Este 25 de junio en el Senado se podría debatir un proyecto que busca modificar leyes que se consideran fundamentales para la concepción de Estado Soberano. Impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de Federico Sturzenegger, con el título Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, su objetivo es eliminar la limitación del 15% para extranjeros en la compra de tierras en el ámbito nacional, provincial y departamental, correspondiente a la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737 de 2011). También modificaría la Ley 27.604 que prohíbe, cambios en el uso del suelo afectado por incendios —como venta y loteo— de 30 a 60 años para evitar la especulación inmobiliaria y comercial.
En la década del 90, casos como el de Benetton, con más de 900 mil hectáreas y Joe Lewis, con 13 mil hectáreas alrededor de Lago Escondido —ambos en la Patagonia—, fueron citados como ejemplo de los beneficios exclusivos para capitales extranjeros dentro de un modelo neoliberal privatizador. Aun con acciones legales que denunciaron el cercado de un espejo de agua y la restricción del acceso público a sus costas, los caminos continúan bloqueados.
La ley de Inviolabilidad podría multiplicar estos casos. Su tratamiento se pospuso dos veces en el Senado y dentro del gobierno de la Libertad Avanza, aseguran que ya tienen los votos suficientes para avanzar. En 2023, el gobierno oficialista había intentado reformar la Ley de Tierras Rurales 26.737 de 2011 a través de un DNU, pero tuvo un freno en la Justicia, y luego se lo declaró inconstitucional. Las modificaciones son clave para llevar adelante un proceso de extranjerización que representa los intereses de grupos tecnológicos y de explotación inmobiliaria y minera, entre otros.
El Observatorio de Tierras del Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias en su presentación explica:
“A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de Inglaterra. Pero el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante. La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando analizamos a otra escala y focalizamos la atención en las provincias y departamentos, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero”.
La ocupación se puede visualizar en un mapa:
En su cuarto informe, “El proyecto de ley de extranjerización de tierras del gobierno nacional, un nuevo estatuto legal del coloniaje”, en abril de 2026, sus autores, Pablo Volkind, Matías Oberlin y Julieta Caggiano advierten que ‘Lejos de fortalecer derechos, el proyecto debilita las capacidades estatales de regulación y abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes. Por eso, más que una ley de protección, entendemos que se trata de una “ley de extranjerización” que pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes’.
La socióloga Julieta Caggiano analiza con su grupo de investigación la reconfiguración del territorio y el acaparamiento de zonas estratégicas en Argentina, como parte de un fenómeno que ocurre en diferentes países del llamado “Sur Global”.
“Podemos identificar un alineamiento con políticas establecidas por Trump, pero también es preciso decir que ningún Estado podría comprar tierras, que eso es algo que sí se mantiene de la Ley de Tierras vigente, ni empresas con participación estatal. Eso sería lo único que quedaría con límites frente al desvío que estaría proponiendo esta Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que lo que hace es quitar todo tipo de límites para la compra de capitales extranjeros privados. Solamente limitaría a los capitales extranjeros estatales”, explica.
La socióloga menciona el caso de Peter Thiel que está comprando propiedades en América, con un esquema similar. En Honduras, por ejemplo, invirtió en un proyecto masivo de ciudad privada “libre” que pretende tener autonomía fiscal, policía propia y legislación de Estados Unidos. “El proyecto de las grandes empresas ligadas con Silicon Valley y los aparatos tecnológicos, muchas veces cuentan con más capital que los propios estados y se instalan en lugares estratégicos acaparando recursos que son comunes”.
La ley vigente de Zonas de Frontera en Argentina, de 1944, establece límites a zonas de frontera que deben estar en manos de ciudadanos argentinos, y no extranjeros. Caggiano advierte que lo estaría derogando con el proyecto de inviolabilidad, además de quitar las protección sobre tierras que contienen cuerpos de agua, entonces casos como los de Lewis pasarían a ser moneda corriente.
Esos grandes grupos inversores, al tener un capital mayor, no compiten en igualdad de condiciones con la población local. Se suma el beneficio que la industria, incluso algunas nacionales, obtienen con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y Super RIGI, que quitan impuestos y obligaciones a circular la renta dentro del país. La socióloga considera que es cuestionable el desarrollo posible a raíz de la llegada de empresas bajo estas condiciones.
Según el Observatorio, en 2011, cuando se sancionó la Ley 26.737, se intentó frenar el proceso de extranjerización que había iniciado en los años 90. Caggiano explica que actuó como tapón para que se congelaran las ventas, pero no impidió lo que ya se había concretado. En la actualidad hay 36 departamentos o partidos que superan el límite de la ley, en lugares estratégicos, en caso de liberar la venta, el precio de la tierra sería muy alto porque estaría compitiendo con la demanda internacional, algo que obligaría a la gente local a trasladarse a otros sitios.
Después del incendios, la privatización
En el marco de un cambio climático antropogénico, los incendios forestales se suceden con frecuencia en temporadas estivales, pero también fuera de ellas, como es el caso de Cafayate, en la provincia de Salta, en donde se evalúa la posibilidad de que haya sido intencional. Entre fines de 2025 y 2026, solo en la Patagonia se incendiaron más de 100 mil hectáreas de bosque. La organización FARN ha denunciado la inacción estatal en materia de mitigación y prevención y un desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Brigadistas y vecinos han publicado en redes el pedido de ayuda a la comunidad para cubrir gastos de los materiales y vehículos necesarios para hacerle frente a incendios.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quitaría el impedimento que protege la zona incendiada, y dejaría la zona apta para generar negocios de manera inmediata. Julieta Caggiano advierte sobre este punto, y además menciona los cambios en la soberanía.
“Parte fundamental de la soberanía de cualquier país es disponer o poder generar políticas a mediano y largo plazo con los recursos naturales que tiene el país. Sobre todo con los territorios, con los lugares de frontera o con estos bienes comunes estratégicos como cuerpos de agua, nacientes de ríos, de arroyos, zonas con glaciares o periglaciares, con vías fluviales. Ahí es donde vemos el mayor problema. No solo si hay un caso de trata, de búsqueda a un menor, de poder controlar territorio de frontera. Si se aprueba esta ley no se protegerían más esas zonas de frontera. Al perder control sobre el territorio, también se pierde la soberanía sobre los recursos, y bienes imprescindibles como el agua potable“, comenta.
Un artículo de la Agencia Tierra Viva afirma que según datos del último Censo Nacional Agropecuario (2018), el 96% del dominio de la tierra en Argentina es de propiedad privada, el 3% es estatal y solo el 1% se encuentra en un estado indeterminado, que podría computarse para tierras ocupadas, tierras comunitarias indígenas u otro tipo de tenencia ni estatal ni privada. La Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) un espacio de representación gremial que nuclea a pequeños productores, cooperativas, agricultores familiares y pueblos originarios, rechaza el proyecto, propone opciones para la producción de la tierra y denuncia el perjuicio contra las comunidades originarias que podrían ser desalojadas fácilmente.
Por su parte, la diputada electa, política y activista que integra el FIT Unidad-MST, Celeste Fierro, considera que este proyecto es parte de un paquete de este gobierno “que viene entregar absolutamente todo y a facilitarle la tarea a los multimillonarios, a las corporaciones, a los ricos”.
“Lejos de ser un proyecto que intente proteger la propiedad de una familia que con su esfuerzo se compró un terreno, construyó una casa o del comerciante del barrio, es una ley que es a la medida del capital concentrado, de las corporaciones inmobiliarias, de los fondos de inversiones extranjeros y es todo para legalizar el saqueo de los bienes comunes. Y lo hacen bajo la bandera de la inviolabilidad, lo que están aprobando es la total impunidad para el negocio extractivo”, explica.
Fierro también menciona la modificación de la Ley de Manejo del Fuego y lo considera un incentivo a la destrucción ambiental, la profundización de lo que ya existía en cuestiones de pérdida de soberanía.
“Es permitir que las multinacionales compren los territorios, se los apropien con todos nuestros bienes comunes y recursos estratégicos sin ningún tipo de control. Entonces, mientras el gobierno desfinancia a brigadistas, al INTA, a la ciencia, le garantiza a los grandes especuladores el cobro de lo que es el lucro cesante si el Estado intenta poner un límite ecológico o social”, comenta.
“Una ley completamente antipueblo”, Celeste Fierro cree necesario poner el asunto sobre la mesa, y denunciar la intención del gobierno de que el país sea una zona de sacrificio.
“Impulsar la organización, la movilización, junto a las organizaciones socioambientales, en nuestro caso con las compañeras y los compañeros de la Red Ecosocialista, con Jessi Gentile, y todas las organizaciones a nivel nacional para lograr ponerle un freno a esta nueva avanzada del gobierno, que lo puede hacer en complicidad con la oposición completamente, falsa que, le termina dando los votos”, revela.
La Asociación de Abogados/as Ambientalistas y otras organizaciones compartieron un formulario de rechazo a la ley de Sturzenegger “sobre la extranjerización de la tierra y desalojos”.