La comunidad indígena Sentimiento de mi Tierra del Pueblo Sanavirón denuncia un nuevo capítulo del hostigamiento que en 2018 culminó con la muerte de su compañera Alicia Cisneros. Acusan al ejecutivo José Frederick San Román Marshall de realizar maniobras para fraccionar y ofrecer a terceros sus territorios comunitarios. La comunidad indígena Sentimiento de mi Tierra denuncia un nuevo capítulo de hostigamiento en un conflicto territorial de más de 40 años en Santiago del Estero Un conflicto que lleva mas de cuarenta años hoy tiene para la comunidad indígena Sentimiento de mi Tierra nuevo nombre y apellido: José Frederick San Román Marshall. Este ejecutivo del sector audiovisual con trayectoria en banca de inversión en entidades como JP Morgan y Lehman Brothers se convirtió en el apoderado legal de Alfonso Fuentes Barrau, quien figura como propietario de las tierras que la comunidad reclama como ancestrales. Desde que el CEO San Román Marshall asumió la potestad legal, la comunidad volvió a tener miedo: acusan que habría montado una vigilancia ilegal sobre niños y ancianos, utilizando vehículos desconocidos para amedrentar. Además, se enteraron de posibles maniobras de fraccionamiento y venta del territorio que irían en contra sus derechos de ocupación ancestral. Por su parte, en diálogo con este medio, el abogado de los acusados Victor Daniel Nazar sostiene que, en tanto apoderado legal del propietario, el CEO tiene la libertad de hacer con el campo lo que considere. Acusan al ejecutivo José Frederick San Román Marshall de impulsar maniobras para fraccionar y vender tierras ancestrales, además de ejercer presiones y vigilancia sobre los habitantes “Esta historia lamentablemente no es nueva. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, sin duda, porque no reclamamos lo que no nos corresponde”, dice en diálogo con Economía Sustentable, Adolfo Farías, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) Vía Campesina. Pese a haber sido reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), los sanavirones nunca dejaron de enfrentar amenazas de desalojo. El territorio en conflicto se ubica en Las Abras, departamento de Mitre. Según fuentes allegadas, en la década de 1980 “El Gallego” Fuentes Barrau habría llevado a cabo una persecución armada en Las Abras y habría dejado como consecuencia la “desaparición” de todo el pueblo. Este empresario agropecuario habría producido en el campo maíz, algodón y sorgo y es acusado de realizar fumigaciones ilegales a cielo abierto. Según señala la comunidad, los químicos utilizados por “El Gallego” Fuentes Barrau le habrían costado la vida a su compañera Alicia Cisneros en 2018. “Cuando se enteró, en vez de preocuparse porque no acontezca más, nos provocó diciéndo que él dormía arriba de los bidones de veneno”, recuerda Farías. El caso reaviva tensiones históricas marcadas por violencia, desalojos y la muerte de una integrante en 2018, mientras persiste la disputa legal sobre la propiedad del territorio Por su parte, el abogado Victor Daniel Nazar señala que en las tierras de su cliente “nunca existieron indígenas” y aporta estudios saletilates que van desde 1990 a 2025. Pero desde la comunidad explican que “El Gallego” habría corrido a las familias del lugar a tiros y que podrían probar que ese también es su territorio porque todavía existe el cementerio, los pozos de agua y lugares de vida indígena que fueron desmantelados. En octubre de 2024 se produjo un episodio de violencia con bandas armadas por el que fueron imputados y encarcelados empleados y arrendatarios de Fuentes Barrau. Un mes después fueron excarcelados con la imposición de ciertas normas de conducta según consta en el fallo de la jueza de Control y Garantías de Añatuya. El abogado acusa que la comunidad contaría con el apoyo histórico del gobierno provincial. Sin embargo, fuentes allegadas al gobierno indicaron a este medio que no interceden en el conflicto por tratarse de un asunto entre partes.
Laura Berisso
Laura Berisso