Atanor, perteneciente al grupo estadounidense Albaugh, se define como una empresa que ofrece “soluciones que protegen los cultivos que alimentan al mundo”. En el caso particular de su sede argentina, esto se traduce en que es la principal productora del país de herbicidas. Atanor, principal productora de herbicidas del país, acumula antecedentes por contaminación y episodios críticos en su planta de San Nicolás, incluyendo una explosión en 2024 que liberó químicos tóxicos en barrios cercanos Sus plaguicidas estrella son el glifosato, la atrazina y el 2,4-D, muy requeridos por la agricultura industrial vernácula para controlar malezas en los cultivos. La producción se divide entre sus dos plantas ubicadas en las localidades bonaerenses de Pilar y San Nicolás, y una tercera en Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Vale resaltar que estos mismos productos tienen su uso limitado en varios países de Europa, Latinoamérica y Asia, debido a sus impactos ambientales y sus potenciales riesgos para la salud humana. La empresa sostiene que su modelo de negocios global busca un “crecimiento sustentable” y que entiende que “la salud y el bienestar de las personas, las comunidades y de nuestro planeta dependen de las elecciones que hacemos como compañía”, según se lee en su Reporte de Sustentabilidad 2024. Sin embargo, cuando se miran en detalle los incidentes que involucran a su planta ubicada a orillas del Río Paraná, los antecedentes judiciales y las denuncias por contaminación se acumulan y empiezan a hacer mucho ruido. Entre las evidencias irrefutables están la explosión ocurrida en 2024, que esparció atrazina y otros químicos contaminantes en los barrios linderos a la planta; la clausura que recayó en 2016 por el riesgo que significaba para los habitantes la producción de esas sustancias tóxicas; la ampliación en 2019 sin los permisos correspondientes y la sentencia judicial por contaminar y causar daños severos a la salud, de 2023. Así, todo indicaría que el accionar de la firma se aleja de ser “responsable con su actividad” y de “generar resultados positivos para las comunidades” en las que opera, como pregona. Pese a dejar de producir atrazina, investigaciones y controles detectaron vertidos contaminantes en el entorno del Río Paraná y presencia de plaguicidas en cursos de agua vinculados a su actividad Cronología peligrosa: la explosión que dispersó agroquímicos por el aire En la madrugada del miércoles 20 de marzo de 2024, en la planta de San Nicolás estalló la tapa de un reactor, afectado en ese momento a un proceso de elaboración química de atrazina. Como consecuencia, una nube tóxica se extendió por los barrios aledaños a la empresa y un operador de la compañía resultó herido de gravedad. Según el comunicado oficial, publicado por el diario La Nación, los bomberos de San Nicolás y Ramallo “prontamente pudieron controlar el foco”. En tanto, la empresa se abocó a tareas de limpieza de la planta e inmediaciones junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en la atención de emergencias tecnológicas. Esta versión no incluyó en su relato el miedo que sintieron quienes habitan el Barrio Química, el más cercano a la planta. Tampoco se dio cuenta de los ojos y las gargantas que empezaron a escocer por estar inhalando aire contaminado, con algo que -luego supieron- se llama cianurilo, un ácido que se utiliza en los productos que la compañía comercializa. Es cierto que los vecinos y vecinas se alarmaron, pero no se sorprendieron. Ya en 2016, a pocos meses de que la fábrica reabriera sin ningún tipo de control tras haber sido clausurada, hubo un incendio similar. Greenpeace fue de los primeros en hacerse eco de este caso. “Desde las primeras horas tras la explosión estuvimos ahí, acompañando a los vecinos, para documentar y exigir solución”, recuerda Diego Salas, director de programas de la ONG en Argentina. Luego, realizaron análisis en los barrios cercanos, que arrojaron resultados contundentes que confirmaron la existencia de atrazina y otros químicos contaminantes. Vecinos y especialistas advierten que los daños persisten en el ambiente y podrían afectar fuentes de agua como el Acuífero Puelche, incluso después del cierre de operaciones A pesar de estas pruebas concretas y de reclamos judiciales de los damnificados, siguen sin conocerse las causas detrás del incidente y no hubo dictamen sobre quiénes fueron responsables. Atanor dejó de producir atrazina, pero persiste la contaminación en el río Paraná Tras la explosión, Atanor no tuvo mayores problemas en conseguir el Certificado de Aptitud Ambiental y continuar entregando al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) los avances del Plan de Gestión Ambiental para seguir operando. Pero lo que la contaminación sobre el Barrio Química no logró cuestionar, sí lo hizo una inspección realizada por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) en julio de 2025. Fue entonces cuando se detectó una bomba sumergida que evacuaba líquidos contaminantes al suelo natural dentro del predio de la empresa. Este sector se encuentra a metros de la barranca del río Paraná, por lo que la descarga podría representar un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica. La irregularidad llevó al cierre de sus operaciones en la ciudad aunque Atanor dijo que las razones de este cambio en sus operaciones fueron la búsqueda de “optimizar la competitividad y la eficiencia”. Tiempo después, las pruebas del mal accionar de Atanor siguen apareciendo. En octubre del año pasado, otro estudio reveló la presencia de plaguicidas altamente tóxicos y prohibidos en el Arroyo Yaguarón, uno de los brazos del Río Paraná, el mismo que recibió durante años los efluentes de su producción. Como señala Fabián Maggi, representante legal de FOMEA y de vecinos de San Nicolás: “Aunque la planta industrial ya fue clausurada, los residuos tóxicos que generó Atanor siguen presentes en el ambiente. Tanto el Río Paraná como el Acuífero Puelche se utilizan para abastecer de agua potable a la población. La comunidad de San Nicolás continúa pagando las consecuencias de una contaminación que no se borra con el cierre de la producción de la empresa química”.
Mariela Castro
Mariela Castro