La UIA quiere una ley de envases “a medida” y busca frenar regulaciones más duras
La discusión sobre qué hacer con los millones de envases que se descartan todos los días en Argentina volvió al centro de la escena política y empresarial. Esta vez, la Unión Industrial Argentina encabezó un acuerdo junto a 13 cámaras sectoriales para impulsar una Ley Nacional de Gestión Integral de Envases que establezca reglas homogéneas para todo el territorio.
El movimiento empresario llega en un contexto en el que conviven distintos proyectos legislativos en el Congreso y crece la presión por endurecer las obligaciones ambientales sobre las compañías que producen o comercializan envases. Frente a ese escenario, la industria decidió fijar posición y promover una normativa que contemple criterios “técnicos, productivos y ambientales”, pero sin afectar -según remarcan- la productividad ni la competitividad.
La entidad industrial sostiene que la futura ley debe funcionar como una norma de “presupuestos mínimos”, evitando que provincias o municipios avancen con regulaciones diferentes que compliquen el funcionamiento del sistema. En otras palabras, el sector privado busca evitar un mosaico de normas locales que podría elevar costos logísticos, administrativos y operativos.
El documento firmado reúne a cámaras de sectores alimenticios, químicos, metalúrgicos, plásticos, papeleros, de bebidas y consumo masivo. Entre ellas aparecen COPAL, ADIMRA y la Cámara Argentina del Acero, entre otras entidades vinculadas a la producción industrial.
Ley de envases: qué busca cambiar la UIA
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la ley se enfoque exclusivamente en los residuos de envases post consumo “asimilables a domiciliarios”, promoviendo su recuperación y reutilización dentro de esquemas de economía circular.
La iniciativa también incorpora el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, un mecanismo mediante el cual las empresas que colocan envases en el mercado deben participar de la gestión posterior de esos residuos. Sin embargo, la UIA propone que el sistema quede mayoritariamente bajo administración privada, mientras el Estado conserve tareas de control.
“El sector privado tendría a su cargo la gestión y administración de los sistemas, mientras que el Estado debería controlar su funcionamiento”, sostiene el documento consensuado por las cámaras.
La industria también reclama gradualidad en la implementación. Según el texto, cualquier esquema nacional requerirá infraestructura, inversiones, capacitación y mercados capaces de absorber los materiales reciclados.
Recuperadores urbanos, financiamiento e incentivos fiscales
Otro aspecto sensible del debate es el financiamiento del sistema. La propuesta empresaria plantea que exista un aporte por cada producto envasado que ingrese al mercado nacional, aunque pide evitar mecanismos que “distorsionen” la competitividad o castiguen a determinados materiales.
Además, la iniciativa incorpora a los recuperadores urbanos dentro de la cadena de reciclado y plantea mejorar sus condiciones laborales mediante capacitación, infraestructura y formalización.
La UIA también reclama incentivos económicos para las empresas que utilicen materiales reciclados o inviertan en nuevas tecnologías ambientales. Entre las herramientas sugeridas aparecen beneficios fiscales y certificados de crédito fiscal para quienes adelanten metas de reciclado o desarrollen infraestructura vinculada al recupero de residuos.
Desde la entidad industrial explicaron que el acuerdo busca enviar una “señal institucional” frente al debate parlamentario que ya comenzó a reactivarse en el Congreso. Después de más de 20 años de discusiones inconclusas, el sector empresario busca ahora asegurarse un rol central en el diseño de la futura ley de envases.
