Una mega represa hidroeléctrica enfrenta a tres provincias en la Justicia

La construcción de una central hidroeléctrica en el límite de La Pampa y Mendoza enfrenta a las autoridades de las dos provincias por los riesgos ambientales que podría causar la represa una vez en operaciones.

Se trata de Portezuelo del Viento,  cuyo principal afluente es el Río Grande y que se prevé desarrollar en el sur mendocino para generar energía en el marco de un proyecto con inversiones por U$S 1.000 millones.

Una vez puesta en marcha, la presa, con una potencia instalada de 210 MW, se podrá proveer de energía a 130.000 usuarios, 30% más de los que actualmente tiene el servicio domiciliario y cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos. Con una altura de 185 metros, va a ser uno de los diques más grandes del planeta.

Sin embargo, el mega emprendimiento es resistido por el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, quien acaba de ampliar una demanda contra Mendoza y el Estado nacional en la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia reclama que no se inicien las obras debido a que no se ha realizado todavía el estudio de impacto ambiental y teniendo en cuenta los daños que podría causar a los cursos de los ríos que abarca.

La decisión fue criticada por el gobernador mendocino, Rodolfo Suarez, para quien el proyecto generará energía limpia, renovable y optimizará el uso del agua de Río Grande.

A través de las redes sociales, el mandatario argumentó que los beneficios de la presa se extienden más allá de su provincia y que “ayuda a reducir las emisiones de CO2, combatiendo el calentamiento global y protegiendo la cuenca de las variaciones de caudal del Río Grande”.

También sostuvo que será positiva para todas las provincias de la cuenca del Colorado, “porque incrementará las reservas estratégicas de agua, reduciendo el impacto de las variaciones de caudal del río, en sus crecidas como en sus bajadas, y será complementario del embalse de Casa de Piedra en La Pampa”.

Sin embargo, las declaraciones no convencieron a su par pampeano quien de manera urgente volvió a reclamar ante la Corte Suprema y, según fuentes provinciales, agregó elementos a la denuncia inicial.

Uno de ellos se vincula con que la represa también daña el caudal del Río Colorado y por eso Ziliotto intenta sumar a su cruzada a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, con quien este miércoles mantuvo un encuentro en Casa de Piedra, un pueblo al sur de La Pampa.

Allí acordaron una estrategia conjunta ante la crisis hídrica, además de acompañar la demanda de La Pampa por el impacto ambiental de Portezuelo.

En declaraciones a la prensa, Ziliotto explico que la obra es “técnica e hidráulicamente inviable”, y cuestionó que en Mendoza “están vendiendo que pueden generar 250 megas de potencia, algo imposible en base a la realidad del río, y hay que mirar su comportamiento en los últimos cien años para entenderlo”.

En estos días, el disparador del conflicto fue la partida por casi U$S 14 millones que recibió Mendoza para continuar con las obras en el marco de un acuerdo que había firmado el anterior gobernador, Alfredo Cornejo, con el ex presidente Mauricio Macri.

Para los funcionarios mendocinos, Portezuelo tiene aprobados dos estudios de impacto ambiental que fueron realizados por universidades públicas como la UNCuyo; la UTN: la de La Plata y la del Litoral.

En sus argumentos, Suarez apeló además a los estudios de factibilidad ambiental, que forman parte del dictamen técnico y por el cual La Nación está desembolsando las partidas para construir una represa que se licitó en el  2011 y que tenía como fecha de inauguración en el 2015.

El procedimiento licitatorio comenzó por una preselección de oferentes, a la que se presentaron ocho empresas o asociaciones empresarias. Con el paso del tiempo este procedimiento quedó superado, habiendo retomado el gobierno de Mendoza la continuidad de la obra y una revisión integral que derivó en la necesidad de estudios geotécnicos para confirmar los resultados de anteriores estudios ambientales.

El proyecto prevé una obra posterior, que permitiría el trasvase de parte del caudal del Río Grande al curso medio del Atuel, con lo cual permitiría extender en unas 58 000 hectáreas el área bajo riego de una amplia zona del sur mendocino y aumentar el caudal turbinado por el complejo hidroeléctrico El Nihuil.

En septiembre del año pasado, el proyecto se volvió a licitar, luego de que el gobierno de Cambiemos garantizó los fondos mediante la emisión de Letes (Letras del Tesoro Nacional) para entregar el primer desembolso de U$S7 millones que se efectuó en octubre del 2019.

Sin embargo, hasta ahora la obra no fue adjudicada y según fuentes del gobierno nacional, se espera que también pase a revisión como muchos de otros emprendimientos de infraestructura que el gobierno anterior impulsó y aseguró los fondos.