Vida silvestre o trofeo: la pulseada ética que define la temporada de caza en Entre Ríos
Entre Ríos definirá este lunes la apertura de la temporada de caza de aves autóctonas en una audiencia pública marcada por el conflicto. Organizaciones socioambientales denuncian que se busca excluir su participación y exigen transparencia en los estudios técnicos para evitar que se repitan las irregularidades de años anteriores, apelando al cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
El próximo lunes 20 de abril, el Área Natural Protegida El Potrero, en Victoria, Entre Ríos, será el escenario de una audiencia pública que ya promete ser conflictiva. El eje central es la posible reapertura de la temporada de caza de aves autóctonas en Entre Ríos, una medida que genera un fuerte rechazo en el sector socioambiental.
La tensión no es nueva. «Es una farsa institucionalizada», afirmó Gabriel Bonomi, coordinador de los equipos de conservación y comunicación de CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres), en diálogo con Economía Sustentable. Según Bonomi, el antecedente de 2025, donde se impidió la palabra a las ONG, «fue un claro incumplimiento de los tratados internacionales de participación ciudadana que Argentina ha ratificado».
El reclamo por la participación y el Acuerdo de Escazú
A pesar de la importancia del tema, las organizaciones de defensa animal no recibieron invitaciones formales, lo que despertó alarmas sobre una posible exclusión deliberada. Para los ambientalistas, esto es una violación directa del Acuerdo de Escazú.
«Nos sentimos ignorados y perseguidos por el mismo Estado que debería proteger el patrimonio natural», sostiene Bonomi. «Lo que vivimos el año pasado en Rosario del Tala fue un escándalo; no nos dejaron exponer mientras al sector cinegético sí se le abrieron todas las puertas». La exigencia es clara: tiempo y forma equivalentes para exponer una postura que defienda la vida silvestre frente a los intereses económicos de los cotos de caza.
Ciencia «a medida» y falta de transparencia
Uno de los puntos más críticos que señalan desde CEYDAS es la dudosa procedencia de los estudios que avalan la caza. «Se presentan biólogos como voces ‘independientes’, pero son contratados y pagados por el propio sector cinegético«, explicó Bonomi a Economía Sustentable.
Esta dinámica pone en tela de juicio la validez de los relevamientos poblacionales de patos y otras aves. «No estamos discutiendo números técnicos, estamos discutiendo la ética de convertir la biodiversidad en un producto comercial financiado por quienes se benefician de su matanza«, enfatizó el coordinador de CEYDAS. Para las organizaciones, la ciencia debe ser un herramienta de conservación, no una justificación para el extractivismo.
Un cambio de paradigma: la ética por sobre el «recurso»
El trasfondo de la discusión es, fundamentalmente, humano y ético. Mientras el gobierno provincial y el sector turístico ven «recursos» aprovechables, las ONGs ven ecosistemas que sostienen el equilibrio hídrico de la región.
«El problema es que para ellos, un ave es un trofeo; para nosotros, es parte de un entramado vivo que nos sostiene a todos«, concluyó Bonomi. Con causas judiciales por inconstitucionalidad abiertas por las temporadas 2022, 2023 y 2025, la audiencia del lunes representa una oportunidad para el gobierno entrerriano de cambiar el rumbo o profundizar una brecha que, según las organizaciones, ya es insostenible.
