“La provincia debe proteger a su población”: reclaman por la planta de HIF Global frente a Colón

La Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas (AAdeAA-CAJE) reclamó al Gobierno de Entre Ríos que refuerce los controles y brinde información detallada sobre el proyecto de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global planea construir en Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Colón.

La organización ambientalista cuestionó la respuesta oficial recibida tras un pedido de acceso a la información pública y aseguró que todavía existen interrogantes sobre la evaluación de los posibles impactos ambientales que podría generar el emprendimiento sobre la costa argentina y el río Uruguay.

Según explicó la entidad, el objetivo de la solicitud era conocer “qué acciones concretas adoptó el Estado provincial para resguardar el río Uruguay, la costa argentina y los derechos de las comunidades de la región ante un emprendimiento de gran escala, con potenciales impactos transfronterizos y sin licencia social suficiente en los territorios involucrados”.

Reclamos por los estudios de impacto ambiental

De acuerdo con la Asociación, la respuesta del Gobierno entrerriano no permitió despejar las principales dudas sobre el proceso de evaluación ambiental.

Entre otros puntos, sostuvo que la provincia no aclaró si cuenta formalmente con los Términos de Referencia de los estudios ambientales ni si solicitó ampliar el análisis para contemplar los posibles efectos sobre la margen argentina del río Uruguay.

La respuesta oficial indicó que el proyecto ya cuenta con la Validación Ambiental de Localización y que la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental requerido, documentación que puede consultarse en el Observatorio Ambiental Nacional de Uruguay.

Sin embargo, desde la organización sostuvieron que esa información “no aclara lo que pedimos” y remarcaron que aún desconocen si Entre Ríos impulsó estudios específicos sobre los posibles impactos en territorio argentino.

Cuestionamientos por la falta de un equipo técnico

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que la propia provincia reconoció que no conformó un equipo interdisciplinario específico para analizar el proyecto.

“Esta respuesta nos resulta alarmante por la magnitud del emprendimiento, por su localización frente a Colón y por el nivel de preocupación expresado en las poblaciones de la región, tanto en la Argentina como en el área de Paysandú”, señalaron desde AAdeAA-CAJE.

La entidad agregó que “un proyecto de estas características exige una evaluación rigurosa, preventiva y coordinada. La provincia no puede limitarse a observar documentos publicados por otro Estado sin conformar una capacidad propia de análisis técnico, social, sanitario, territorial y jurídico”.

Pedido de información sobre el Estatuto del Río Uruguay

La organización también solicitó conocer las gestiones realizadas para garantizar el cumplimiento del procedimiento previsto en el Estatuto del Río Uruguay, que establece mecanismos de información y consulta entre Argentina y Uruguay cuando una obra puede afectar al río compartido.

Según la respuesta provincial, durante reuniones de la Comisión Administradora del Río Uruguay se consultó si el Gobierno uruguayo había presentado formalmente el proyecto para iniciar ese procedimiento, aunque el resultado fue negativo.

No obstante, la Asociación cuestionó que no se acompañaran copias de las actuaciones administrativas ni de las comunicaciones oficiales, lo que, según indicó, impide verificar el alcance de las gestiones realizadas.

“Reclamamos información completa”

Desde AAdeAA-CAJE sostuvieron que persiste una “ausencia de rigor en la gestión institucional del conflicto” y remarcaron que la respuesta oficial reconoce que no existe un equipo profesional dedicado a monitorear el avance del proyecto.

“Frente a un proyecto de gran escala sobre una cuenca compartida, la Provincia de Entre Ríos debe actuar con información completa, prevención, transparencia y participación pública efectiva”, afirmaron.

Además, advirtieron que “el río Uruguay no puede quedar sujeto a gestiones fragmentadas, respuestas incompletas o simples remisiones a documentación publicada por otro Estado. La protección de la costa argentina y de las comunidades entrerrianas requiere una intervención activa del Estado provincial y nacional”.

Por último, reclamaron que el Gobierno provincial entregue la documentación solicitada, incorpore las actuaciones administrativas mencionadas y conforme “de manera urgente un equipo interdisciplinario para evaluar los impactos del proyecto sobre el margen argentino del río Uruguay”.