierten que la medida podría facilitar la entrada de fruta importada y aumentar el riesgo para la producción local.
La Secretaría de Agricultura dejó sin efecto la Resolución 99/1994, que establecía restricciones para el ingreso de bananas originarias de países con presencia de determinadas plagas cuarentenarias, y la Resolución 823/2006, que extendía esas exigencias al ingreso y tránsito de la fruta en las provincias de Formosa y Misiones.
Las normas derogadas funcionaban publicadas en el Boletín Oficial como una herramienta de prevención sanitaria para evitar que enfermedades o plagas presentes en otros países afectaran los cultivos argentinos.
El reclamo de los productores
Los productores bananeros cuestionan la decisión porque advierten que la eliminación de los requisitos específicos aumenta la preocupación por el posible ingreso de plagas que puedan afectar los cultivos nacionales.
A su vez, consideran que reduce una barrera de protección para la actividad nacional y podría favorecer el ingreso de fruta proveniente de países con mayores escalas de producción.
El sector sostiene también que una mayor disponibilidad de bananas importadas podría generar una caída de precios internos y profundizar las dificultades que atraviesan los productores locales, especialmente en provincias como Formosa, Salta, Jujuy y Misiones.
La postura del Gobierno
Desde el Gobierno argumentan que las regulaciones eliminadas correspondían a un esquema antiguo y que actualmente existen mecanismos de control fitosanitario vigentes para prevenir riesgos sanitarios.
La medida apunta a simplificar normas y adecuar los controles al sistema actual de vigilancia, aunque generó críticas entre los productores, que reclaman mantener mayores restricciones para proteger una actividad considerada estratégica para las economías regionales.
