¿Qué tipo de alimentos reciben los chicos y chicas de las escuelas públicas? La provincia de Entre Ríos, cuyo gobernador es Rogelio Frigerio, modificó el esquema de compras y distribución de alimentos para las escuelas públicas con la privatización del servicio.
- La Justicia de Entre Ríos suspendió la entrega de alimentos de la empresa Teknofood en escuelas públicas por contener sellos de la Ley de Etiquetado Frontal
- La demanda fue impulsada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y la Fundación CAUCE con el respaldo de más de 1400 firmas de familias
- El juez Juan Francisco Malvasio intimó a la provincia a exhibir los informes nutricionales y de impacto social que justificaron la privatización del servicio alimentario.
Los alimentos frescos adquiridos de manera descentralizada por los consejos escolares fueron reemplazados por bandejas preparadas con alimentos multiprocesados de la empresa Teknofood, la ganadora de una licitación millonaria y cuestionada en la justicia por la cantidad de octógonos de los alimentos que orece.
Por imperio de una medida cautelar presentada por un amplio número de familias, sumado a la representación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación CAUCE, el juez Juan Francisco Malvasio suspendió la distribución de alimentos de la empresa Teknofood y habilitó la posibilidad de incorporar damnificados dentro de la demanda colectiva. Para el comienzo de esta semana, ya se habían reunido más de 1400 adhesiones contra los alimentos con sellos.
“En ningún momento se fundamentó lo que tiene que ver con la calidad de los productos. No son alimentos, sino productos. Los nutricionistas que nosotros convocamos nos dicen que lo que ofrece esta empresa no responde a los contenidos proteicos servidos habitualmente en los comedores”, explicó Abel Antivero, secretario general de Agmer, en diálogo con Economía Sustentable.
La empresa Teknofood forma parte del Grupo Phrónesis, propiedad del empresario José Chediack, dedicado a los agronegocios, la construcción y las obras de infraestructura.
Qué alimentos de Teknofood prohibió la Justicia en Entre Ríos
La medida cautelar del juez Malvasio le ordenó tanto a la empresa como a las autoridades provinciales a que “se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos la asistencia alimentaria de marcas que contengan octógonos negro” (los octógonos negros), que establece la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable o popularmente conocida como etiquetado frontal”.
Para Antivero, el cambio de esquema en la distribución de alimentos de la provincia para las escuelas públicas fue la concreción de un negocio privado en detrimento de salud de los alumnos más vulnerables de Entre Ríos.
“Al mismo tiempo en que cambiaron en el sistema, el ministerio de Capital Humano amplió las partidas para los comedores de 22.0000 millones a 42.000 millones de pesos. Ese salto presupuestario podría haberse destinado al fortalecimiento de los comedores y la adquisición de mejores alimentos para la población estudiantil. Pero se hizo todo lo contrario”, denunció Antivero en diálogo con Economía Sustentable.
El cambio de sistema se formalizó el primero de agosto. Hasta el momento se realizaron dos pedidos de acceso a la información pública para conocer los motivos oficiales del cambio de esquema denunciado. Uno lo formuló el radical Rubén Pagliotto ni bien se dio a conocer la privatización del sistema, mientras que la semana pasada hubo una presentación de la ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna (Partido Justicialista).
“¿Cuál es la evidencia científica que respalda los parámetros nutricionales de Teknofood? Se le solicita a la provincia los informes técnicos, dictámenes profesionales, investigaciones y recomendaciones utilizados para definir los productos que serán provistos por Teknofood”, puede leerse en el pedido de informes de Osuna.
Por qué la Justicia frenó las viandas de Teknofood
El juzgado de primera instancia de Entre Ríos, a cargo de Malvasio, abrió una instancia para que toda persona con interés en la causa pueda presentarse en el marco del amparo colectivo presentado por la Fundación CAUCE y Agmer. La comunidad educativa había organizado un esquema de junta de adhesiones a través de un sistema online. Luego de reunir 540 firmas, el formulario desapareció de las redes.
A pesar de este infortunio, pudieron reunirse 1400 adhesiones una vez relanzado el esquema de adhesiones online.
La provincia apeló la medida cautelar, mientras que la empresa emitió un comunicado para defender las bandejas que ofrece. “Mientras estas discusiones se sostienen sin evidencia concreta ni un análisis responsable de una cuestión tan sensible, miles de niños continúan expuestos a desigualdades que no deberían existir. Todo niño tiene derecho a comenzar su jornada escolar bien nutrido”, indicaron desde Teknofood.
Ese es el centro de la cuestión que deberá definirse en el juzgado de primera instancia. ¿Qué tipo de alimentos presenta la empresa propiedad del Grupo Phrónesis?
“El cuestionamiento central apunta al tipo de alimentos que se distribuye, por considerar que existe normativa nacional, provincial y local que prohíbe entregar en las escuelas productos con al menos un sello de advertencia nutricional”, explicó Aldana Sasia, abogada en representación de las familias.
De acuerdo a la Fundación CAUCE, una de las organizaciones que integra el amparo colectivo, a partir de la resolución del juez Malvasio el Estado provincial debería presentar los menús completos del nuevo sistema, los rótulos, ingredientes, información nutricional y documentación sanitaria de cada producto, así como los informes técnicos, evaluaciones nutricionales y estudios que fundamentaron la decisión administrativa.
La medida judicial también le exige a la provincia lo siguiente:
- Acompañe los menús completos correspondientes al nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares discriminados por nivel educativo, franja etaria y modalidad institucional;
- Exhiba los rótulos vigentes, listado completo de ingredientes, tablas nutricionales, fichas técnicas, registros nacionales de productos alimenticios y demás constancias sanitarias correspondientes a cada uno de los productos incluidos en la nueva prestación alimentaria;
- Aporte los dictámenes profesionales, informes técnicos y evaluaciones nutricionales, sanitarias y de impacto social que se hayan realizado en forma previa a la toma de la decisión administrativa y que justificaron la selección de los productos.
- Acredite el cumplimiento de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sus normas reglamentarias, las Guías Alimentarias para la Población Argentina y los demás estándares constitucionales, convencionales y legales aplicables al derecho a la alimentación y salud infantil.
La Defensoría del Pueblo de Paraná se presentó ante la Justicia en calidad de Amicus Curiae (amigo del tribunal) con el fin de ofrecer argumentos técnicos, científicos y de derechos humanos que colaboren a dictar una sentencia definitiva sobre el asunto en cuestión.
“Las escuelas deben ser entornos protegidos frente a la agresiva industria de los productos ultraprocesados. La ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable no fue pensada como una simple regla de etiquetado comercial para las góndolas de un supermercado, sino como un verdadero imperativo ético del Estado”, argumentó el ombudsman de la ciudad de Paraná.