La minera Livent secó un río en Catamarca y quedó impune mientras se multiplican permisos para explotar en la zona

El litio es un metal muy ligero, de color blanco plata, que guarda una característica que lo vuelve muy codiciado para la industria: su capacidad de almacenar mucha electricidad por más tiempo, con el plus de brindar una carga rápida. Esto lo convirtió en un componente indispensable de celulares, computadoras y muchos otros dispositivos portátiles. En especial, de las baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. De ahí que muchos lo consideran un aliado de la llamada “transición energética”.

A medida que su demanda creció, el interés mundial comenzó a concentrarse en el Triángulo del Litio, la región que comparten Bolivia, Argentina y Chile y que alberga las mayores reservas conocidas de este mineral.

En nuestro país, el debate sobre el potencial de su explotación para impulsar la economía lleva más de una década. Al día de hoy, el Gobierno celebra que los proyectos acogidos al RIGI acumulen más de US$6.300 millones en inversiones comprometidas para Catamarca, Salta y Jujuy, presentando esos montos como sinónimo de desarrollo, aunque la realidad sea mucho más compleja.

Economía Sustentable habló con vecinos de Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, donde desde 1997 funciona el primer proyecto de extracción de litio del país, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. A partir de sus relatos, reconstruimos los impactos que la actividad tiene sobre las comunidades y el ambiente. Son historias que reflejan lo que Melisa Argento y Bruno Fornillo describen como un “colonialismo minero, hídrico y energético que crea o recrea cuerpos-territorios de sacrificio”, según plantean en el libro Todo sobre el litio, recientemente publicado por la Editorial Siglo XXI.

La minera, el río que hicieron desaparecer y el progreso ¿para cuándo?

A fines de 1997, Minera del Altiplano S.A (que a través de los años pasará a llamarse Livent; Arcadium Lithium y, actualmente, Río Tinto) inauguró el proyecto Fénix sobre el Salar del Hombre Muerto. Instalaron una planta de carbonato y cloruro de litio, con una producción anual promedio de 16.500 toneladas para exportar a sus plantas matrices en Estados Unidos y China. Desde entonces, se utilizan un promedio de 650.000 metros cúbicos de agua por hora, todos los días, en una región donde el balance hídrico natural ya es negativo de por sí.

Porque el proyecto funciona en un ecosistema muy delicado: un humedal altoandino a 4000 metros sobre el nivel del mar (CABA está a 25 msnm); ocupado por el salar, varias lagunas salinas y extensos y bellos terrenos bajos inundables y muy fértiles (llamados vegas). Por sobre todo, es el hogar del pueblo kolla-atacameño, que cría ovejas y llamas y produce lanas y tejidos.

En este ambiente, la minería significó una presión extra inmensa y, por eso, “Con Livent empezaron los problemas”, recuerda Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Atacameña del Altiplano del Salar del Hombre Muerto. “Secaron el río Trapiche y 11 km de vega por desviación de aguas”.

Ante esta tragedia evitable, el pueblo presentó un amparo que salió a favor pero que, un año después, la Justicia revocó. Es decir que si bien la Corte Suprema de Catamarca constató el daño y frenó la expansión de la empresa hacia el arroyo Los Patos, en marzo de este año dio marcha atrás. De manera que permitió al Gobierno retomar la entrega de permisos mineros.

Perder el río Trapiche fue el primer impacto que sufrieron los atacameños, pero no el único. Como relata para Agencia Tierra Viva Camilo Condorí, otro de los vecinos afectados, a quien le instalaron la planta a unos 1000 metros de su casa, le cortaron sus tierras a la mitad con un camino minero y le pusieron candado a la tranquera que conecta con la casa de su familia. Al final, Camilo terminó teniendo que pedirle permiso a la empresa para visitar a su madre.

“Pedimos ser escuchados y respetados pero estamos peor porque cada vez hay más vehículos, más movimiento de caminos, más movimientos de los brazos de los ríos que se desvían para conveniencia de ellos”, lamenta Mamani. “Y a pesar de todo lo que sufrimos, no hay una retribución al pueblo. Se han hecho pequeñas cosas pero nada real para las futuras generaciones”.

Por su parte, Argento suma como ejemplo que “las empresas cuentan con mega obras de infraestructuras como un gasoducto desde las plantas en medio del salar y hasta la provincia de Salta, mientras las comunidades indígenas que habitan en el territorio no disponen de gas natural”.

Después de tres décadas, todo indica que la calidad de vida del pueblo no mejoró: el hospital local está sin terminar, hay una planta fotovoltaica en desuso, los servicios básicos son impagables, no hay para calefaccionarse en el invierno, ni suficiente comida en las escuelas.

Aunque desde el sitio de Catamarca Minera anuncian que “la consulta y la participación pública de las comunidades demuestran transparencia y veracidad en la actividad”, Mamani manifiesta que: “Estos últimos años el gobierno ha hecho entregas sin conciencia, sin hablar con la comunidad, sobre todo en el Salar del Hombre Muerto y un poco más allá donde van a explotar ahora oro, cobre y plata”.
Y Argento confirma que “el avance de la minería de litio ha sido acelerado y que ya hay 8 proyectos en distintas etapas, entre los límites de Catamarca y Salta. ¿Qué se puede esperar a futuro?

Una actividad que exporta ganancias y reproduce desigualdad: ¿un nuevo colonialismo minero?

En conversación con Economía Sustentable, la politóloga Melisa Argento amplía la visión y resalta que, en sus inicios, el proyecto Fénix se dio a la par que la minería metálica con voladura de montaña en La Alumbrera, “configurando un perfil provincial minero cuyos resultados están a la vista”. En la actualidad, a pesar que la minería genera 20% del empleo privado registrado, “Catamarca es una de las provincias más pobres del país”.

Esto ocurre porque “el marco normativo nacional y la ingeniería jurídica internacional garantizan todos los márgenes de ganancia y autonomía a las grandes corporaciones”, explica la especialista. Y agrega “El extractivismo del litio en nuestro país se sustenta bajo slogans y expectativas en torno a la “transición energética” pero, en realidad, profundiza nuestro lugar subordinado y dependiente”

De esta manera, lo que ocurre en el Salar del Hombre Muerto “es un claro reflejo de la ofensiva extractivista de todos los minerales definidos como críticos que se realiza mediante apropiación de territorios y bienes comunes en América Latina”, explica Argento y agrega que es parte de lo que definen con Fornillo en “Todo sobre el litio” como un nuevo colonialismo minero hídrico energético,.

Esta arremetida, además, se ve exacerbada “por el avance de los gobierno de extrema derecha en la región, por la pugna geopolítica entre EEUU y China y por la crisis ecosocial y especialmente energética en la que se encuentra nuestro planeta”.
En consecuencia, quienes pierden son los pobladores y el ambiente porque bajo “la ideología del auto eléctrico se niegan los saberes, usos y costumbres de una población que cuida, nutre y habita este salar, siendo parte de él”, puntualiza Argento.

Mientras tanto, a 597 kilómetros de San Fernando del Valle continúa dándose una “pelea desigual en la que “el gobierno lucha con armas y nosotros con el corazón”, como describe Patricia Reynoso, docente jubilada y ex vecina de Antofagasta consultada por este medio, quien debió mudarse tras ser perseguida por el gobierno tras muchos años de activismo.

Quizás todo se reduzca a lo que, como dice Elizabeth Mamani: “No quieren invertir en el pueblo porque no les conviene. Somos 1500 habitantes y eso no le suma en votos. Aún así, de acá sale la mayor riqueza para el país y el mundo”.