Un barrio privado huele a podrido porque la desarrolladora vuelca desechos cloacales sin tratar

Los malos olores son parte de la vida cotidiana en Vía Aurelia, un barrio privado del sur de la ciudad de Salta, próximo al aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes.

Las autoridades comprobaron que los efluentes cloacales domiciliarios son volcados sin tratamiento adecuado al río Arenales, que atraviesa la capital salteña, generando altos niveles de contaminación. Por eso, en mayo el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (ENRESP) multó por unos 80 millones de pesos a la desarrolladora MDay, operadora de la urbanización, e inhabilitó a la contratista Industrias Clark.

A ello se sumó una denuncia vecinal por promesas incumplidas respecto a la escritura de las propiedades, en un caso que expone las tensiones entre desarrollo inmobiliario, infraestructura de saneamiento y gestión ambiental.

Según contó a Economía Sustentable el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos del gobierno de Salta, Carlos Saravia, en un principio el barrio privado contaba con una planta de procesamiento de desechos ubicada a la vera del río Arenales que había sido “alquilada por módulos”. A medida que la urbanización fue expandiéndose y sumando residentes, se vio saturada. “Entonces apelaron al bypass. Es decir, antes de ampliar los módulos y por tanto pagar más, ellos realizaron un canal para volcar esos desechos cloacales directo al río, crudos”, señaló el funcionario.

Todo comenzó en abril de 2025, cuando el ENRESP empezó a detectar irregularidades en el tratamiento de los efluentes de Vía Aurelia. Una investigación posterior, con inspecciones, toma de muestras y audiencias, confirmó niveles de contaminación muy por encima de lo permitido. Su titular, Saravia señaló a este medio que los coliformes fecales fueron el dato más alarmante: “frente a un límite de 2.000 unidades por cada 100 mililitros, las muestras arrojaron 4.700.000”.

Una multa millonaria

Con los datos sobre lo que estaba ocurriendo, se realizaron audiencias conciliatorias y se le impusieron a la desarrolladora del barrio privado medidas destinadas a reducir la contaminación. Sin embargo, las mejoras exigidas nunca se concretaron.

De esta manera, la Universidad Nacional de Salta se incorporó a la investigación y realizó una nueva evaluación. Concluyó que la planta de procesamiento de desechos no era apta para un tratamiento eficiente de los efluentes.

Así, el Ente Regulador de los Servicios Públicos ordenó inhabilitar a la empresa que operaba la planta.

Según señaló Saravia a este medio, la desarrolladora volvió a incumplir la medida y continuó utilizando la planta, lo que incrementó el volcado de desechos sin procesar directamente al río.

“Todo esto decantó en la multa de casi 80 millones de pesos, que si bien no es tan significativa, son fondos que estarán destinados al saneamiento del agua y a campañas de concientización ambiental”, explicó Saravia.

Pero desde el Grupo MDay rechazaron la versión del Ente: sostuvieron que la sanción responde a trámites pendientes ante la Secretaría de Recursos Hídricos para habilitar el vuelco, y no a un volcado de cloacas crudas.

En declaraciones recientes, los responsables de la firma restaron peso a la multa y atribuyeron el problema a fallas estructurales del saneamiento de la ciudad. Además, señalaron que ya están proyectando la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales con capacidad para 17.000 habitantes que será financiada con inversión privada.

El río Arenales, un problema de contaminación

El río Arenale atraviesa la capital salteña y arrastra desde hace años problemas de contaminación. Las fuentes son diversas y los indicadores preocupantes. Un estudio realizado en 2018 por peritos del Área de Ambiente del Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detectó la presencia de metales pesados como zinc, plomo, cromo y cadmio, además de niveles elevados de coliformes totales y fecales.

La persistencia de estos problemas motivó distintas intervenciones judiciales. En 2017, la Cámara de Apelaciones dictó una sentencia en la que ordenó la elaboración de un plan de manejo del río, un plan sanitario de emergencia y un sistema de monitoreo ambiental. El proceso se inscribe en el amparo colectivo impulsado por vecinos ribereños en 2011, que continúa bajo seguimiento judicial. Según explicó Saravia, además, existen actuaciones de la unidad ambiental de la Procuración General de la Provincia que investigan posibles responsabilidades penales vinculadas a la contaminación.

Mal olor y escrituras que no llegan

“El mal olor es terrible cuando vas para el lado del río, sobre todo en verano y a la noche” señaló a Economía Sustentable una vecina de Vía Aurelia que vive en el barrio hace seis años. Además de las fallas en el sistema cloacal, también hay problemas de abastecimiento de agua: recién este año se habría empezado a normalizar el sistema.

Pero lo que más preocupa a los vecinos son los retrasos en la entrega de las escrituras. Si bien poseen el boleto de compra-venta, denuncian que aún no les dan la documentación que acredita la titularidaad formal del inmueble.

En ese contexto, el abogado Daniel Paganetti, representante legal de la ONG Protectora Asociación de Defensa del Consumidor, señaló a este medio que ya fue presentada contra la desarrolladora una demanda colectiva “de consumo, cumplimiento contractual forzado, daños punitivos y medida cautelar ambiental urgente” que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Décima Nominación de la ciudad de Salta.

“Nos vienen pateando la entrega de las escrituras hace dos años. Como no terminan las obras de cloacas y de agua no nos pueden escriturar. Pero mientras tanto ya están haciendo Via Aurelia II, siguen vendiendo y vendiendo. Esta empresa se maneja igual en cada barrio privado que desarrolla, deja todo por la mitad”, afirmó la vecina.