Las corporaciones en la mira por el daño ambiental en Argentina

En un contexto global donde la crisis climática ya no es una advertencia sino una realidad cotidiana, el comportamiento de las empresas en Argentina está bajo una lupa más estricta que nunca. 

Ya no basta con balances financieros positivos, si se tiene en cuenta que el mercado y la sociedad civil exigen hoy una «licencia social para operar» que muchas compañías locales y multinacionales están perdiendo debido a sus pasivos ambientales. 

En la actualidad, hay varios sectores y empresas que, al inicio de este 2026, concentran la mayor cantidad de denuncias y sanciones por su impacto en los ecosistemas argentinos.

El primero es el sector agroquímico, por el  peso de los envases en su cadena de producción y de comercialización, que se ha convertido en uno de los frentes de mayor conflicto legal en los últimos años.

La gestión de envases de fitosanitarios y la falta de un sistema eficiente de recuperación ha llevado a que toneladas de plásticos con restos de químicos peligrosos terminen quemados o enterrados, contaminando napas y suelos. 

En este caso, Bayer (ex Monsanto), lidera históricamente los rankings de multas en la Provincia de Buenos Aires. 

En años recientes, las sanciones han superado los $130 millones por el incumplimiento de la Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos.

En el mismo sentido, Syngenta y Atanor, también figuran en el «top» de las más sancionadas. 

En el caso de Atanor, específicamente, ha enfrentado clausuras preventivas en sus plantas, como la de la localidad bonaerense de San Nicolás, tras confirmarse vertidos contaminantes que afectan directamente a las comunidades locales. 

El legado del Riachuelo

Más allá de este sector, en el mapa de la contaminación argentina se destaca la herida abierta por lo ocurrido en el Riachuelo o río Matanza-Riachuelo. 

Se trata de un curso de agua de 64 km que actúa como límite sur de la Ciudad de Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata. 

Es conocido históricamente por ser una de las cuencas más contaminadas del mundo, debido a efluentes industriales y cloacales con altos niveles de metales pesados y residuos, afectando a más de cuatro millones de personas. 

A pesar de los planes de saneamiento de ACUMAR, la cuenca sigue siendo el receptáculo de desechos industriales de cientos de establecimientos que operan bajo la categoría de agentes contaminantes.

El organismo tiene identificadas al menos 434 empresas como “agentes contaminantes vigentes” en la cuenca. 

Estas industrias incluyen frigoríficos, curtiembres, empresas químicas y metalúrgicas, entre otras. Aunque existen miles de industrias en la zona, un grupo reducido genera la mayor parte de la contaminación.

Informes periodísticos recientes enumeran un listado de empresas que califican como responsables de la situación socioambiental que denuncian los habitantes de esa zona.

Se destacan los casos de la cadena de supermercados Coto CICSA, que continúa contaminando el Riachuelo, a pesar de que tiene un plan de adecuación presentado y en ejecución.

Otra empresa apuntada es Sadesa S.A, una curtiembre que provee productos de cuero a grandes marcas de indumentaria y calzado internacional como Nike y Adidas.

Es propiedad de Manuel Galperín, hermano del fundador de Mercado Libre. 

En realidad, el fundador de Sadesa fue el abuelo de ambos empresarios y la fábrica se presenta como uno de los tres proveedores de cuero mas grandes del mundo.

Según las acusaciones y los reportes del ACUMAR, la planta de la localidad de Villa Fiorito vierte plomo y cromo al barrio, pese a la presión de los vecinos que denuncian la situación.

Quejas que se acumulan 

Las quejas también abarcan a STERICYCLE, una multinacional de tratamiento de desechos médicos con sede en Illinois (Estados Unidos). 

Se acusa a sus ejecutivos de haber pagado coimas para obtener contratos, para luego verter residuos contaminantes y abandonar el país. 

Actualmente opera bajo otras razones sociales como TriEco, que tiene incineradores en su planta de Villa Inflamable.

En la lista también figura Shell, que opera ahora bajo el nombre de Raizen y que aparece denunciada por la contaminación vertida desde el aeropuerto de Ezeiza, así como desde una refinería con locación en Dock Sud. 

Otra denunciada es Klaukol – Sika, empresa de propiedad canadiense dedicada a la fabricación de productos de construcción, pinturería, membranas y adhesivos. 

En 2022, la Justicia Federal frenó la actividad de la fábrica en La Matanza por la contaminación vertida a las napas del Riachuelo.

En el mismo sentido, figura DOTA S.A, el grupo más grande de transporte de pasajeros por colectivos de la Argentina que opera 182 de las 390 líneas de colectivo del AMBA. 

Sus terminales y talleres en zonas como Lomas de Zamora han sido registrados como focos de vertidos de hidrocarburos y residuos peligrosos sin tratamiento adecuado.

El boom minero 

El sector de minería y energía también tiene su lista propia de empresas contaminantes.

Con el auge del litio y la expansión de la frontera petrolera, las denuncias por falta de consulta previa y riesgo hídrico han escalado a niveles judiciales. 

Como ejemplo, se puede citar a Minera Alumbrera, que ha sido condenada por contaminación de suelos y aguas. 

A partir de este amplio escenario, los expertos advierten que la regeneración ambiental de Argentina no vendrá solo de las multas, sino de un cambio de paradigma. 

Organizaciones como Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas advierten que, mientras las multas sigan siendo «costos pagables» en comparación con las ganancias, el daño continuará.

Aseguran que el desafío para estas empresas es claro: o transforman sus procesos para alinearse con los límites planetarios, o quedarán registradas en la historia no por su éxito comercial, sino por el rastro de degradación que dejaron a su paso.

Intenso debate 

Frente a este reclamo, se abre un debate sobre si las multas económicas son suficientes para frenar el daño ambiental, o si hace falta avanzar hacia penas de prisión para los responsables corporativos.

Se trata de una de las discusiones más intensas en el derecho ambiental moderno que hace referencia a la posible transición de un modelo de «quien contamina, paga» hacia uno de responsabilidad penal individual y que refleja un cambio en cómo se percibe el daño a la naturaleza: ya no como un costo de negocios, sino como un crimen contra la vida.

El debate reconoce que para muchas grandes corporaciones, una multa -incluso de millones de dólares- es simplemente un gasto operativo. 

Si el costo de implementar tecnología limpia es de $100 millones, pero la multa por contaminar es de $10 millones, la lógica financiera (aunque no la ética) dicta que es más «barato» seguir contaminando.

De hecho, muchas empresas declaran quiebra o vacían sus activos tras un desastre ambiental, dejando al Estado la carga económica de la limpieza.

Además, en países como Argentina, las multas a veces quedan desfasadas por la inflación antes de ser efectivamente cobradas.

Criminalizar la contaminación 

Frente a esta discusión, ciertos sectores ya plantean la aplicación de penas de prisión como una solución definitiva.

La propuesta de criminalizar los delitos ambientales busca romper la barrera de la «persona jurídica» y responsabilizar a los directorios y CEOs.

Sus defensores aseguran que tiene un efecto disuasorio real porque la amenaza de la pérdida de libertad tiene un peso que el dinero no tiene y  obliga a los ejecutivos a priorizar la gestión de riesgos ambientales en sus decisiones estratégicas.

A nivel internacional, existe un fuerte movimiento para que el «Ecocidio» sea reconocido como el quinto crimen contra la paz en la Corte Penal Internacional, al nivel de los crímenes de lesa humanidad.

Más allá de la cárcel o el dinero, está surgiendo una tercera vía que parece ser la más efectiva para el ecosistema:

1. Reparación obligatoria: que la empresa no solo pague, sino que deba restaurar el ecosistema dañado a su estado original (si es posible).
2. Sanciones reputacionales: la prohibición de contratar con el Estado o la pérdida de certificaciones internacionales, lo que golpea el valor de las acciones.
3. Monitoreo comunitario: permitir que las comunidades afectadas auditen las operaciones de la empresa de forma permanente.

La duda sobre la justicia 

Es decir, la tendencia global sugiere que las multas por sí solas han fracasado y que para frenar el daño, se requiere un esquema híbrido, con sanciones económicas punitivas (que duelan más que la inversión en limpieza), reparación obligatoria del daño y, en casos de dolo o negligencia grave, responsabilidad penal para quienes toman las decisiones.

En la Argentina, el debate también plantea dudas sobre si el sistema judicial local está preparado para enviar a un CEO a prisión por un vertido tóxico.

Más allá de la creencia popular que duda de esta posiblidad, lo cierto es que la justicia argentina ya está enviando directivos a prisión, aunque con matices importantes. 

Es más, en los últimos años (2024-2026) se han dictado sentencias históricas que aplican la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos:

• Caso Ingenio La Corona (Tucumán, 2024): dos directivos fueron condenados a tres años de prisión por el vertido de vinaza que contaminó cursos de agua y afectó la salud de la población local.
• Caso Ingenio La Florida (Santiago del Estero): otro caso donde la justicia federal impuso penas de prisión a responsables corporativos por contaminación ambiental.
• Caso Vintage Oil (Mendoza): condenas a tres ingenieros y jefes de yacimiento (incluyendo personal con base en Buenos Aires) por el vuelco de agua de purga en cauces secos.

Si bien hay condenas, la mayoría son de ejecución condicional. Esto significa que, aunque el CEO es declarado culpable y tiene antecedentes penales, no pisa una celda a menos que reincida.

Por eso, la discusión pasa por si las penas deben ser de cumplimiento efectivo para que el «miedo a la cárcel» sea un disuasivo real en el C-Suite. 

Riesgo de cumplimiento 

Actualmente, los proyectos de ley (como el de Ecocidio) buscan elevar el piso de las penas a 5 o 15 años en casos irreversibles, lo que obligaría al cumplimiento efectivo.

Mientras tanto, el lobby del «empleo vs. ambiente» es el que sigue perdurando como el argumento clásico. 

En regiones con monocultivos o dependencia de una sola industria, la justicia local suele ser más reticente a sancionar con dureza por temor al cierre de plantas y la pérdida de puestos de trabajo.

Por eso, los casos más exitosos de condenas a CEOs han ocurrido en el fuero Federal, que suele estar más blindado de las presiones políticas y económicas provinciales inmediatas.

Además, en el marco de grandes inversiones (como las del RIGI en minería y energía), las empresas internacionales hoy temen más al «riesgo de cumplimiento» (compliance) que a la multa local. 

Una condena penal a un directivo en Argentina puede activar cláusulas de exclusión en mercados internacionales o caídas en la cotización de la empresa matriz en Nueva York o Londres.

A partir de estos matices, los expertos entienden que la Argentina tiene las herramientas legales y ya empezó a usarlas contra «personas humanas» detrás de las empresas. 

El efecto Bruselas 

Sin embargo, advierten que todavía falta que un CEO de una empresa de primera línea cumpla prisión efectiva para que el sector corporativo deje de ver al medio ambiente como una variable de ajuste contable.

Para complementar la presión, en el país ya está sucediendo un fenómeno global conocido como el «Efecto Bruselas». 

Se trata de la presión internacional que no llega solo como un pedido diplomático, sino como una barrera comercial y legal infranqueable que obliga a los jueces locales a elevar la vara.

Los tres motores que están forzando a la justicia argentina a ser más severa a partir de este efecto son:

1. La «Cláusula Espejo» y la Trazabilidad (EUDR)

Con la entrada en vigor definitiva del Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), las empresas argentinas que exportan soja, carne o madera deben demostrar con geolocalización que no dañaron ecosistemas desde diciembre de 2020.

• El impacto judicial: Si un juez argentino es «laxo» y permite que una empresa desmonte ilegalmente, esa empresa queda fuera del mercado europeo. Los jueces ahora entienden que un fallo a favor de la empresa «infractora» no la ayuda, sino que la condena comercialmente a nivel global. La justicia empieza a ver la protección ambiental como una defensa de la competitividad exportadora.

2. La Directiva de Debida Diligencia (CSDDD)

Esta es la normativa europea más temida por los directorios: obliga a las grandes empresas de la UE a responder legalmente por los abusos ambientales cometidos por sus proveedores en el extranjero (incluida Argentina).

• Acceso a la Justicia: la directiva facilita que comunidades afectadas en Argentina demanden a la casa matriz en Europa. Ante el riesgo de que una corte europea intervenga y deje en evidencia la inacción local, los jueces argentinos se ven presionados a actuar con celeridad para mantener la soberanía judicial sobre sus propios casos.

3. El Mecanismo CBAM (Impuesto al Carbono)

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) penaliza las importaciones de acero, cemento o fertilizantes que no paguen un precio por sus emisiones en su país de origen.

• El incentivo judicial: para que Argentina no pierda ese dinero en las aduanas europeas, el país necesita fortalecer su propio mercado de carbono y sus regulaciones internas. Un juez que impone multas severas o sanciones penales está ayudando a crear el «precio al carbono» que la UE exige para no cobrar el impuesto en frontera.

Seguridad jurídica

Paradójicamente, la presión económica ahora juega a favor del ambiente.

Antes, el dilema era «Desarrollo vs. Naturaleza». Hoy, el dilema es «Sustentabilidad vs. Aislamiento Económico».

Por caso, los fondos que financian proyectos en Vaca Muerta o el Triángulo del Litio exigen reportes de cumplimiento que los jueces locales deben validar. Si la justicia argentina no es creíble, el costo del capital sube.

En el mismo sentido, para que las inversiones del RIGI sean exitosas, necesitan seguridad jurídica. Una justicia que no castiga el daño ambiental genera inseguridad, ya que los proyectos pueden ser frenados por cortes internacionales o protestas sociales que escalan ante la falta de sentencias locales.

Visiones encontradas 

Dentro del círculo rojo corporativo argentino este cambio de paradigma genera la convivencia de dos realidades paralelas. 

La conciencia de que el escenario cambió es total en los niveles de toma de decisiones, pero la resistencia interna se manifiesta como una inercia operativa difícil de romper.

Se puede entonces dividir al sector en tres grandes grupos según su nivel de «despertar» ante el fin de la era de la impunidad ambiental:

1. El Grupo de la «Adaptación Forzada» (Exportadores)

Empresas del agro, la minería y la energía (como YPF, Arcor o las mineras de litio) son las más conscientes. Para ellas, no es una cuestión de ética, sino de supervivencia financiera.

• El factor crédito: saben que si no cumplen con estándares internacionales (como las normas IFC del Banco Mundial), el costo del financiamiento se dispara o, directamente, los fondos de inversión les cierran la ventanilla.
• La resistencia: la queja no es contra la norma, sino contra la infraestructura. Sostienen que el Estado les exige cumplir (por ejemplo, con la Ley de Envases o el tratamiento de efluentes) pero no ofrece los centros de disposición final o la logística necesaria para hacerlo.

2. El Grupo de la «Resistencia Tradicional» (PyMEs e Industrias de Mercado Interno)

En este sector, la resistencia es máxima. Para muchas empresas que no miran al mercado externo, la sustentabilidad todavía se percibe como un «lujo de país rico».

• El argumento de la crisis: la respuesta recurrente ante una inspección o una denuncia suele ser: «Si me exigen esta planta de tratamiento, tengo que cerrar y echar a 50 empleados».
• Inercia judicial: siguen apostando a que la justicia local, presionada por el poder político regional, seguirá cajoneando los expedientes o aplicando multas que la inflación licuará en seis meses.

3. El Sector de «Greenwashing» (Resistencia pasiva).

Es el grupo más peligroso para el ecosistema. Han creado grandes departamentos de sustentabilidad y marketing verde, pero sus procesos de producción de fondo no han cambiado.

• Resistencia táctica: utilizan el cumplimiento de normas cosméticas para evitar auditorías profundas. Sin embargo, este modelo está chocando con la trazabilidad digital (satélites y blockchain), que hace que mentir sea cada vez más difícil.

Por el lado de las cámaras empresariales argentinas suelen centrar su resistencia en varios puntos específicos que consideran «injustos».

Uno es la presión desigual, porque sienten que se persigue a la empresa formalizada mientras la contaminación de basurales municipales o asentamientos informales (sin cloacas) queda impune.

Otro se basa en la falta de Incentivos, ya que reclaman que el Estado solo usa el «garrote» (multas) pero no la «zanahoria» (créditos blandos para reconversión tecnológica).

Un tercer argumento se refiere a las llamadas jurisdicciones superpuestas. Es decir, se quejan de que una misma planta debe responder a normativas municipales, provinciales y nacionales que a veces se contradicen.

Para los analistas, el punto de inflexión es el relevo generacional. 

Los directivos que hoy promedian los 40 años tienen una visión del riesgo ambiental muy distinta a la de los dueños de empresas de hace tres décadas. 

Saben que una denuncia viralizada en redes sociales o una causa penal activa destruye el valor de la compañía más rápido que cualquier crisis económica.

Pero más allá de la edad, del sector y del puesto que ocupen, para los analistas del sector no hay dudas de que los empresarios argentinos saben que las «multas baratas» son un recuerdo del pasado. 

De todos modos, reconocen que todavía hay un grupo importante que intenta ganar tiempo, esperando que la institucionalidad argentina sea lo suficientemente lenta como para permitirles una «última vuelta» bajo el viejo modelo.