Salta: el Gobierno impulsa un controversial proyecto de ley para el «ordenamiento» de bosques nativos

El Gobierno de Salta busca a través de un proyecto de ley fomentar el «ordenamiento territorial de Bosques Nativos« que permitiría «desmontar hasta 720.000 hectáreas, validar deforestaciones ilegales y poner en riesgo la biodiversidad y las comunidades indígenas», según denuncia organizaciones ambientalistas.

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El proyecto que impulsa el oficialismo a cargo del gobernador Gustavo Sáenz, busca «generar condiciones para la actividad productiva sustentable, mediante la transformación del uso del suelo mediante proyectos de ganadería regenerativa, bonos de carbono, entro otros, que generarán desarrollo y fuentes laborales a las zonas más postergadas como el caso del departamento Rivadavia».

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Qué dice el Gobierno de Salta sobre el proyecto de ley

Durante una exposición en el recinto, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazabal, señalaron que «el proceso de revisión del OTBN en Salta fue una tarea que insumió dos años de trabajo y contó con la participación de 130 organizaciones de la sociedad civil, como la UNSa, el INTA, el IPPIS, el INTI, representantes de sectores productivos y conservacionistas, etc. agrupados en el Consejo Asesor de Reordenamiento, por lo que su resultante es un proyecto surgido del consenso que le pertenece a todos los salteños y avalado por la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Dirección Nacional de Bosques y el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).

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A la vez, De los Ríos dijo que la Ley nacional 26331, de Presupuestos Mínimos, a la que adhirió Salta en 2009 a través de la Ley provincial 7543, «marca que se debían efectuar revisiones cada cinco años, estando pendientes las mismas desde el año 2014».

Cabe destacar que el proceso, luego del tratamiento legislativo, «continúa nuevamente a nivel nacional con la convalidación de reglamentación, tarea que demandará un plazo de 120 días, por lo que de actuar con celeridad se permitirá a la provincia ganar un ciclo productivo completo».

En este sentido, informaron que el mapa se elaboró «con criterio científico y ambiental, por cuencas» y explicó que «reduce la transformación del uso del suelo bajo un concepto de análisis predial, donde se marca en amarillo más oscuro las áreas a preservar o conservar, previendo los porcentajes máximos a transformar, con posibilidad de hacer campos mixtos, es decir cuidar el bosque con producción ganadera sustentable».

Proyecto de ley controversial

Desde Greenpeace Argentina denunciaron que el Gobierno provincia «pretende que este mes la legislatura apruebe una flexibilización de la Ley Bosques que validará la deforestación ilegal realizada y permitirá la autorización de desmontes por más de 700.000 hectáreas, incluso en zonas donde hoy no está permitido».

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“El gobierno de Sáenz busca darle impunidad legal a los grandes productores agropecuarios para que puedan arrasar con los bosques de Salta. Argentina firmó recientemente un compromiso climático de Deforestación Cero para el año 2030, por lo que las provincias deberían ir en esa dirección”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

La organización ecologista advirtió que la propuesta de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta «viola lo establecido por la Ley Nacional de Bosques porque, además de permitir desmontes de más de 700.000 hectáreas y validar los desmontes ilegales ya realizados, habilitará a autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; provocará la fragmentación del territorio de grandes mamíferos amenazados, como el yaguareté; y para su elaboración no fueron previamente consultadas las comunidades indígenas».

La Fundación Cebil, junto a otras organizaciones provinciales, regionales y nacionales, también presentaron en agosto de este año una «extensa nota al gobernador de la provincia y presidentes de la cámara de senadores y diputados provincial, brindando sólidos fundamentos advirtiendo sobre las graves falencias del nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)». «En especial, nos oponemos al cambio de color de la zona perteneciente al proyecto urbanístico de Los Maitines SA en las Yungas de San Lorenzo, ya que el lugar es objeto de un proceso judicial colectivo que tramita como amparo ambiental y se encuentra con llamado de autos para sentencia en la Corte de Justicia de Salta», argumentaron acá.

«Estamos ante una evidente flexibilización de la norma para permitir deforestar donde hasta hoy no se puede”, afirmó Cruz.

Salta es una de las provincias con más deforestación del país en las últimas décadas. «Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en la provincia se desmontaron 714.052 hectáreas, muchas de manera ilegal», informaron desde la ONG.

“Instamos al gobernador Sáenz y a los legisladores provinciales a que no aprueben este ordenamiento territorial, ya que será una catástrofe para el ambiente y para las comunidades indígenas y campesinas. Es un retroceso ilegal e inadmisible. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, sentenció Cruz.

Qué dice la Ley de Bosques

Recordemos que la ley 26.331, conocida como Ley de Bosques, «protege los bosques y los clasifica por su nivel de conservación, establece límites al desmonte y tiene en cuenta los intereses de las comunidades indígenas».

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En este sentido, se estableció diversas categorías de bosques:

• Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Son los que deben permanecer como bosques para siempre.
• Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación. Se trata de zonas que pueden estar degradadas, pero que con adecuadas actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y ser usados para: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
• Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.

En este sentido la ley vigente, sostiene que «todo desmonte o manejo sostenible de bosques necesita autorización previa». «En ningún caso se puede autorizar el desmonte de bosques clasificados como Rojo o Amarillo», aclara el texto. Para poder garantizar el cumplimiento de la ley, se creó el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos» a cargo de la Dirección Nacional de Bosques.

Sobre el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovechamiento sostenible, «la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de autorización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental», aclara la ley.