La Comisión Europea propuso una reforma integral de las reglas de contratación pública del bloque para simplificar los procesos, reducir la burocracia y dar mayor peso a criterios ambientales, sociales, de innovación, seguridad y resiliencia.
La iniciativa busca modificar un mercado que representa alrededor del 15% del PBI de la Unión Europea y, según la Comisión, podría generar ahorros administrativos anuales de unos 650 millones de euros.
La propuesta, presentada el 9 de septiembre, reemplazaría las tres directivas europeas actuales sobre contratación pública por un único reglamento directamente aplicable. También reduciría de cinco a tres los procedimientos existentes y permitiría una mayor flexibilidad para negociar con los oferentes durante los procesos de contratación.
Uno de los cambios centrales está relacionado con la forma de evaluar las ofertas. La Comisión propone que la relación entre precio y calidad —Best Price-Quality Ratio (BPQR)— sea el método estándar de adjudicación. Los criterios vinculados con la calidad deberían representar al menos el 30% de la evaluación, y el porcentaje subiría al 50% en contratos intensivos en mano de obra, aunque las autoridades podrían apartarse de ese criterio si justifican cómo garantizarán la calidad.
Esto significa que, además del precio, las autoridades públicas deberán considerar aspectos como el desempeño ambiental, las condiciones sociales, la innovación, la seguridad y la resiliencia. La propuesta también incorpora consideraciones vinculadas con una “preferencia europea”.
Qué puede cambiar para las empresas de América Latina
El cambio puede ser relevante para empresas latinoamericanas que quieran participar de licitaciones públicas en Europa, aunque el impacto dependerá de cada contrato, del sector y de las condiciones de acceso establecidas en los acuerdos comerciales.
En el caso del Mercosur, existe un vínculo especialmente relevante: el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay incluye un capítulo específico sobre contratación pública. El Acuerdo Comercial Interino UE-Mercosur comenzó a aplicarse provisionalmente el 1 de mayo de 2026 y contempla un acceso recíproco y no discriminatorio a determinados mercados de compras públicas.
El acuerdo establece compromisos de acceso a contrataciones públicas tanto de la Unión Europea como de los países del Mercosur, aunque con coberturas, entidades y excepciones específicas detalladas en sus anexos. En el caso argentino, por ejemplo, el acuerdo contempla la cobertura de determinadas contrataciones del Gobierno federal.
Por eso, una empresa argentina o de otro país del Mercosur que busque participar de una licitación europea no quedaría automáticamente habilitada para competir en cualquier contrato público. Primero deberá verificarse si la contratación está comprendida dentro de los compromisos de acceso asumidos por ambas partes y si cumple las condiciones establecidas en el acuerdo.
Más peso para los criterios ambientales
La modificación europea puede tener una consecuencia adicional para los proveedores extranjeros: el precio dejará de ser, en principio, el único elemento central para competir.
La propuesta plantea que las autoridades puedan valorar de manera sistemática cuestiones ambientales, sociales, de innovación, seguridad y resiliencia. Para empresas latinoamericanas que aspiren a ingresar a ese mercado, esto podría aumentar la importancia de demostrar características vinculadas con sostenibilidad, trazabilidad, estándares laborales, eficiencia y capacidad de garantizar el suministro.
No se trata, sin embargo, de una nueva obligación que entre automáticamente en vigor para todas las empresas del Mercosur. La propuesta todavía debe ser negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su adopción y entrada en vigor.
La Comisión también propone crear un mercado digital integrado que conecte las plataformas de contratación electrónica de los Estados miembros.
El objetivo es que las empresas puedan participar en procedimientos de distintos países utilizando cualquiera de las plataformas conectadas y bajo el principio de “una sola vez”, para evitar que tengan que presentar reiteradamente la misma información y documentación.
Para los proveedores extranjeros, una herramienta de este tipo podría facilitar la identificación y participación en oportunidades de contratación pública, aunque el acceso concreto seguirá dependiendo de las reglas aplicables a cada licitación y de los compromisos internacionales de la Unión Europea.