Organizaciones alertan por el avance del “Súper RIGI” para inteligencia artificial y denuncian riesgos ambientales
Sostienen que el esquema de incentivos para la inteligencia artificial podría habilitar la instalación de centros de datos de alto consumo energético e hídrico sin resguardos ambientales adecuados.
Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil expresó su preocupación por el proyecto conocido como “Súper RIGI”, que podría obtener media sanción en la Cámara de Diputados.
Según advirtieron en un comunicado de prensa, la iniciativa impulsaría un modelo de desarrollo de inteligencia artificial con amplios beneficios para grandes corporaciones tecnológicas, pero con escasos controles ambientales, fiscales y regulatorios.
Las entidades, entre ellas Géneras, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), el Transnational Institute, Asuntos del Sur, la Fundación Biodiversidad Argentina y Latam Lab, sostienen que la propuesta permitiría la instalación de grandes centros de datos destinados al desarrollo de inteligencia artificial, una actividad que requiere elevados consumos de energía y agua para el funcionamiento y enfriamiento de sus sistemas.
Preocupación por el impacto ambiental
Uno de los principales cuestionamientos apunta al uso de recursos naturales estratégicos durante las próximas décadas.
Según las organizaciones, el régimen garantizaría durante 30 años la operación de complejos tecnológicos de gran escala, lo que podría obligar al Estado a priorizar el abastecimiento energético e hídrico de estas inversiones por encima de otras necesidades locales.
“Los grandes centros de cómputos orientados a la IA requieren enormes cantidades de energía y de agua para el enfriamiento de sus sistemas”, señalaron las entidades en un comunicado conjunto.
También advirtieron sobre posibles impactos en ecosistemas sensibles y en provincias que ya enfrentan situaciones de estrés hídrico.
En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), afirmó que la iniciativa “traslada la lógica del extractivismo a la era digital”, al garantizar a las corporaciones acceso privilegiado a bienes comunes como el agua y la energía sin suficientes resguardos ambientales.
Por su parte, Victoria Lichtschein, directora ejecutiva de la Fundación Biodiversidad Argentina, sostuvo que las medidas “incentivan las grandes inversiones con fines extractivos sin garantizar la protección del medio ambiente” ni el bienestar de las comunidades.
Debate por la responsabilidad de los sistemas de IA
Otro de los aspectos que genera controversia es la reforma de la Ley General de Sociedades incluida en el proyecto.
Según las organizaciones, la propuesta habilitaría el reconocimiento de entidades operadas mediante inteligencia artificial como personas jurídicas con responsabilidad limitada.
Desde la sociedad civil calificaron este esquema como un experimento jurídico sin antecedentes a nivel global y advirtieron sobre los desafíos que podría generar en materia de responsabilidad ante eventuales daños civiles o ambientales.
Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de Géneras, afirmó que el proyecto constituye “un cheque en blanco con una delegación inconstitucional de facultades que garantiza un marco de impunidad fiscal, energética y legal para grandes empresas”.
En la misma línea, Federico Pellegrino, director ejecutivo de Latam Lab, sostuvo que avanzar con la norma implicaría “la entrega de los recursos naturales de Argentina y la renuncia del país a darse un modelo de desarrollo”.
Un modelo de IA bajo debate
El proyecto se discute en un contexto internacional en el que distintos países avanzan en regulaciones para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.
Según las organizaciones, mientras otras jurisdicciones debaten mayores controles sobre las grandes tecnológicas, la iniciativa argentina avanzaría en sentido contrario al limitar la capacidad de supervisión estatal durante tres décadas.
Matías Bianchi, director ejecutivo de Asuntos del Sur, consideró que el país corre el riesgo de transformarse en un territorio de experimentación que “ofrece territorio, recursos naturales e infraestructura sin pedir nada a cambio”, una situación que comparó con la de un “país bananero”.
En tanto, esta semana, António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas pidió a las grandes empresas tecnológicas que informen públicamente el consumo de energía, agua y las emisiones asociadas a sus sistemas de IA.
Además, propuso que los centros de datos funcionen con energías renovables para 2030. “Si la IA quiere ayudar a construir un futuro mejor, debe ser honesta sobre lo que nos cuesta ahora”, sostuvo durante la Semana de la Acción Climática realizada en Londres.
Las declaraciones llegan en momentos en que crece el debate global sobre el impacto ambiental de los grandes centros de datos que alimentan la inteligencia artificial.
