El acceso a la información sobre las empresas y embarcaciones que explotan los recursos del Mar Argentino vuelve a estar en el centro del debate luego de que el Gobierno multara con más de $1.800 millones a una empresa extranjera por pesca ilegal pero la empresa va a poder seguir operando igual en la zona.
En este contexto, la organización ambiental Sin Azul No Hay Verde cuestionó el estancamiento en el Congreso de un proyecto de ley que busca obligar al Estado a publicar los principales datos de la flota pesquera comercial y advirtió que Argentina mantiene un nivel de transparencia menor al de otros países de la región.
El reclamo se vincula con el proyecto 2585-D-2026, impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro, que propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca 24.922. La iniciativa plantea la creación de un sitio oficial, gratuito y permanente que permita consultar información sobre las embarcaciones que operan en el país.
“Argentina no puede seguir tratando como secreto información que resulta indispensable para controlar cómo se explotan nuestros recursos pesqueros”, sostuvo Sin Azul No Hay Verde en un comunicado al cuestionar la falta de avances del proyecto.
Qué información busca hacer pública
La propuesta establece que el Registro de la Pesca debería incluir, en formatos abiertos, información sobre la identificación de cada embarcación, sus características, las artes de pesca declaradas y los datos vinculados con su propiedad.
También plantea transparentar la identidad del titular del buque, el armador, el operador autorizado y la estructura de control o grupo empresario al que pertenece.
Otro de los puntos centrales es la publicación del historial de sanciones firmes correspondiente a cada barco y a su empresa titular. El registro debería detallar el tipo de infracción, la autoridad que intervino y el estado de la sanción.
Según el proyecto, el sistema debería estar implementado dentro de los 180 días corridos posteriores a la eventual entrada en vigencia de la ley.
Qué proyectos tienen otros países de la región a diferencia de Argentina
Uno de los principales argumentos detrás de la iniciativa es la diferencia entre Argentina y otros países latinoamericanos con actividad pesquera industrial.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, México, Panamá y Guatemala cuentan con registros de acceso público en línea que permiten consultar información sobre sus flotas comerciales, como licencias, permisos y antecedentes.
En Argentina, en cambio, parte de la información sobre las características de los barcos y sus titulares termina siendo publicada por organizaciones internacionales o entidades certificadoras privadas que requieren esos datos para sus propios estándares de sostenibilidad.
Para las organizaciones ambientales, esta situación genera una “asimetría informativa” que dificulta el control ciudadano y desplaza hacia actores privados información que debería estar disponible a través de organismos públicos.
El problema de los antecedentes de las empresas
La falta de un registro oficial completo también genera dificultades para conocer los antecedentes de las compañías que operan en el Mar Argentino.
Según el planteo de las organizaciones, contar con información pública y unificada permitiría identificar operadores reincidentes, verificar sanciones y detectar eventuales vínculos entre empresas y actividades de pesca ilegal.
La propuesta busca que esa información pueda ser consultada de manera sencilla y permanente, en lugar de encontrarse dispersa entre distintos organismos o depender de solicitudes específicas.
“Sin información pública, no hay fiscalización efectiva ni ciudadanía en condiciones de controlar quiénes explotan los recursos pesqueros y bajo qué condiciones”, señaló la ONG.
Qué pasa con el secreto comercial
El proyecto también propone limitar el uso de argumentos vinculados con el secreto industrial o comercial para impedir el acceso a información de interés público.
Según el texto, la confidencialidad debería aplicarse de manera excepcional, fundada y parcial. De esta forma, una eventual protección de información comercial no debería impedir la publicación del resto de los datos que integran el registro.
La iniciativa también plantea transparentar las cuotas individuales asignadas, las especies autorizadas y las transferencias de licencias, como parte de un sistema orientado a mejorar la trazabilidad de la actividad pesquera.
Una ley que sigue sin avanzar
El proyecto 2585-D-2026 permanece sin avances sustanciales en las comisiones del Congreso. Para las organizaciones ambientales, retomar su tratamiento permitiría avanzar hacia un sistema de información pesquera más transparente y acercar a Argentina a los estándares que ya aplican otros países de la región.
El reclamo no se limita a la publicación de datos administrativos: detrás de la discusión está la posibilidad de conocer quiénes explotan los recursos del Mar Argentino, qué permisos poseen, qué antecedentes registran y cómo se controla su actividad.
Para las ONG que siguen el tema, hacer pública esa información es una condición básica para fortalecer la fiscalización y el control democrático sobre los recursos naturales.