Organizaciones ambientalistas exigen mayor transparencia en el sector pesquero argentino

Las organizaciones Sin Azul no Hay Verde (SANHV) y Círculo de Políticas Ambientales (CPA) publicaron un informe en el que analizan la transparencia en la toma de decisiones y el acceso a la información pública en el sector pesquero argentino.

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El documento destaca la necesidad de crear un registro público de embarcaciones que permita a la ciudadanía conocer cómo se gestionan los recursos pesqueros.

Falta de información

Milko Schvartzman, responsable del Programa de Océanos del CPA, señaló: “Se habla mucho de la rentabilidad y de los derechos de extracción, pero poco sobre la sostenibilidad y la conservación de los recursos, que son claves para la supervivencia de la actividad pesquera”. Además, criticó la falta de información sobre el desempeño de las embarcaciones, lo que considera fundamental para la asignación de cuotas y permisos.

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El informe detalla el funcionamiento del sector pesquero en Argentina, y explica que el sistema de cuotas y permisos, la composición de la flota bajo bandera nacional y la normativa vigente. También resalta que acceder a la información pública es «complicado y que la documentación existente es difícil de interpretar para personas no especializadas».

“Acceder a datos sobre las flotas y sus sanciones es engorroso y requiere trámites complejos. Esta información, al ser pública, debería ser accesible y comprensible para todos”, afirmó Juan Coustet, coordinador de Investigaciones e Informes de SANHV.

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Las organizaciones señalan que, a diferencia de otros países, Argentina carece de un registro público de embarcaciones que incluya información sobre permisos, cuotas, propietarios y antecedentes de infracciones. Por ello, instan a las autoridades a crear un registro digital que garantice el acceso transparente a estos datos.

El documento enfatiza que la Ley Federal de Pesca debe aplicarse en consonancia con el marco normativo ambiental, incluyendo la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. La creación de un registro en línea, concluyen, sería un avance clave para garantizar la transparencia y fortalecer la gestión sostenible de los recursos pesqueros.