Jorge Capitanich fue procesado por una presunta entrega irregular de tierras en El Impenetrable

El juez federal subrogante Fernando Carbajal resolvió procesar al exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich al considerar que existen elementos suficientes para investigar una presunta adjudicación irregular de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales en El Impenetrable chaqueño.

También quedó procesada la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneira. La investigación busca determinar si, durante la gestión provincial, esas tierras fueron otorgadas de manera incompatible con la normativa vigente y con el deber de los funcionarios públicos de administrar el patrimonio del Estado.

Qué investiga la Justicia

Según la resolución judicial, los hechos bajo análisis están relacionados con la adjudicación de extensas superficies de tierras fiscales ubicadas en una de las zonas de mayor riqueza ambiental del Chaco.

Para el magistrado, existen indicios suficientes para continuar investigando la posible comisión de los delitos de fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

No obstante, en la misma resolución descartó avanzar, por el momento, con otras acusaciones impulsadas durante la instrucción, como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos, al considerar que las pruebas reunidas hasta esta etapa no alcanzan para sostener esas imputaciones.

Las defensas de Capitanich y Soneira rechazaron las acusaciones y sostuvieron que todas las adjudicaciones cuestionadas se realizaron respetando los procedimientos administrativos previstos por la legislación provincial. Ambos exfuncionarios adelantaron que apelarán el procesamiento para que sea revisado por la Cámara Federal.

El Impenetrable: un territorio estratégico para la conservación

Aunque el expediente se desarrolla en el ámbito judicial, el caso trasciende lo estrictamente penal por el lugar donde ocurrieron los hechos investigados.

Las tierras bajo análisis se encuentran en El Impenetrable chaqueño, una región que integra el Gran Chaco Americano, el segundo bosque continuo más extenso de Sudamérica después de la Amazonia.

Se trata de uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del país, donde habitan especies amenazadas como el yaguareté, el tatú carreta, el oso hormiguero gigante, el pecarí quimilero y el águila coronada, además de cientos de especies de flora y fauna que dependen de la conservación del bosque nativo.

Además de su riqueza biológica, estos bosques cumplen funciones ambientales clave: almacenan grandes cantidades de carbono, regulan el ciclo del agua, ayudan a mitigar los efectos de las sequías y contribuyen a enfrentar el cambio climático.

La administración de las tierras fiscales, otra vez bajo debate

Las tierras fiscales constituyen una de las principales herramientas con las que cuentan las provincias para ordenar el uso del territorio. Su adjudicación puede destinarse a proyectos productivos, conservación ambiental, desarrollo de comunidades rurales o regularización dominial.

Por esa razón, cualquier cuestionamiento sobre la forma en que son administradas adquiere una dimensión que excede el plano estrictamente administrativo.

En provincias como Chaco, donde desde hace años preocupa el avance de la frontera agropecuaria y la pérdida de bosque nativo, las decisiones sobre el uso del suelo suelen convertirse en uno de los principales ejes de discusión entre gobiernos, organizaciones ambientales, productores y comunidades indígenas.

Especialistas en derecho ambiental sostienen que la transparencia en la gestión de las tierras públicas resulta fundamental para compatibilizar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales.

El ordenamiento del bosque también quedó bajo análisis

Durante la investigación también surgieron cuestionamientos vinculados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, la herramienta prevista por la Ley Nacional de Bosques para definir qué áreas deben conservarse y cuáles pueden destinarse a distintos tipos de aprovechamiento.

Sin embargo, el juez entendió que esas decisiones forman parte de políticas públicas cuya legalidad deberá analizarse en otros ámbitos, por lo que no constituyen, por sí mismas, un delito dentro de esta causa penal.

Aun así, el expediente vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa al norte argentino desde hace años: cómo compatibilizar el desarrollo económico con la preservación de uno de los ecosistemas más importantes del continente.

Una investigación que sigue abierta

El procesamiento dispuesto por la Justicia no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de los imputados. Se trata de una resolución que considera que existen elementos suficientes para que la investigación continúe y avance hacia las siguientes etapas del proceso.

Ahora será la Cámara Federal la encargada de revisar la decisión, si las apelaciones son presentadas, mientras el expediente continúa reuniendo pruebas.