Más de mil científicos cuestionan el Súper RIGI por sus riesgos ambientales y tecnológicos
Una carta abierta dirigida al Senado cuestiona los beneficios fiscales y la estabilidad regulatoria previstos para grandes inversiones tecnológicas. Qué impacto podría tener en la soberanía tecnológica.
Más de mil académicos, científicos, investigadores y referentes del sector tecnológico de distintas provincias expresaron su preocupación por el proyecto conocido como “Súper RIGI”, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y está en tratamiento en comisiones del Senado.
A través de una carta abierta dirigida a las senadoras y los senadores de la Nación, los firmantes cuestionaron el régimen de incentivos previsto para grandes inversiones tecnológicas y advirtieron que podría otorgar beneficios fiscales, estabilidad regulatoria durante varias décadas y un esquema de protección jurídica excepcional a grandes corporaciones internacionales, sin establecer, según sostienen, contraprestaciones suficientes en materia de empleo local, transferencia tecnológica o desarrollo nacional.
En el documento, los académicos señalan que el proyecto representa “la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera”. También expresan preocupación por la posible articulación de esta iniciativa con otra propuesta en debate que plantea reconocer personalidad jurídica a entidades operadas íntegramente por inteligencia artificial.
Según los firmantes, ambas iniciativas podrían generar un marco legal con amplios privilegios para grandes empresas tecnológicas y mecanismos insuficientes de control democrático y asignación de responsabilidades.
Cuestionamientos a los beneficios fiscales
La carta también pone el foco en los incentivos impositivos contemplados por el proyecto. Los autores sostienen que la evidencia internacional indica que las exenciones fiscales no son el principal factor que determina dónde se instalan los centros de datos.
En ese sentido, plantean la necesidad de evaluar qué beneficios concretos recibiría el país a cambio de las ventajas otorgadas a las grandes inversiones tecnológicas.
Otro de los puntos centrales del documento es el impacto ambiental que podrían generar las infraestructuras de gran escala asociadas al desarrollo de inteligencia artificial.
Los firmantes advierten que los centros de datos requieren grandes cantidades de energía eléctrica y agua y reclaman regulaciones estrictas sobre el uso de los recursos naturales y las emisiones de carbono, especialmente frente al escenario de crisis climática y estrés hídrico.
Por qué impactaría en la soberanía tecnológica
Los académicos también cuestionan que el proyecto pueda limitar la capacidad futura del Estado para regular sectores considerados estratégicos. Según plantean, la cesión de competencias regulatorias podría condicionar durante décadas las decisiones de futuras administraciones.
La carta además contrapone los beneficios propuestos para grandes empresas tecnológicas internacionales con la situación actual del sistema científico argentino. En ese punto, los firmantes advierten sobre el desfinanciamiento del CONICET, la reducción de recursos destinados a las universidades y la pérdida de capital humano especializado.
Para los autores, ese escenario debilita las posibilidades de desarrollar una estrategia tecnológica nacional basada en capacidades propias.
Cabe destacar que, según una encuesta difundida por la consultora Zubán Córdoba, el 81,8% de los encuestados estuvo de acuerdo con que “los recursos naturales estratégicos (litio, tierras, agua) deben quedar mayoritariamente en manos de argentinos”. A su vez, el 74,1% consideró que “es más importante proteger la producción y la industria nacional”, mientras que el 65,3% afirmó que priorizaría su voto a una propuesta más nacionalista o soberanista en temas vinculados con tierras, recursos naturales y relaciones internacionales.
Qué plantean los científicos
La carta sostiene que la Argentina necesita atraer inversiones y desarrollar nuevas tecnologías, pero plantea que ese objetivo debería alcanzarse sin resignar de manera permanente las herramientas regulatorias del Estado.
Los firmantes llaman a analizar el proyecto teniendo en cuenta sus efectos de largo plazo sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del país para definir su modelo de desarrollo.
La misiva fue firmada por docentes, investigadores y miembros de universidades nacionales de distintas regiones del país, entre ellas la UBA, UNLP, UNR, UNL, UNC, UNRC, UNCuyo, UNSJ, UNSa, UNJu, UNRN, UNCo, UNER, UNTDF, UNSE y UNSL, además de universidades del conurbano bonaerense como UNQ, UNSAM, UNAHUR, UNM, UNDAV, UNNOBA, UNLa y UNTREF, y la Universidad Tecnológica Nacional.
También adhirieron investigadores y miembros de organismos científicos y tecnológicos como el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y FLACSO, entre otras instituciones.
