Represa de Corpus: denuncian que quieren plebiscitar una obra sin estudios ambientales y hablan de “propaganda”
La reactivación del debate sobre la construcción de la represa Corpus Christi-Pindo-í volvió a generar fuerte rechazo en Misiones. Ambientalistas aseguran que el proyecto carece de Evaluación de Impacto Ambiental y advierten que convocar a una nueva consulta popular sin esa información violaría principios básicos de la legislación ambiental.
La posibilidad de volver a consultar a los misioneros sobre la construcción de la Represa de Corpus Christi-Pindo-í irrumpió nuevamente en la agenda provincial tras la presentación de un proyecto en la Cámara de Representantes de Misiones impulsado por los diputados Martín Arjol y Miguel Nuñez.
Los promotores de la iniciativa sostienen que la obra podría convertirse en una herramienta estratégica para enfrentar los problemas energéticos de la provincia, generar empleo, mejorar la infraestructura y aportar recursos económicos. Sin embargo, la propuesta encendió rápidamente las alarmas entre organizaciones ambientalistas que cuestionan la falta de estudios técnicos y el intento de reinstalar un debate que la ciudadanía ya rechazó de manera contundente en 1996.
La Asociación Civil Orembaé realizó un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones y aseguró haber recibido una respuesta categórica: “el proyecto no cuenta con ninguna Evaluación de Impacto Ambiental”.
Según la organización, tampoco existen otros requisitos fundamentales exigidos por la normativa vigente. “No existe estudio de impacto ambiental presentado por el proponente, no existe dictamen técnico de la autoridad ambiental, no se ha celebrado audiencia pública ni instancia alguna de participación ciudadana, y no se ha emitido Declaración de Impacto Ambiental. En términos jurídicos, la dimensión ambiental de la obra nunca fue evaluada por el procedimiento que la ley exige”, señalaron en un comunicado.
Represa de Corpus: cuestionan la falta de estudios ambientales
La principal crítica de los ambientalistas apunta a las declaraciones de los impulsores del proyecto y de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP), quienes afirman que la represa tendría impactos mínimos sobre las comunidades y sobre la biodiversidad de la Selva Paranaense.
Desde Orembaé rechazan esa postura y sostienen que no existe evidencia técnica que permita arribar a esa conclusión.
“Las afirmaciones sobre los ‘impactos mínimos’ son falsas porque no hay nada que las respalde”, apunta la asociación civil.
La entidad fue aún más contundente al remarcar que “nadie puede afirmar legítimamente que un impacto será ‘mínimo’ cuando jamás fue medido por el único instrumento idóneo para determinarlo: la Evaluación de Impacto Ambiental. Sostener una conclusión sobre la magnitud del daño sin haber realizado el estudio que precisamente sirve para conocerlo no es ciencia ni ingeniería: es propaganda. Se está dando por probado, de antemano, aquello que solo una evaluación seria, independiente y participativa podría establecer”.
Además, recordaron que los estudios de prefactibilidad citados por los promotores de la iniciativa no reemplazan ni cumplen la función de una Evaluación de Impacto Ambiental.
“Un estudio de prefactibilidad -el documento que invocan los promotores- no es ni puede sustituir a una Evaluación de Impacto Ambiental. Son instrumentos de naturaleza, finalidad y exigencia legal completamente distintas”, agregaron.
Qué dice la ley sobre un nuevo plebiscito por la represa de Corpus
La discusión también se trasladó al plano jurídico. Según la organización ambientalista, la legislación vigente establece una secuencia clara para cualquier proyecto con potencial impacto ambiental: primero deben realizarse las evaluaciones técnicas, garantizarse el acceso a la información pública y habilitarse instancias de participación ciudadana; recién después puede avanzarse hacia una consulta popular.
En ese sentido, Orembaé sostiene que convocar a un nuevo plebiscito sin información ambiental completa impediría que la ciudadanía tome una decisión informada.
La asociación recordó además que la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Constitución Nacional obligan a garantizar transparencia, acceso a la información y participación efectiva en este tipo de proyectos.
También remarcan que la importancia ecológica de la Selva Paranaense exige aplicar el principio precautorio, que impide avanzar sobre emprendimientos con potencial riesgo ambiental cuando no existen estudios suficientes para determinar sus consecuencias.
La controversia adquiere además una dimensión política e histórica. En 1996, el 88,63% de los misioneros rechazó la construcción de la represa en un plebiscito que marcó un hito en la historia ambiental de la provincia.
Por ello, la organización reclama que se respete aquella decisión popular, que no se convoque a una nueva consulta sin información ambiental completa y que se garantice el acceso público a toda la documentación vinculada al proyecto antes de cualquier intento de reactivar la obra.
